El fiscal sin pruebas
El combate efectivo a la corrupción exige, como punto de partida, plena consistencia, por encima de criterios selectivos o parciales.
Las relaciones entre los poderes públicos deben observar los principios de autonomía y colaboración. Cada uno tiene un ámbito de competencia propio y, al mismo tiempo, vasos comunicantes que vinculan a las tres funciones básicas del Estado. Esta interrelación, sin embargo, no debe vulnerar la necesaria separación entre las tres, ni el principio de legalidad. Y si bien es natural que existan diferencias y tensiones entre los poderes, la descalificación o la intromisión de un poder en la esfera de otro pone en riesgo el orden constitucional.
En distintos momentos el presidente Calderón ha cuestionado el desempeño de los otros poderes, como lo han hecho legisladores de la oposición respecto a su gestión. En ejercicio de sus funciones, también el Poder Judicial ha emitido resoluciones en las que han sido señaladas responsabilidades de funcionarios del Poder Ejecutivo. Esto no debe extrañar a nadie, pues forma parte del juego democrático, y expresa la independencia, antes impensable, entre unos y otros. Pero las más recientes afirmaciones del presidente sobre la presunta corrupción de los jueces y sus vínculos con el crimen organizado son, por decir lo menos, francamente delicadas, y nada tienen que ver con el sano ejercicio de la crítica en el marco de la pluralidad.
La corrupción en México es un problema endémico que, no obstante los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad y las reformas legales e institucionales realizadas en las últimas tres décadas, persiste como si se tratara de una desviación congénita, una distorsión cultural profundamente arraigada, una suerte de maldición de la que ningún remedio nos ha podido librar. Su resistencia a cualquier antídoto radica, en mi opinión, en que se encuentra incrustada en los procesos mismos de formación del poder público, es decir, en los arreglos tantas veces ilícitos para el arribo al poder que, inevitablemente, hacen de los representantes de ese poder verdaderos rehenes de los intereses a los cuales se deben.
Nadie podría, en abstracto, cuestionar a Calderón cuando manifiesta su enojo ante la corrupción. Pero el combate efectivo a la corrupción exige, como punto de partida, plena consistencia, por encima de criterios selectivos o parciales, y exige también apego al principio de legalidad. Si el Presidente sabe, como dijo, que hay jueces que “están en la nómina” del crimen organizado y sabe, incluso, “cuánto reciben”, está obligado a explicar cómo lo sabe y, desde luego, a probarlo. Para eso cuenta con muchos recursos institucionales. Pero nos dice que no puede probarlo y, con ello, se erige en fiscal sin pruebas que, fuera de la esfera de sus atribuciones, acusa a los jueces, en general, y rompe los más elementales principios de la relación entre los poderes en una democracia constitucional.
* Socio consultor de Consultiva