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Reforma va contra factureros que han dañado al país: Romero Aranda

En entrevista con David Páramo en Imagen Radio, Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, aclaró que los empresarios que hayan llegado a comprar facturas falsas tienen oportunidad de regularizarse

Redacción | 15-10-2019
Reforma va contra factureros que han dañado al país: Romero Aranda
Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO

El sector empresarial debe estar tranquilo ya que la ley aprobada por la Cámara de Diputados, que equipara la defraudación fiscal como delincuencia organizada y que persigue la compra y la venta de facturas falsas, va encaminada a aquellos factureros que han dañado al país, afirmó Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación.

En entrevista con David Páramo en Imagen Radio, el funcionario aclaró que los empresarios que hayan llegado a comprar facturas falsas tienen oportunidad de regularizarse debido a que las reformas entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2020 y regularán las conductas que se lleven a cabo desde esa fecha.

Todas las compras de facturas que se llevaron a cabo y que se lleven a cabo hasta el 31 de diciembre van a ser sancionadas con las leyes vigentes, incluidos en el Código Fiscal de la Federación, y que no ameritan prisión preventiva oficiosa. Son instrumentos limitados que vamos a tener hasta el 31 de diciembre de este año”, acotó.

Señaló que el único que va a tener el carácter de delincuente organizado con esta reforma será el facturero, así como tres o más personas que de forma permanente lleven al cabo actividades ilícitas como la defraudación fiscal, como es el caso de constituir empresas para vender facturas y evadir al fisco.

Un contribuyente normal, empresa o una persona física que tiene actividades empresariales nunca va a ser un delincuente organizado porque tiene una actividad lícita. No es lo mismo tener empresas cuyo único objeto es defraudar al fisco, vía la venta de facturas, que tener una empresa con fin lícito que tiene compras, ventas y empleados, y que posiblemente para evadir el pago al fisco, compró una o unas facturas”, detalló.

Aclaró que en la reforma aprobada no aplica la ley de extinción de dominio ya que la víctima u ofendido en delitos fiscales es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y agregó que la petición de la autoridad siempre será la reparación del daño y un juez en sentencia fijará el monto a pagar.

Romero Aranda explicó que el diseño de la reforma para combatir la compra y venta de facturas falsas se originó en medio de un contexto de evasión fiscal por 500 mil millones de pesos, esquema, dijo, “que ha desangrado al fisco federal”, desde desvíos públicos, esquemas de factureras, y aquellos desvíos de outsourcing, así como de actividades ligadas con la delincuencia organizada.

Sobre la postura de empresariados sobre la necesidad de afinar la reforma, el procurador fiscal de la Federación indicó que había mayor riesgo de retrasar la reforma por afinar la redacción de la misma, a mantener el mismo esquema por seis meses más en “una discusión parlamentaria” redundante, que seguir persiguiendo a los contribuyentes que defraudan al fisco.

Cuestionado sobre si la ley da poder discrecional a la Secretaría de Hacienda, Romero Aranda apuntó que las facultades aprobadas no benefician a la dependencia, y en cambio, apunta a la Fiscalía General de la República (FGR), que determinará con el apoyo del SAT y de un juez, medidas como “infiltrados o aseguramientos de bienes”.

Agregó que en este proceso participan el SAT y la Procuraduría Fiscal, la Fiscalía General de la República y un juez que es parte del Poder Judicial de la Federación por lo que, apuntó, “hay un equilibro institucional que impide que esto sea totalmente arbitrario”.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, llevan al cabo una auditoria y si de la auditoria determina que hay un delito, nos da vista a la Procuraduría Fiscal; la Procuraduría Fiscal lleva al cabo el dictamen, y determina sí hay delito o no hay delito. Si considera que hay delito, presenta una querella ante la Fiscalía General de la República. La Fiscalía determina que hay delito solicita a una juez las medidas que otorga la ley, es decir, infiltrados, aseguramientos, escuchas, a prisión preventiva oficiosa o testigos protegidos, y todo esto se va a aprobar vía un juez”, concluyó.

 

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jcs

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