Veracruz Puerto, la primera APP y el siguiente escalón del riesgo

La rebaja de la calificación soberana de México a Baa3, anunciada el miércoles por Moody's, vuelve a poner sobre la mesa una conversación que el mercado había aparcado: la solidez de los blindajes contractuales de los gobiernos subnacionales mexicanos. No es una conversación abstracta. En Veracruz Puerto se está librando, en tiempo real, el primer caso de prueba.

El 1 de abril, el ayuntamiento del puerto requisó administrativamente la primera Asociación Público-Privada municipal del país, una concesión de alumbrado público que actualmente funciona, registrada ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, validada por la Comisión Federal de Electricidad y auditada por PWC. El instrumento contractual sigue vigente, los amparos están en curso, la empresa desarrolladora asume el riesgo al 100% y sigue operando 44 mil 535 luminarias y cumpliendo sus compromisos. Pero el flujo al fideicomiso registrado se detuvo. El municipio comenzó a cubrir el gasto frente a CFE con participaciones federales etiquetadas, fuera del cauce contractual.

Para entender por qué esto importa más allá del puerto, conviene leerlo en su contexto. En abril de 2025, Fitch elevó la calificación del Estado de Veracruz de A-(mex) a A(mex), con perspectiva estable. HR Ratings hizo lo propio, pasando la calificación a HR A. Las dos calificadoras citaron, entre los factores positivos, la disciplina financiera del Estado, la reestructura de deuda con BBVA,que liberó 4 mil 500 millones de pesos anuales en participaciones, y el manejo del marco normativo derivado de la Ley de Disciplina Financiera. Es decir, calificaron exactamente la disciplina que la decisión municipal del puerto está poniendo a prueba.

El mecanismo es relevante. Los fideicomisos APP municipales registrados en la UdI funcionan como un vehículo que separa el flujo de pago del riesgo político local. Una administración municipal puede cambiar, pero el fideicomiso protege al acreedor y, por tanto, a la calificación del estado. Cuando un municipio rompe ese vehículo, el contrato queda sometido al riesgo político local que precisamente el fideicomiso fue diseñado para neutralizar.

Las consecuencias son técnicas. Primero: el municipio entra en una situación de pasivo contingente no reconocido, los pagos suspendidos al fideicomiso pueden ser exigidos posteriormente con intereses moratorios. Segundo: el estado puede ver afectado su perfil de riesgo si el municipio depende de participaciones estatales para cubrir el pasivo. Tercero: el mercado puede recategorizar el riesgo de las otras 11 APP municipales registradas en México, dado que la del puerto era la primera y, por eso mismo, la referencia.

La Secretaría de Hacienda, en voz del titular Édgar Amador Zamora, respondió a Moody's defendiendo el marco macroeconómico mexicano y la solidez de las instituciones fiscales. La respuesta es correcta. Pero precisamente por eso es importante que las instituciones de las que habla Hacienda, la propia UdI, la CFE, el sistema judicial federal donde se ventilan los amparos, actúen con la legalidad que el marco establece. Si lo hacen, Veracruz Puerto se convierte en evidencia de que el sistema funciona. Si no lo hacen, se convierte en evidencia de lo contrario.

Hay un dato adicional que tampoco pasa desapercibido. La APP requisada cumple objetivamente con los ejes del Plan Energético de la Presidenta Claudia Sheinbaum: sustitución de tecnología eléctrica obsoleta por LED, reducción de consumo, inversión privada en eficiencia energética. La nota financiera no se pregunta sobre la política. Se pregunta sobre la lógica: si las APP municipales son la herramienta institucional para alcanzar las metas del plan, ¿qué señal envía la requisa de la primera?

Para Veracruz, la lectura es delicada pero no terminal. La Gobernadora Rocío Nahle, articuladora de la reestructura BBVA y de la política de saneamiento financiero municipal lanzada el 24 de abril, tiene incentivos claros para que el caso se resuelva por la vía institucional. Para el mercado, la lectura es de espera: los siguientes pasos de Hacienda y del Poder Judicial federal van a definir si el episodio queda como anécdota local o se convierte en precedente.

Para Moody's, S&P y Fitch, que ya están mirando los siguientes escalones del riesgo soberano mexicano, el caso Veracruz Puerto va a entrar al expediente de revisión de subnacionales en algún momento de los próximos meses. Lo que decidan dependerá, en buena medida, de cómo se resuelva.