Certidumbre de la incertidumbre

El Distrito Federal, como es costumbre, se ha visto secuestrado y ahorcado en sus vialidades por las diversas manifestaciones que día a día sufrimos todos los capitalinos, todas ellas con causas y reclamos distintos, sin embargo, llamó la atención la de varios taxistas que, el pasado miércoles 6 de abril, se estacionaron en los carriles centrales de la avenida Ignacio Zaragoza, y afuera de las oficinas de la Secretaría de Transporte y Vialidad. El motivo de dicho plantón era su repudio a los operativos que realiza el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, mejor conocido por sus siglas (Invea).

Y es que resulta que el Invea ha estado haciendo operativos sorpresa en diversos puntos de la ciudad donde se han remitido cerca de 200 taxis pirata, lo cual es satisfactorio que la autoridad pretenda brindar certeza jurídica a los derechos de los usuarios del servicio público, y sancionar a aquellos que otorgan un servicio público concesionado, sin contar con dicha autorización.

Sin justificar la conducta de algunos ciudadanos que brindan mal servicio por falta de algunos de los requisitos establecidos en la ley, me parece que la política pública del Gobierno del DF se ha ensañado contra este sector, ya que en cada cambio de administración se les ha obligado, por parte de la Secretaría de Transporte y Vialidad, a cambiar la cromática, pagar refrendo por la concesión, revista, tarjetón verde, verificación de taxímetros, muchos de ellos han sido víctimas de clonación de sus concesiones, trámites tortuosos por sustituciones de unidad, obligación de hacer examen para la autorización de sus licencias cada que se les vence. Claro, todo ello con su respectivo cobro de derechos, y ahora operativos sorpresa por parte del Invea, que remite sus unidades a los corralones y no sólo basta con privarlos de su sustento económico, sino que estos tienen que pagar multas exorbitantes e imposibles de pagar.

Ahora bien, ¿por qué día a día vemos circular a microbuseros en la noche con las luces apagadas, compitiendo entre ellos por el pasaje? Parece que la política administrativa no es pareja para todos.

Considero que la creación de dicho organismo, que busca propiciar un ambiente de certidumbre jurídica en los diversos aspectos de la actividad económica de la ciudad, genera mayor incertidumbre jurídica a muchos ciudadanos, ya que la Ley del Instituto de Verificación Administrativa dota de atribuciones y facultades revisoras, y sancionadoras a un organismo público desconcentrado de la administración central.

Por tanto los capitalinos nos encontramos ante un terrible sistema inquisitorio por parte del Ejecutivo, y ante una incertidumbre jurídica sobre la fundamentación de competencias por parte de las autoridades. Por otra parte, si el Invea, cuenta tan sólo con una pequeña estructura de 300 verificadores administrativos, esta debiera actuar en los campos de servicios públicos donde no se está haciendo nada por parte de la autoridad reguladora y enfocarse más a la vigilancia de licencias de construcción, y funcionamiento de establecimientos mercantiles,que en muchos casos no cuentan con la documentación requerida o cuentan con el permiso aún y cuando no lo pudieran tener, por su puesto en detrimento de la sociedad.