¿Tiene sentido elaborar y publicar tanto documento?
¿Acaso es lo electoral el indicador supremo para juzgar cualquier recomendación del FMI, el Banco Mundial y la OCDE?
Una vez más, como cada abril y debido a mis limitaciones visuales, debo imprimir los documentos publicados por el FMI, el Banco Mundial y la OCDE que dan cuenta de la situación económica mundial; en algún caso, como el del Banco Mundial, la publicación está dedicada a un tema que si bien pudiere no ser estrictamente económico, sus efectos se dejan sentir en esa esfera.
Esta vez no fue la excepción; el FMI dio a conocer —previamente a la Reunión— los tres documentos que conforman un paquete de lectura obligada para todo interesado en la situación económica mundial y las perspectivas para los próximos años.
Dichos documentos son: World Economic Outlook, Global Financial Stability Report y el Fiscal Monitor.
Por su parte, el Banco Mundial hizo público el World Development Report 2011 dedicado, esta vez, a un tema cuyos efectos tendemos aquí a minimizar. El subtítulo de este documento es, por decir lo menos, sugerente: Conflict, Security and Development.
La lectura del Overview y de los dos capítulos de la Parte 1 —Repeated Violence Threatens Development y Vulnerability to Violence—bastan para darnos cuenta de que el machismo barato que parece caracterizar hoy el discurso del presidente Calderón y de algunos de sus más cercanos, no pasa de ser la típica bravata de cantina mas no una eficaz política de Estado y por lo tanto, inútil y quizás contraproducente.
Los documentos de ambas organizaciones multilaterales son, debe decirse, la fuente más objetiva en cuanto a la realidad económica que enfrenta el mundo.
Su lectura o mejor dicho, su análisis cuidadoso, es tarea obligada de los interesados en la cosa pública; no sólo de los funcionarios que se desempeñan en las áreas relevantes en materia económica sino también de los legisladores.
Año con año, después de miles de documentos elaborados por especialistas de las tres organizaciones —FMI, Banco Mundial y OCDE— y constatar el desprecio con el que nuestra clase política los ha tratado desde hace años, es obligado y oportuno preguntar: ¿El trato que dispensamos aquí a estos estudios, es el mismo que les dispensan en otros países?
¿La renuencia a tomar en cuenta las recomendaciones en ellos contenidas que nuestros políticos y funcionarios manifiestan, se repite en los demás países? ¿Acaso sus políticos y funcionarios, son tan irresponsables e ignorantes como los nuestros? ¿Su visión, tan aldeana, caduca y anclada en el pasado como la de nuestros políticos?
En los otros países miembros de las tres organizaciones, ¿sus políticos supeditan todo a la obtención del voto en la próxima elección?
¿Acaso es lo electoral el indicador supremo para juzgar cualquier recomendación del Fondo Monetario, Banco Mundial y la OCDE?
¿Si ésta da votos, la aprobamos, pero si los quita, la rechazamos?
Si esta conducta priva aquí de vieja data al igual que en otros países latinoamericanos, ¿para qué ser miembros de aquellas organizaciones? ¿Para qué asistir a sus reuniones y participar en sus comités?
Mejor sería, para facilitar las cosas y ahorrar recursos, dejar de asistir a sus reuniones y consultar a López, Encinas, Fernández, Padierna y Bejarano acerca de lo que debe aprobar el Congreso; una vez que estos nuevos oráculos hicieren su recomendación —inapelable por lo demás— y ambas Cámaras la aprobaren, las clausuraríamos.
Así, todos los mexicanos vivirían felices (los que hubieren salido del país); además, frente a la siguiente duda, volveríamos a preguntarle a López.
