Conciliador de Vitro se pone del lado de la empresa y el Ifecom podría secundarlo

- El 27 de junio concluyó el periodo para objetar la lista preliminar de acreedores de esa empresa. El juez está por emitir sentencia de reconocimiento.

Sobre el expediente de Vitro, el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom) no se ha pronunciado respecto a una solicitud de obtener medidas para terceras personas que no están sujetas al Concurso Mercantil.

La solicitud fue formulada por Javier Navarro, el conciliador designado por el Ifecom, no obstante que ya le fue negada a Vitro y que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil y del Trabajo está solicitando a ese organismo su posición.

El conciliador no puede ni debe litigar por una de las partes, en este caso el grupo que preside Adrián Sada. El Ifecom, que preside Griselda Nieblas, tiene la obligación de observar la mayor igualdad entre el deudor y acreedor.

Otorgar la medida sería, además de infundada, limitativa de los derechos de los acreedores para cobrar a las empresas obligadas a pagar conforme a la emisión de obligaciones. El conciliador incurre en una acción inconstitucional. Lo anterior en función de que se estarían otorgando beneficios procesales a quienes no están sujetos a concurso. Si buscan protección de la ley concursal, las subsidiarias deberán presentar su concurso para tener ese paraguas procesal.

El Ifecom no puede pronunciarse al respecto, ya que sólo es un auxiliar de la administración de justicia. De hacerlo, la justicia mexicana se exhibiría ante el extranjero, porque ya un juez norteamericano negó esas medidas. Lo que Navarro pretende es delicado: el conciliador puede incurrir en responsabilidades, lo mismo el propio Ifecom. Incluso hasta el juez está en esa tesitura si es que revoca las medidas que en su momento negó.

Listas a la vista

El lunes 27 de junio concluyó el periodo para objetar la lista preliminar de acreedores de Vitro. El juez está a la espera de que le entreguen la lista definitiva de créditos para emitir sentencia de reconocimiento. El juzgado la dictará cuando el susodicho conciliador presente la lista definitiva de créditos. El experto designado por el Ifecom también se encuentra obligado a pronunciarse respecto de las objeciones. Como es del conocimiento público, la lista de créditos provisional fue objetada por los fondos Aurelius y Elliott. Son varias las razones que fundamentan el rechazo de esos inversionistas, principalmente extranjeros. De entrada, se debe partir del reconocimiento de tener a los fondos como acreedores con privilegio especial por tener la garantía solidaria de pago de todas las empresas subsidiarias de Vitro, que dirige Hugo Lara.  Los créditos generados a favor de las filiales están subordinados al  pago total de los créditos de las emisiones de bonos y a los créditos de los bondholders. Por ello estos últimos tienen el privilegio especial de recuperar todo.

Filiales en jaque

Al estar subordinados los créditos de las intercompañías al de los tenedores de bonos, se encuentran impedidos de votar en el convenio, porque no pueden ser deudores y acreedores al mismo tiempo. Los créditos de las subsidiarias tampoco pueden votar porque no pueden reducir su propia deuda. Esto iría contra lo dispuesto en las emisiones de los bonos. Además, que el cumplimiento de contratos no puede dejarse al arbitrio de una de las partes. Permitir el voto de los créditos de las filiales implicaría dejar al arbitrio de éstas los términos y condiciones a través de los cuales se pretende cumplir con las obligaciones. Se afirma que los créditos intercompañías fueron objetados porque no existe evidencia o prueba que identifique los beneficios recibidos en Vitro, que preside Adrián Sada, por tan cuantiosas cantidades. De igual forma se asegura que tampoco se recibieron servicios, activos o dinero, sino que más bien se crearon esos créditos entre subsidiarias sin recibir prestación en contrario.

Fintech amigo

Los créditos de las subsidiarias fueron creados con motivo de una reestructuración corporativa, a virtud de la entrada de Fintech como fondo amigable que obtuvo beneficios desmedidos y que no se encontraban pactados originalmente. El crédito de Fintech, que controla el regiomontano David Martínez, además de que será impugnado por fraude de acreedores debido a los beneficios a los cuales no tenía derecho, fue objetado para que no se le reconozca como acreedor. En ese contexto se tiene la percepción en el ámbito de los profesionales jurídicos que no se ven sencillas las cosas para Vitro, ni mucho menos que pueda imponer un convenio como lo pretende.

Por si lo anterior no fuera suficiente, los beneficios del concurso no se pueden alcanzar porque existen las garantías de todas las subsidiarias y los tenedores de bonos tendrán el derecho a cobrar el ciento por ciento de su deuda. Se considera que el riesgo de no lograr un convenio concursal es incurrir en graves responsabilidades y de pagar la totalidad de los créditos sin lograr el objetivo que tanto promocionan Vitro y sus representantes legales. Después de recibidas las objeciones, el conciliador tiene 20 días para hacer la lista definitiva de acreedores y pronunciarse respecto de la misma, presentándola al juzgado, que ahora encabeza Sandra Elizabeth López. Será ella quien decidirá quién o quiénes son acreedores con derecho a voto y quiénes no, igual respecto a las demás inconformidades presentadas. Se cree que pudiera ser a principios del próximo mes de agosto.

Golpe al TEPJF

Con la novedad de que ahora es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el que está en la mira. No contento con ejercer un control del Instituto Federal Electoral (IFE) vía algunos consejeros afines, el gobierno federal se apresta a asestar un golpe en el TEPJF con vistas a colocar en esa estratégica posición a otro alfil. Estamos hablando de Constancio Carrasco, magistrado de la Sala Superior de ese mismo tribunal, funcionario que está siendo promovido desde las más altas esferas de Presidencia. Sus principales operadores son Roberto Gil Zuarth, secretario particular de Felipe Calderón, y Miguel Alessio, consejero jurídico también de Calderón. Se asegura que ambos buscan tirar a Maricarmen Alanís para allanar el camino a un elemento compatible de cara a las elecciones presidenciales de 2012. El golpe puede consumarse el próximo mes.

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