Democracia sin instituciones

La democracia que el país y sus ciudadanos han construido da pruebas de ser un edificio resistente, a juzgar por los esfuerzos que partidos, líderes políticos y sindicatos empeñan en socavar instituciones con affaires —entre muchos—como el del ex director del ISSTE, Miguel Ángel Yunes, su antigua jefa política, Elba Esther Gordillo y los acuerdos de ésta con el presidente Calderón.

La celebración de los últimos comicios estatales sin mayores sobresaltos, ni denuncias de incidencias graves en las urnas, pero en contextos de catástrofes o en regiones con alta inseguridad, dan muestran del grado de aceptación que el voto conserva para premiar o castigar gobiernos. La rutina de los comicios, por fortuna, no se detiene, aunque se debilite al árbitro o los propios actores se encarguen de cuestionarlo. Con todo, la participación en las urnas se mantuvo en niveles similares a los de hace seis o 12 años y la desafección política está lejos de movimientos que hay en democracias consolidadas como algunas europeas. Son buenas noticias, que sin embargo la clase política desoye, paradójicamente por una extraña creencia de que la democracia lo aguanta todo, incluso sus boicots.

Los contextos de los comicios permitían albergar razonables expectativas de conflictos o de un mayor alejamiento de los ciudadanos. Pero la mecánica electoral se cumplió ahí en el Estado de México donde los gobernantes federales y locales exponen a los ciudadanos desde hace años a las inundaciones por el abandono de las obras de infraestructura; o en Coahuila o Nayarit donde la violencia, como en otras partes del país, mina la convivencia, las libertades y, por tanto, las bases de la democracia, como advierte la alta comisionada de las Naciones Unidas, Navi Pillay.

Como si los problemas de inseguridad o las tragedias sociales no fueran  suficiente amenaza para la credibilidad de las instituciones, se hace de la trasgresión de las reglas la forma eficiente de hacer política. No obstante, los votantes se sobreponen a eso y a la falta de resultados de la democracia, y lo que resulta más notable, optan por canalizar frustración en las urnas cuando responsables institucionales trabajan en derruirlas. Las últimas acusaciones del Ejecutivo contra los jueces, las revelaciones de la lideresa del magisterio, Elba Esther Gordillo sobre sus pactos con Calderón, o el uso del ISSSTE como botín político y “caja chica” para Nueva Alianza, e incluso detener la Reforma Política en el Congreso, son sólo algunos ejemplos de la instrumentación de las instituciones como ariete de la lucha política.

Las acusaciones que hizo Calderón sobre los jueces, no sólo por corrupción sino de estar en la nómina del crimen organizado, tendrían que ser una patada en el ánimo de ciudadanos a los que, a su vez, se les pide apoyo y comprensión en la cruenta lucha antidroga. No es que el Ejecutivo no deba señalar irregularidades de otros poderes, pero una acusación así tendría que acompañarse de una denuncia con nombres y pruebas porque, dejarlo en la generalidad y sin perseguir el delito, sólo aumenta la desconfianza en la justicia.

La sociedad ha dado muestras de indignación, por ejemplo con el Movimiento por la Paz, que en su origen desplegó una fuerte crítica a la clase política. Pero en vez de escuchar estos llamados y evitar que se lleguen a traducir en acciones anti sistema, la lucha política trae confesiones sobre prácticas corporativas que descalifican el esfuerzo ciudadano por resolver los conflictos en las urnas. Los ciudadanos siguen confiando en el voto, a pesar de la persistencia de viejas prácticas como el ofrecimiento de miles de sufragios del magisterio a cambio de prebendas.

El desdén por las instituciones es palmario en casos como el del ISSSTE, que por su naturaleza social tendría que generar la mayor indignación cuando son privatizados por intereses de camarilla. Que perdure el control político en un sindicato contra la libertad de elección de sus agremiados, es desalentador en nuestra joven democracia. Pero mucho más indignante que se sepa  del tráfico de recursos con las pensiones o los medicamentos de los trabajadores, sin que nada pase.

Sin duda, los primeros que creen que la democracia resiste son los que desestiman las consecuencias de la corrupción y el abuso de poder en la promoción de sus intereses. Sólo así se explica no solamente que no tengan límite para aprovechar la corrupción en las instituciones para financiar proyectos políticos, sino tampoco reparo en usarlas como ariete para atacarse entre ellos.

    *Analista político

   jbuendiah@gmail.com