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Politécnicos son acusados de facciosos

José Cebreros, líder de LA FNET, ligada al PRI y al gobierno, aseguró que dentro del IPN había 3 mil personas que eran manejadas por la CIA y por el Partido Comunista Mexicano

Andrés Becerril | 07-08-2018
Politécnicos son acusados de facciosos
Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET) se reunieron con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, a quien agradecieron el apoyo a dicha central estudiantil.

CIUDAD DE MÉXICO.

Por un momento la efervescencia en las calles de la Ciudad de México se atemperó. Después de una quincena ajetreada: enfrentamientos estudiantiles; choque de jóvenes con granaderos y el Ejército; cientos de personas remitidas a la cárcel, el líder de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET), José Rosario Cebreros Manjarrez, salió a la palestra pública a defender su parcela en el Movimiento Estudiantil.

En la página 26 de Excélsior del 7 de agosto de 1968 apareció una nota titulada “Repudian a 3 mil facciosos del Politécnico”.

La nota del líder de la FNET —organización ligada al PRI y al gobierno—, apareció entre la columna de temas policiacos que escribía Alberto Ramírez de Aguilar siguiendo pistas y un despacho internacional firmado en Londres que daba cuenta de una banda de ladrones de grandes obras, inicia así:

“Grupos de facciosos incrustados en el Politécnico son manejados por la CIA y por el Partido Comunista Mexicano, para llevar adelante fines que distan mucho de ser de carácter estudiantil, dijo ayer José R. Cebreros, líder de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos”.

En la marcha del día 5 de agosto habían aflorado las diferencias de la FNET que integran un grupo, con otro que era el embrión del Consejo Nacional de Huelga, que había empezado a tomar fuerza y había hecho a todos los demás grupos estudiantiles.

La posición de Cebreros en la noticia publicada entonces, también incluía cifras. Dijo y así se publicó hoy hace 50 años que los 300 mil estudiantes agrupados en 18 tecnológicos, 126 escuelas técnicas y 26 escuelas del IPN, repudian a los 3 mil facciosos que están incrustados en el Politécnico, “que han aprovechado un verdadero movimiento estudiantil para, inclusive, hacer una campaña de futurismo presidencial”. Aunque no dio nombres.

Esta declaración estaba concatenada con la disputa por el control de la dirigencia estudiantil, que si bien había estado en torno a los estudiantes del Politécnico, por haber sido ellos protagonistas de las dos primeras disputas callejeras, primero con estudiantes de la preparatoria particular Isaac Ochoterena y al día siguiente con los granaderos, a Cebreros y a su grupo no le parecía bien la fusión del estudiantado del Poli con los universitarios que empezaban a ganar terreno en la organización.

De acuerdo con la información periodística, Cebreros mostró un manifiesto en el que se pide la salida del licenciado Alfonso Corona del Rosal del Departamento del Distrito Federal. Aunque era público y conocido que había una relación cercana con esa autoridad, ya que a esa autoridad la FNET solicitaba los permisos para las manifestaciones.

En nombre de la FNET, su líder se sumó a la exigencia de los politécnicos para que el general Cueto Ramírez fuera cesado ya que él, dijo, “fue el principal promotor de los problemas iniciales para luego declarar públicamente que fuimos nosotros, los dirigentes de la FNET, quienes le pidieron que enviara a los granaderos contra los estudiantes”.

En la nota se informó que Cebreros y otros líderes de su Federación, entre ellos, Lucrecia Morán Araiza, Edgardo Montesinos, Mauricio Sotomayor, Gloria Reyes, Jacobo Manuel Menéndez, Leovigilio Pacheco y Manuel Bravo Malpica, asesor de la FNET, se había reunido con González Guevara, quien les dijo que no había nada aún sobre la petición de renuncia de los jefes policiacos, pero que de un momento a otro se conocería el resultado a sus peticiones.

