Profeco, CFC, Cofetel y Cofepris por lo mismo

La Prouraduría Federal del Consumidor, aún al mando de Antonio Morales Peña; la CFC, que preside Eduardo Pérez Motta; Cofetel, que comanda Mony de Swaan, y Cofepris, bajo la dirección de Mikel Arriola, van por herramientas que les permitan fortalecer su estructura operativa y maniobra en pro de los consumidores.

Todo parece indicar que la Comisión Federal de Competencia es la que tomará la delantera con la reforma a la ley antimonopolios que fue reescrita en el Senado y está lista para ser votada por el Pleno, ésta faculta a la CFC a realizar visitas sorpresivas, imponer multas y fijar penas de hasta diez años de cárcel a quien caiga en prácticas monopólicas.

Las demás instituciones no parecen tener la misma suerte, pese a que han luchado por mayores dientes en sus operaciones, y cada una trabaja en ello, la realidad  no parece haber intensiones porque así sea. La Profeco plantea llevar a la realidad la figura del dictamen, pero nada está escrito, pese a que esa decisión le permitiría tener la alternativa de llevar algunos procesos a nivel de juzgados manteniéndose como uno de los pilares en la investigación y permitiendo que salga una resolución inamovible sobre las decisiones de la Profeco, ya que sus facultades la limitan a ser conciliador. Es un termómetro y verificador para que los industriales caminen por la derecha; su capacidad y tamaño no le permite detectar todas las irregularidades que se cometen.

La Cofetel lleva años a la búsqueda de autonomía de la SCT, que hoy encabeza Dionisio Pérez-Jácome. Quiere que las decisiones relacionadas con la industria de las telecomunicaciones no le sean rebotadas o estén supeditadas a la SCT, en este sentido, la OMC ha dicho desde hace más de 14 años, que la Comisión requiere de mayor autonomía y fortaleza en la toma de decisiones.

La Cofepris hace lo propio, comenzando por un mejor presupuesto, porque se asegura que los sueldos son deplorables, sin importar que se trate de especialistas o investigadores. El personal es escaso y su tamaño tan pequeño, que provoca que las autorizaciones se retrasen de tres a un año. Qué decir de sus decisiones, mismas que en ocasiones tienen que ser ratificadas hasta tres o cuatro veces para ser válidas, aunque la multa o la pena por violar reglas sean irrisorias.

Al interior de los entes reguladores hay mucha tarea por hacer con el fin de que se hagan valer las leyes y México eleve su nivel de competencia. Hay que dar un vistazo al profesionalismo de sus titulares, pues en algunos de estos institutos hay directivos de muy alto nivel, y otros dejan mucho qué desear. Aunque se avanza, no se da a la misma velocidad que lo hacen los sectores. No parece que habrá grandes cambio. Vaya prioridades.