Justicia agraria
México cuenta con 51 millones de pobres que habitan en 146 millones de hectáreas.
Preservar la paz social es una obligación impostergable del Estado nacional y más en el campo mexicano, donde históricamente se han iniciado los movimientos armados más importantes de nuestro país. Independencia y Revolución.
En nuestra país, predominantemente urbana, antes rural, viven 4.5 millones de mexicanos que dependen de la agricultura. México cuenta con 51 millones de pobres que habitan en 146 millones de hectáreas. Las arables son sólo 20 millones; en éstas viven 4.5 millones de agricultores que producen alimentos para la sociedad mexicana (sin asistencia crediticia y tecnológica) y agreguemos el clima social de violencia, corrupción e impunidad.
Los datos anteriores se dieron a conocer en el foro organizado por la Fundación Equipo, Equidad y Progreso, A. C. Los conferencistas afirmaron que este año importaremos granos por 75 mil millones de pesos, solamente en maíz serán 45 mil millones.
Lo anterior para hablar del Tribunal Superior de Justicia Agraria, diseñado hace 19 años por su presidente fundador, el doctor Sergio García Ramírez, con el objetivo de dirimir controversias entre el segmento más abandonado de la sociedad.
Su presidente, Marco Vinicio Martínez Guerrero, informó con autonomía y plena jurisdicción que la institución jurídica la integran 49 tribunales agrarios unitarios y han conocido de 591 mil 396 asuntos y sólo 7% siguen sin resolución de sentencia. Ello significa que 40 mil 864 asuntos provienen de núcleos ejidales, comunales o de propiedad particular de los estados de Guerrero, México, Jalisco, Oaxaca, Nayarit, Chiapas, Hidalgo y Guanajuato, regiones consideradas de mayor conflictividad económica y social.
Explicó del incremento presupuestal en aproximadamente 25% por la SHCP para este año. Gastarán 871 millones así: 522 para nómina de sus mil 637 empleados; 50 para materiales y suministros; 273 a servicios generales y solamente 25 destinados a bienes muebles e inmuebles y, además, habrá autonomía presupuestal para “reforzar la estructura actual en la creación de plazas, para más secretarios de acuerdo, de estudio y cuenta, jefes de audiencias campesina, responsables del libro de gobierno electrónico, áreas de control e informática”, etcétera.
Lo anterior para la instauración de nuevos tribunales agrarios y atender “los focos rojos” encendidos en entidades de alta marginación y problemática social.
El país requiere un campo mexicano productivo y competitivo. Seguridad y justicia son fundamentales para los titulares de propiedad social (ejidatarios y comuneros) y de propiedad particular (pequeños propietarios).
¿Será necesaria más burocracia o que la existente funcione y salga de su marasmo y aletargamiento existencial?
¿Cuándo verán nuestros ojos “justicia pronta y expedita”, sin corrupción y componendas?
Ante el desmantelamiento de instituciones de asistencia social y económica al agro mexicano, ¿será la justicia agraria impartida por tribunales nuestro último asidero?
¿Lograremos arraigar a nuestros campesinos en sus tierras y regresarles rentabilidad a sus actividades agropecuarias, reduciendo pobreza y migración?
¿Cuándo?
*Abogado y político