La agenda de las víctimas

Centrada en la urgencia de depurar los cuerpos policíacos locales, la agenda de seguridad del presidente Felipe Calderón pasó, en tan sólo una semana, a encender la alarma de un nuevo pendiente: la obligación ética de los poderes y los gobernantes de  humanizar el trato hacia las víctimas. 

Claro que el dedo sigue puesto en el renglón de la limpia de las corporaciones y los ministerios públicos para fortalecer el combate al crimen organizado. 

Pero el acento público,  y por lo tanto el eco mediático, esta vez se ha dejado sentir en el reconocimiento de una doble deuda: los muertos de la violencia merecen descansar en paz y sus victimarios, ahora guarecidos en la impunidad, deben rendir cuentas ante la justicia.

Tanto en sus entrevistas con diversos medios como en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en la inauguración del Laboratorio Central de Servicios Periciales de la PGR, Calderón asumió que es responsabilidad del Estado impulsar un proceso de identificación en dos vías: la de quienes han muerto en medio o alrededor de la violencia criminal, y la de quienes roban, extorsionan, secuestran y asesinan.

De ese modo ha hecho suyo el reclamo que recibió de los familiares de víctimas el 23 de junio, en la reunión que él mismo llama el Diálogo de Chapultepec.

Sería prematuro valorar ahora los resultados concretos de ese foro, pues las partes convinieron encontrarse de nueva cuenta antes de que septiembre concluya, a fin de  revisar el cumplimiento de las promesas.

 Y mientras el beneficio de la duda juega a favor del gobierno federal, en espera de acciones públicas y respuestas institucionales, el éxito político del discurso de Javier Sicilia resulta incuestionable, si nos atenemos a las palabras presidenciales de los últimos nueve días. 

Entonces, el escritor le dijo: “Vea bien nuestros rostros. ¿Le parece que somos, el uno por ciento de los muertos? En su calidad de representante del Estado, señor Presidente, está obligado a pedir perdón a la nación, en particular a las víctimas”.

 Una semana después, el jueves 30 de junio, Calderón dirigiéndose a los gobernadores y al jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard,  habló de vencer el anonimato y preservar la memoria de los muertos.

 Y definió: “Es indispensable no sólo identificar a las víctimas del crimen, sino también investigar cada homicidio, cada desaparición y que no paremos hasta encontrar a los culpables y llevarlos ante la justicia”.

El Presidente fue más allá al condicionar —¿o resignificar?— los propósitos de su estrategia de seguridad, con el cumplimiento de las demandas del movimiento que Sicilia encabeza: “Mientras no brindemos a cada víctima la paz que sólo la justicia puede dar, nuestro país será lastimado por heridas que no pueden cerrarse”.

¿Es un giro retórico, un recurso de presión política o un cambio auténtico sembrado en la conciencia?

Ya tendremos oportunidad de responder cuando se cumpla el primer plazo de gracia.

Por ahora, tenemos a un Calderón que dice asumir “el desafío” de entender que hay un deber de identificar a esas víctimas “hayan sido jóvenes reclutados por la criminalidad” o víctimas inocentes.

El matiz no es menor para un gobernante que pasó cuatro años equiparando la descomposición social con las fosas comunes de cadáveres, en su mayoría sicarios menores de 25 años, cuyos cuerpos nadie buscaba.

Pero el brinco con asomos de salto, así sea meramente discursivo, podría ser al vacío, un flanco abierto más, si estas declaraciones presidenciales no se traducen en políticas públicas prioritarias en el quehacer del gabinete de seguridad.

De inmediato, la agenda gubernamental ya tiene el emergente encargo de hacer cumplir, del lado de la procuradora general Marisela Morales, el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, y desde la ventanilla de Bucareli, con el secretario José Francisco Blake Mora, la difícil tarea de construir la confianza política con Sicilia y los suyos.

Es en la solución de los compromisos pactados donde habrá de probarse la capacidad política de un gabinete de seguridad que tendrá que diseñar salidas en medio de la insuficiencia institucional, ese déficit  ampliamente documentado.

Porque el consuelo discursivo no será suficiente a la hora de la rendición de cuentas.

Tampoco basta con el cambio de agenda del Presidente, quien apenas ayer emprendió el todavía solitario intento de ampliar hasta los jueces la exigencia social de poner fin a la impunidad, es decir, de tomar la parte correspondiente en la identificación de los victimarios.

Y falta aún el mayor pendiente: colocar la agenda de la seguridad en la competencia electoral presidencial que viene.

El giro de Calderón —por el momento retórico— con la mirada puesta en las víctimas también facilita ese tránsito sexenal al humanizar un tema que hasta ahora era sinónimo de costos.