Jugar con fuego
Según la encuesta BGC-Excélsior, 58% de los mexicanos estima que el Ejército respeta los derechos humanos
Las funciones de las corporaciones policiales encargadas de la seguridad pública han sido parcialmente asumidas por las Fuerzas Armadas porque la corrupción e incapacidad de las primeras alcanzó tales niveles que, ya fuera de control, la delincuencia no sólo llevó a extremos nunca vistos el daño sistemático a la integridad y el patrimonio de las personas, sino además se convirtió en una amenaza a las instituciones del Estado. Para las Fuerzas Armadas respaldar o sustituir las funciones que deberían cumplir las policías representa costos muy altos, sobre todo porque no fueron preparadas para ellas y porque expone a sus tropas a dos riesgos evidentes: la infiltración del crimen organizado en sus filas, vía corrupción, o el reclutamiento de sus efectivos, como ha ocurrido con Los Zetas; y la posibilidad creciente de que los soldados destacados en forma ordinaria fuera de los cuarteles incurran en violaciones a los derechos humanos.
Hasta hoy, como muestra la oportuna encuesta de BGC-Excélsior publicada el lunes pasado, 58% de los mexicanos estima que el Ejército respeta los derechos humanos, lo que refleja el aprecio del que goza entre la población. Sin embargo, la encuesta también muestra que 36% de los entrevistados considera que sí cometen violaciones, eventuales o recurrentes, a los derechos humanos, lo cual no es extraño, pues los militares no están capacitados para estar en las calles cumpliendo estas funciones y, como suele ocurrir, cometen errores o abusos. No es difícil prever que, con el paso del tiempo, los errores y los excesos tiendan a ser mayores y más reiterados, lo cual dañará a las Fuerzas Armadas y, al final de cuentas, le restará eficacia a su intervención en estas tareas. Por ello debemos evitar que una medida extraordinaria, por definición temporal, adquiera carácter permanente.
En el fondo de la incompetencia policial y la amenaza del crimen organizado a las instituciones del Estado se encuentra la corrupción. Una corrupción, cabe subrayarlo, que involucra a muchas empresas que están vinculadas con el negocio del narcotráfico o, al menos, lo solapan y coexisten pasivamente con él. El reto, por lo tanto, es doble: construir y consolidar cuerpos de policías honrados y eficaces, y priorizar, por encima de la confrontación, el combate a los circuitos empresariales y financieros del narcotráfico. Establecer, en cambio, como se pretende, un marco legal permanente para la acción de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado significa regularizar su intervención en funciones que no deben asumir en una democracia, pues su exposición a la corrupción y el riesgo evidente de que incurran en mayores violaciones a los derechos humanos, acabarán inevitablemente por erosionar su capacidad y prestigio. Hacerlo es jugar con fuego.
* Socio consultor de Consultiva