¿Quién responde por Tamaulipas?
¿Sabía el presidente Calderón que llegaríamos a tales extremos de confrontación y violencia?
El presidente Calderón tiene razón, pero a medias. Las bandas criminales que secuestran, torturan, mutilan, degüellan, asesinan, entierran muertos o vivos, y nos horrorizan cada día más con las atrocidades de que son capaces, merecen todo el repudio de la sociedad. La justa imputación de estos hechos a los criminales, sin embargo, no exime a las autoridades de su responsabilidad primordial de imponer la ley y detener esta devastadora espiral de violencia e impunidad. Las buenas intenciones de un gobernante, lo sabe un alumno del primer curso de teoría política, no bastan para el ejercicio responsable, a la vez legal y eficaz, del poder público. Peor aún, suelen ser contraproducentes cuando no se acompañan de buenos diagnósticos, planes bien trazados y acciones certeras.
¿Sabía el presidente Calderón cuando decidió emprender esta guerra contra el narco que llegaríamos a tales extremos de confrontación y violencia? Si no lo sabía, malo: el desconocimiento de las cosas no libera a un gobernante de su responsabilidad. ¿Lo sabía? Malo también: la falta de preparación cuando se decide enfrentar a un enemigo tan poderoso es una forma de irresponsabilidad inadmisible cuando están de por medio tantas vidas.
El 15 de abril el Presidente reprochó la ambigüedad y falta de compromiso de las demás autoridades y pidió a la sociedad dirigir su rabia y sus reclamos hacia los criminales. Lo reitero: tiene razón a medias. Las nuevas fosas descubiertas en Tamaulipas socavaron los cimientos de su discurso, porque desde junio de 2009 la CNDH hizo público un informe sobre casi 200 casos de secuestros colectivos de migrantes que significaron la privación de la libertad de casi 10 mil personas en menos de seis meses. Ni el gobierno local ni el gobierno federal hicieron lo que debieron hacer: investigar y sancionar esos hechos, pero sobre todo evitar que volvieran a ocurrir. Ahora ¿quién responde por Tamaulipas?
¿Que los gobiernos locales y municipales eluden su responsabilidad y, en muchos casos, están infiltrados o coludidos con el crimen organizado? ¿Que las organizaciones criminales tienen bases y respaldos sociales? ¿Que las policías de los estados y municipios son incompetentes o corruptas y no contribuyen u obstaculizan el combate al crimen organizado? ¿Que los órganos responsables de la impartición de justicia no cumplen debidamente su función? ¿Que existen empresarios y circuitos financieros dedicados a lavar el dinero del inmenso negocio de las drogas? Todo esto y más era sabido y es cierto en distintas medidas. Pero son desviaciones, debilidades y deficiencias tan evidentes que, precisamente por serlo, debieron ser atendidas y resueltas antes de iniciar esta guerra. Una crítica, por cierto, que no se opone a mi repudio hacia los criminales.
*Socio consultor de Consultiva