Educación pública sin credibilidad
Poca gente ve hoy a la educación nacional como la constructora de la cohesión social y el aumento de la escolaridad como el modo honesto de ganarse la vida. Esos dos pilares constituyeron parte de la fuerza vital del Estado desde la fundación de la Secretaría de Educación Pública hasta mediados de los años 70.
De acuerdo con teóricos del neoinstitucionalismo, para ganar legitimidad, las instituciones políticas deben ser creíbles y eficaces con el fin de cumplir con las funciones que les encomiendan las leyes. Todos los actores políticos deben seguir las normas, reglas y rutinas que gobiernan a las instituciones. Éstas, en teoría, deben proveer continuidad a la acción política del Estado con el propósito de proporcionar a la sociedad cierto grado de certidumbre cuando hay cambio de gobierno o aun de régimen.
En el México de hoy, parece que se desmorona la legitimidad del Estado. Si uno hace caso a las encuestas y a la opinión del “círculo rojo”, la credibilidad de las instituciones políticas es cada vez menor. Por ejemplo, la reputación de las instituciones reguladoras más importantes, las cámaras del Congreso, va en caída; hasta el Instituto Federal Electoral, que fue un establecimiento ejemplar, pierde prestigio día con día. ¿Y qué decir de la educación pública?
Cierto, no es por generación espontánea. El descrédito de la educación pública tiene décadas de fomentarse y se debe a diversas causas; pero en los gobiernos del PAN ha llegado al desdoro. Poca gente ve hoy a la educación nacional como la constructora de la cohesión social y el aumento de la escolaridad como el modo honesto de ganarse la vida. Esos dos pilares constituyeron parte de la fuerza vital del Estado desde la fundación de la Secretaría de Educación Pública hasta mediados de los años 70.
Los gobiernos del PRI dieron vida e hicieron crecer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación conforme a reglas del juego corporativas y antidemocráticas. Esa era la naturaleza del régimen de la Revolución Mexicana, que disfrutó de credibilidad por un largo periodo hasta que las aspiraciones por la democracia (y la globalización) arrinconaron su legitimidad. El sindicalismo corporativo era funcional al gobierno del PRI, era parte del Estado y éste regulaba su acción política. Aunque el régimen de la Revolución Mexicana entró en bancarrota, las instituciones de corte corporativo sobrevivieron y, algunas, como el SNTE, hasta se fortalecieron.
El gobierno de Vicente Fox, primero, y el de Felipe Calderón, después, cayeron en una trampa. Acaso esos presidentes pensaron que pactando nuevas reglas con la camarilla hegemónica del SNTE iban a lograr reformas en la educación, cuando lo que hicieron provocó que la gente descreyera más en sus bondades.
Además, los arreglos con esa camarilla, el presidente Calderón lo reconoció con cierto remordimiento, debilitaron más a otras dependencias del gobierno, como el ISSSTE y la Lotería Nacional. Según él, al ofrecer posiciones a la señora Gordillo para que las repartiera entre sus fieles (que algunos le resultaron respondones), no violó la ley. Puede que tenga razón, pero no fueron actos legítimos, fue en pago por favores electorales. Además, el Presidente se cuidó de mencionar que él, sin que hubiera adeudo previo con el gobierno de Fox, le entregó la regencia de la educación básica a la señora Gordillo, quien la depositó en su yerno, Fernando González Sánchez.
Los acuerdos de los gobiernos del PAN con el SNTE no trajeron reformas ni una administración más eficaz del sistema educativo; produjeron símbolos, retórica y ciertos cambios en las reglas del juego político que favorecen al sindicato y más a su grupo dirigente. El Compromiso Social por la Calidad de la Educación, que signó el presidente Fox (y un montón de actores políticos por él convocados) con la señora Gordillo fue un acto de escaparate. La Alianza por la Calidad de la Educación, el pacto Calderón-Gordillo, navega en la incredulidad e ineficacia.
A pesar del esfuerzo propagandístico por los cambios en la Carrera Magisterial, la Evaluación Universal de los Maestros o el Concurso para la Asignación de Plazas, la SEP no gana credibilidad. Por el contrario, pierde reconocimiento a causa de las transas y la opacidad. Esas acciones no serán legítimas si no se hacen más rigurosas y se institucionalizan. Sólo así el gobierno podría ofrecer certidumbre de que va más allá de un pacto con un grupo voraz.
Si no hay institucionalización (es decir, que se plasme en la ley), las acciones del pacto Calderón-Gordillo serán intrascendentes.
*Académico de la UAM