Por su parte, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED), esta organización ligada al Partido Comunista Mexicano, hizo público un manifestó en el cual hacía notar que “lo que se puso a funcionar el 26 de julio —fecha de dos marchas distintas y que fue el segundo enfrentamiento con granaderos—, con la agresión policiaca a la manifestación estudiantil es un complot reaccionario puesto en práctica por funcionarios de mentalidad de gendarme. Tales acontecimientos son producto de métodos de gobierno que no deben seguir usándose, los métodos de la imposición del criterio oficial a toda costa”.

Los estudiantes democráticos suscribieron el manifiesto que apuntaba hoy hace 50 años:

“Por el carácter reaccionario, anticomunista de la provocación se creó un ambiente de cacería de brujas, de persecución a las organizaciones progresistas y revolucionarias. Se ha inculpado de pretendidos actos delictuosos, apoyándose en calumnias y documentos apócrifos, a estudiantes, maestros y principalmente a militantes del partido Comunista Mexicano y de la Juventud Comunista de México, se persigue a los dirigentes de la Central nacional de Estudiantes Democráticos y a otros ciudadanos”.

Como las demás organizaciones estudiantiles y de maestros, los del CNED responsabilizan de los actos violentos contra los jóvenes a los jefes policiacos que contra viento y marea eran sostenidos en sus cargos por el regente del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Coronal del Rosal.

Vencidas las 72 horas que los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional dieron a las autoridades del Departamento del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) para que destituyera a los jefes policiacos, señalados como los responsables de la represión a los estudiantes a finales de julio, los politécnicos anunciaron que seguiría la huelga.

Sigue huelga

En la edición de Excélsior del 7 de agosto de 1968, aparece la información de que el Comité Central de Huelga del IPN había reiterado en la víspera, que ante el vencimiento del plazo que se dio al regente Alfonso Coronal del Rosal para destituir al general Luis Cueto Ramírez, jefe de la policía preventiva y a otros mandos policiacos, y no se cumpliría se mantendría la huelga.

Ese mismo día, de calma aparente, la Secretaría de Educación Pública informó que de acuerdo a las necesidades de cada plantel, sería posible suspender las labores, a partir de hoy 7 de agosto, para que los alumnos puedan preparar sus exámenes finales.

La SEP hacía cuentas alegres sobre el fin de la huelga. Así lo dejó en claro en la información publicada hoy hace cincuenta años: “Se estima que ante la proximidad de los exámenes, dirigentes y estudiantes determinarán poner fin a la huelga o paro, con objeto de no perder el año escolar”.

En la nota periodística de ese día se lee que los directores reunidos en sesión permanente con motivo del conflicto estudiantil, apuntaron la necesidad de prolongar en algunos casos los cursos para no causar daño a los alumnos al no terminar el programa educativo. Esto ocurriría en el momento en que los dirigentes estudiantiles determinen poner fin a la huelga.

La Unión de Profesores del plantel Antonio Caso de la Escuela Nacional Preparatoria pagó un desplegado dirigido al presidente Gustavo Díaz Ordaz, al regente Alfonso Coronal del Rosal y a la opinión pública, que se publicó en la edición del 7 de agosto de 1968.

En este desplegado informan a sus remitentes que están en sesión permanente ante la gravedad de los acontecimientos que afectan a los centros de cultura superior del país y a la nación toda. Y fijaron su posición:

“Que los pronunciamiento universitarios y oficiales de concordia y pacificación nacionales, sólo serán viables en la medida en que se cumplan cabalmente los requerimientos que se expresan: cumplimiento estricto y constante de la Constitución que garantiza las libertades de asociación y expresión por encima de ordenamientos que las inhiban o contraríen; respeto absoluto al principio de autonomía universitaria, derecho y valor nacional, que ha sido profundamente dañado por los ataques de las fuerzas públicas que no han respetado las personas de sus estudiantes y maestros y ha allanado violentamente sus recintos”.

En este desplegado, los profesores de la Preparatoria Antonio Caso pidieron la suspensión de actividades policiacas y militares, “que atentan contra la vida democrática de México”; libertad de las personas detenidas, indemnización a los alumnos lesionados y las familias de los estudiantes desaparecidos (aún no se registraba ningún desaparecido como tal); la desaparición del cuerpo de granaderos; la destitución de los jefes policiacos Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiolea y Armando Frías.

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