SFP expone ante la ONU acciones de combate a la corrupción

CIUDAD DE MÉXICO

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer que, en materia de política anticorrupción, se han emitido 400 sanciones a diferentes contratistas y multas resarcitorias por varios miles de millones de pesos en favor de la hacienda pública.

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Durante su participación virtual en la reunión “Avanzando en la prevención de la corrupción a través de alianzas y sinergias en la contratación pública”, como parte de la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre Desafíos y Medidas para Prevenir y Combatir la Corrupción y Fortalecer la Cooperación Internacional, la funcionaria reconoció que una de las áreas más vulnerables a la corrupción estructural son las contrataciones públicas, especialmente en momentos de emergencia como el que se vive actualmente.

“Durante esta pandemia, en la Secretaría de la Función Pública hemos acompañado a nuestros colegas de gobierno, especialmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores en una revisión a todos los procesos de contratación pública por más de 7 mil 300 millones de pesos… estas contrataciones han sido muy ágiles y la mayoría en tiempo real y en línea”, subrayó.

Agregó que, en este último año de crisis sanitaria, México actúo con responsabilidad sin adquirir deuda pública mayor a lo programado.

“Al contrario, lo que hemos implementado es una política de austeridad, pero una austeridad con apellido que es la austeridad república que ha sido una de las directrices del presidente López Obrador y sobre la cual tenemos una Ley Federal de Austeridad Republicana, que nos obliga a actuar en estas mismas líneas”

Explicó que, según organismos internacionales, las contrataciones públicas representan hasta un 15 por ciento del PIB de un país, pero también es una de las áreas más vulnerables para la corrupción estructural.

“Las compras públicas, se ha documentado en estudios de la OCDE, representan un 57 por ciento de los sobornos alrededor del mundo y estos sobornos en algunos momentos han sido institucionalizados por las propias corporaciones, han sido dados de alta como gastos válidos y evidentemente estos pagos de corrupción y sobornos permiten obtener contratos en el sector público.

En México, el 20 por ciento del presupuesto anual se destina a compras públicas y una de las medidas que se han implementado ha sido consolidar las compras para reducir el margen de casos de ilegalidad.

Sandoval Ballesteros destacó, entre otras acciones para atacar la corrupción, la transparencia de la nómina de gobierno, la simplificación de la plataforma para recibir denuncias y la invitación para que las empresas asuman como suya también la nueva ética pública a través de un padrón de integridad empresarial que ya registra a miles de empresarios.

Asimismo, manifestó que se impulsó el programa de protección y auspicio de los alertadores internos y externos de la corrupción, se eliminaron las partidas presupuestales secretas, así como los fondos y fideicomisos sin rendición de cuentas y ahora ya se castigan los conflictos de interés e inhabilitan a licitantes y contratistas que abusan del interés público.