Cambiar la Constitución para defender el monopolio

Los partidos políticos en México tienen el monopolio de las candidaturas de representación popular y del financiamiento público en una elección. Sólo ellos pueden registrar a los aspirantes a gobernarnos y recibir dinero para campañas. Y, como buenos monopolios que son, cada vez limitan más la competencia.

Los partidos ya encontraron la fórmula perfecta para defender sus preciados monopolios: reformar la Constitución para protegerse desde ahí. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al haber declarado improcedente el amparo en contra de reformas constitucionales que afectan derechos humanos, han convalidado esta fórmula. Ni ellos, ni nadie, pueden revisar una enmienda a la Carta Magna. El Constituyente Permanente es soberano de cambiar la Constitución a su antojo.

Para ello se necesita una votación favorable de dos terceras partes de la Cámara de Diputados, dos terceras partes del Senado y la aprobación de la mitad de las legislaturas locales. Cualquiera diría que este procedimiento está bien. Se necesita una gran cantidad de votos de legisladores federales y locales. El problema es que, por el diseño institucional que tenemos en México, son las dirigencias de los tres principales partidos políticos (PAN, PRI y PRD) las que mandan en los congresos federal y estatales. En la práctica obligan a sus legisladores a reformar la Constitución para mantener el monopolio partidista.

Es lo que ocurrió con la reforma electoral de 2007. Las dirigencias de los tres principales partidos se pusieron de acuerdo para cambiar la Constitución y proteger así sus monopolios. Fíjese usted: prohibieron las candidaturas independientes, la compra de spots de radio y televisión por parte de privados para hablar de política y las campañas negativas entre ellos. Todas son medidas que los fortalecen como monopolios. Además, su financiamiento está asegurado por una fórmula muy generosa en la Carta Magna. Y, el colmo, modificaron la Constitución para despedir a los consejeros del IFE que les disgustaban. De Ripley: no a cualquiera lo corren desde un artículo de la mismísima Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En fin, que el truco es poner toda la legislación electoral que protege a los partidos como monopolios en la Constitución para evitar que alguien pueda ampararse. Y la SCJN aprueba esta táctica.

Tan sólo hay que leer el artículo 41 de la Carta Magna, que contiene muchas de las regulaciones en materia electoral, para darse cuenta del ardid. Ese artículo contiene dos mil 896 palabras cuando toda la Constitución de los Estados Unidos de América comprende tan sólo cuatro mil 543 palabras. Es lógico: allá sólo las reglas fundamentales están en su Carta Magna. Las demás las dejan en leyes secundarias y reglamentos. No así en México donde la tendencia es a usar la Constitución para normar hasta el mínimo detalle. No por nada nuestra ley fundamental contiene más de 104 mil palabras.

¿Por qué los legisladores (léase los partidos) subieron a la Constitución la prohibición de que privados compren spots de radio y televisión para hablar de partidos y/o candidatos cuando antes dicha norma estaba en la ley secundaria, es decir, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales? Muy sencillo. Porque antes cualquier ciudadano podía alegar que esta regla era inconstitucional, violatoria de varios preceptos contenidos en el capítulo de las garantías individuales de la Constitución. Ahora, al haber elevado esta norma a la mismísima Carta Magna, pues no hay manera de alegar que es inconstitucional porque, de acuerdo a la SCJN, ellos no pueden revisar la constitucionalidad de algo que está en la Constitución. Así, los partidos, con la complicidad de la SCJN, han encontrado la fórmula perfecta para proteger sus monopolios sin que nadie pueda decir ni pío.