Cero memoria, cero congruencia

En un sistema político que no permite la reelección inmediata, los ciudadanos tienen pocas formas de calificar el desempeño de sus representantes. Peor aún, cuando la competencia de los servidores públicos es un valor que éstos son capaces de manipular, pues ellos —como ha escrito el teórico italiano Ferdinando Colombo, de la Università Cattolica de Milán— generalmente controlan la creencia de los ciudadanos respecto de sus motivaciones.

¿Qué queda a los observadores no partidistas como categoría de evaluación? Yo creo que la congruencia, es decir, el contraste entre las posiciones de los políticos, expresadas a lo largo de su trayectoria en el servicio público, y los actos por los que se dan a conocer.

En diferentes ocasiones, he sostenido en este espacio que una de las tragedias de la transición democrática es que los antiguos opositores de izquierda y derecha hayan dejado de ser consecuentes con sus posturas anteriores una vez que los partidos de los que forman parte —y ellos mismos, en lo concreto— alcanzaron importantes tajadas del poder.

La antigua oposición sostuvo una y otra vez que el principal problema del país, además de la falta de competencia en la arena electoral, era que los políticos priistas usaban el servicio público para beneficio personal y de grupo, y que existía, en aquellos años de autoritarismo, una falta completa de transparencia y rendición de cuentas en las actividades del gobierno.

En el extremo de la actual oposición de izquierda, el Partido del Trabajo (PT) quiere convencernos de que sólo quienes militan formal e informalmente en sus filas siguen representando aquel viejo anhelo de vivir en un país libre de corrupción, corporativismo y otras formas de abuso del poder. De acuerdo con el PT, el PAN y parte del PRD se han vuelto “lo mismo que el PRI” y eso debe llevar a la gente a rechazarlos.

El problema es que ni el discurso de la vieja oposición ni el neopuritanismo petista se sostienen en realidad.

Basta ver dos ejemplos ocurridos la semana pasada —y de los que Excélsior dio amplia cuenta— para ver que, en todo caso, el conjunto de los partidos políticos, quizá con excepción de algunos de sus integrantes, han sucumbido a los estilos del viejo PRI.

El primero tuvo lugar en la delegación Benito Juárez, del Distrito Federal. Se trata de la demarcación con el mayor nivel de vida del país, así como uno de los bastiones más sólidos del PAN, donde, elección tras elección, ese partido ha logrado sacar una importante ventaja, aunque menguante, al resto de las fuerzas políticas.

En plena recta final del proceso para renovar la dirigencia de su comité delegacional, uno de los contendientes, Rodrigo Gómez Alatorre, detectó una serie de irregularidades en el padrón de miembros activos del PAN y los denunció ante instancias del propio partido como ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República.

De acuerdo con la denuncia, cuatro supuestos militantes del partido dieron como domicilio una torre de negocios y otros ocho un predio que se dedica a dar servicio de estacionamiento.

Aunque en un primer momento el CEN del PAN determinó suspender “de manera indefinida” la asamblea para elegir al dirigente delegacional e instruyó al Registro Nacional de Miembros del partido a realizar una auditoría al padrón, al día siguiente dio marcha atrás y permitió la realización del acto, bajo el pretexto de que la suspensión afectaba los derechos de los 540 delegados registrados para votar.

La asamblea finalmente se llevó a cabo ayer, pero Acción Nacional pagó el costo de que dos de los tres candidatos al cargo —Gómez Alatorre y Salvador Munguía—no asistieran.

Para ser congruente con sus viejas posiciones de transparencia electoral, el PAN no podrá hacerse de la vista gorda en este caso, que, además, representa para la primera prueba de imparcialidad de la nueva procuradora, Marisela Morales, a cuya dependencia está adscrita la Fepade. ¿Quién alteró el padrón panista? Habría que saberlo.

El segundo caso tiene que ver con el patrimonialismo, aquella práctica que con frecuencia denunciaban los antiguos opositores.

La cantaleta era que los funcionarios públicos usaban los bienes de la nación para su aprovechamiento o comodidad personal o para satisfacer su propio delirio de grandeza.

Pues a juzgar por un viaje que realizó a Cuba, a mediados de marzo pasado, un grupo de legisladores federales, aquello tampoco le sale tan mal a panistas como Cristián Alarcón, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, ni neopuristas del PT como Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores (CRE).

El propósito explícito del viaje, que se realizó en una de las aeronaves de la Presidencia de la República, era preparar la próxima reunión interparlamentaria México-Cuba. Importante reiterarlo: no era la interparlamentaria, sino apenas un sondeo, mismo que podía hacerse mediante una videoconferencia por Skype.

Tengo a Porfirio Muñoz Ledo como uno de los políticos más inteligentes de este país, quien ha protagonizado momentos cruciales de la transición democrática mexicana, como su propia salida del PRI en 1987 y la formación de la Corriente Democrática; su valiente interpelación del último informe del presidente Miguel de la Madrid, y su brillante discurso, desde la tribuna de la Cámara de Diputados, en 1997, cuando ésta dejó de ser mayoritariamente priista.

Por eso me extrañan las afirmaciones que hace en la carta que recibimos el viernes por la noche en la redacción de Excélsior y publicamos en la edición de hoy. No es verdad, como sostiene Muñoz Ledo, que nos hayamos ocupado del viaje a La Habana a raíz de una filtración desde Los Pinos destinada a “desacreditar al suscrito”.

El que un grupo de diputados, entre los que se encuentra el presidente de la Cámara, solicite una aeronave que forma parte del inventario del Ejecutivo, para realizar un viaje de preparación de la agenda de la interparlamentaria, sin haber obtenido el consenso del resto de los integrantes de la CRE ni su contraparte senatorial, y que además se realice un vuelo adicional La Habana-Mérida-La Habana para acomodarse a la agenda de uno de los miembros de la delegación, es un tema de interés público, como bien sabe Muñoz Ledo.             

Y si eso no fuera suficiente, agreguemos el dato de que el diputado petista ha dicho reiteradamente que quien ocupa el Ejecutivo lo hace de manera espuria, lo que por lo visto no impide que él se monte en un avión del inventario de Los Pinos, porque Porfirio será todo menos un malvivant. Fue incongruente Muñoz Ledo, y bien haría en aceptarlo.

Si tan congruente es el PT, es de esperarse que pronto escuchemos el reproche de Laura Itzel Castillo, quien en enero pasado denunció la realización de un viaje a Francia por parte de varios de sus compañeros de Legislatura. ¿O en este caso sí se vale, diputada?

La víspera de que me enterara, por mi compañero reportero Alejandro Sánchez, del ya famoso viaje a La Habana, leí una nota sobre las vacaciones del primer ministro británico en España.

Para trasladarse a Granada, David Cameron no utilizó un avión de la flotilla oficial del Reino Unido, al que habría tenido derecho, aunque sea por razones de seguridad, más en un momento en que su país se halla en guerra. Él y su esposa compraron boleto para un vuelo regular Londres-Málaga, de la aerolínea de bajo costo EasyJet, y se hospedaron en un hotel de tres estrellas, no en una residencia que bien pudieron haber solicitado al gobierno español.

Congruencia. Gran Bretaña se halla en crisis, como también lo están México y muchos otros países del mundo, que no han logrado salir del todo la recesión desatada en 2008. Congruencia, eso es todo.

Nadie hubiera reprochado a Muñoz Ledo y acompañantes ajustar sus agendas para ir a La Habana en un vuelo comercial. Ningún medio se hubiera ocupado de un viaje así. Y no hubiera hecho falta la indigna justificación de Porfirio de que su viaje costó “cero pesos y cero centavos”.