Bi & Di y las dudas sobre la certeza jurídica del turismo en QR

La historia de Bi & Di en Cancún es un ejemplo de cómo las autoridades mexicanas pueden cambiar las reglas del juego a los inversionistas, provocándoles un descalabro debido a la falta de certeza jurídica.

A finales del sexenio pasado, esta empresa de capital italiano adquirió al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dos terrenos en Playa Delfines, enfrente de las llamadas Ruinas del Rey, el único sitio arqueológico que hay en esa isla.

Su idea era construir un condominio, aunque la empresa no realizó inmediatamente el due diligence, para obtener en el menor tiempo todos los permisos de construcción necesarios.

El problema fue que cuando lo hizo, y no obstante que la institución que ahora dirige Adriana Pérez Quesnel reconocía el uso del suelo para el proyecto, y que el municipio había avalado como viable, a la última hora cambió de opinión.

Dada la presión popular debido a que se utilizaría la playa pública más popular de Cancún, Francisco Alor, entonces presidente municipal, decidió no darle el pactado uso de suelo.

La decisión se ha ido postergando y ninguno de los presidentes municipales que lo han precedido, Greg Sánchez, Jaime Hernández y ahora Julián Ricalde, han modificado el uso del suelo.

Actualmente este último ha sido más receptivo al tema, en primer lugar porque no afectaría propiamente el acceso a la playa pública, y en segundo porque los inversionistas tienen razón.

De hecho, estos últimos han recurrido a la búsqueda del apoyo de su país y la embajada de Italia en México ha hecho gestiones de alto nivel, para que les reconozcan sus derechos.

Pérez Quesnel acepta que ya han sido librados todos los obstáculos y que incluso hay una valoración hecha por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que dirige Alfonso de María y Campos, en donde aprueba el inicio de la construcción.

De hecho, este organismo hizo varios estudios y llegó a la conclusión de que en esos terrenos no puede haber más ruinas mayas y su única condicionante fue que durante la obra se contrate a un arqueólogo para que atienda el hallazgo eventual de vasijas u otras piezas de valor histórico.

Juan Carlos González, secretario de Turismo de Quintana Roo, también ha hecho esfuerzos para negociar con la presidencia municipal de Cancún-Benito Juárez, por lo que se espera una posición favorable del cabildo.

En realidad, ahora el gran tema es convencer a la opinión pública de Cancún de que no está en riesgo la playa pública y que la operación de compraventa se hizo conforme a derecho.

El riesgo de no resolverlo es abonar a la imagen de un país en donde no se cumple el Estado de derecho, algo muy delicado en un momento en donde sigue prevaleciendo en el mundo la escasez de capitales y de inversionistas.