'Mayor cobertura educativa no mejora la equidad social'; persisten rezagos

CIUDAD DE MÉXICO.

A  lentadas por la competencia que implicó el ingreso de México a la OCDE, las autoridades educativas y universitarias obtuvieron en 23 años de gobiernos del PRI y el PAN un avance en la cobertura educativa del país, al lograr que ahora 21 de cada 100 niños que ingresan a la primaria concluyan la universidad, cuando en 1995 sólo lo lograban cuatro de cada cien.

El esfuerzo, sin embargo, no ha sido todavía suficiente, pues todavía 61 de cada 100 jóvenes en edad de estudiar el nivel superior están fuera de sus aulas, ya que la cobertura es del 38.4 por ciento.

Además, este avance en cobertura, que conllevó la creación de universidades, no ha podido reflejarse en una mayor equidad, pues estados como Oaxaca todavía registran atrasos significativos.

La matrícula universitaria del país se duplicó en los últimos 18 años , al pasar  de dos millones 59 mil 992  estudiantes en el 2000 a  4 millones 210 mil 250  en 2018, pero aún así sólo el 38% de la población puede acceder a dicho nivel educativo.

En  comparación, países como Costa Rica, Uruguay, Colombia, Argentina y Chile han rebasado el umbral del 50 por ciento  de acceso a la educación superior y se acercan a la universalización. Según datos de la  Asociación Nacional de  Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) la tasa de cobertura de educación superior se incrementó de 20.6 por ciento en el ciclo 2000-2001 a 38.4 por ciento para el ciclo 2017-2018, lo que se traduce en un crecimiento promedio de un punto porcentual por año, durante los últimos tres sexenios. Ahora mismo, sin embargo,  sólo 38 de cada 100 jóvenes pueden llegar a ocupar un pupitre en la universidad, aunque menos de 20 de cada 100 oaxaqueños pueden hacerlo, debido al avance desigual de la cobertura en el territorio nacional que coloca a la región sur-sureste como la de mayor rezago con  un promedio de cobertura de 28.5 por ciento.

De acuerdo con información de la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de cada 100 alumnos que ingresan a primaria sólo 21 terminarán la universidad, cuatro estudiarán una maestría y uno llegará al doctorado.

En este contexto, el próximo gobierno ha anunciado la creación de 100 nuevas universidades  aunque sin detallar la estrategia de cómo pretende hacerlo, así como la incorporación del derecho a la educación superior gratuita al Artículo 3 constitucional.

“Hoy, el número de jóvenes en edad escolar de 20 a 24 años que accede a educación superior es solamente de 38 de cada 100, es decir la  mayoría de nuestros jóvenes no pueden estar en la universidad y desde este punto se entiende la política (del nuevo gobierno),  pero al mismo tiempo se tiene que pensar  en cuál va a ser la política de empleo o egreso a la que se enfrenten los jóvenes, porque ahora mismo tenemos egresados universitarios que no logran colocarse  en un empleo, no porque no tengan preparación sino porque el mercado laboral no tiene una expansión como la que está teniendo la educación superior, máxime cuando ahora el presidente electo declara que va a crear estas 100 universidades”,  planteó  Ángel Díaz Barriga investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (ISSUE) de la UNAM

“El tema es sentarse a ver pesos y centavos y ver qué tipo de inversión significa  para el Estado porque  si vamos a ofrecer y abrir instituciones de mala  calidad o calidad muy regular realmente al país no le conviene”, acotó.

Hoy, a diferencia de 1990 cuando el sistema de educación superior contaba con 776 instituciones que atendían a 1.25 millones de estudiantes de licenciatura y posgrado,  existen ya 3 mil 186 instituciones en el país.

En la década de los noventa se crearon las universidades tecnológicas y los institutos tecnológicos descentralizados mientras que al inicio del nuevo siglo  surgieron las universidades politécnicas y las interculturales.

Con respecto al tipo de sostenimiento, a partir del año 2000 la matrícula atendida por las instituciones de educación superior públicas y particulares se ha estabilizado en una relación de 7 a 3 alumnos.

“Ahora el tema de universidades es tremendamente disperso, tenemos universidades estatales, públicas estatales, estatales con apoyo solidario, e interculturales; eso fue algo que se hizo en el sexenio de Fox  en un intento de decir que haya universidad para grupos indígenas, universidades politécnicas,  institutos tecnológicos federales y descentralizados e instituciones particulares, el problema es que empezaron a crecer muchas universidades o que se llaman universidades que obviamente no pueden ofrecer la calidad académica que demanda la educación superior”, advirtió Díaz Barriga

Por ejemplo, para enero de este año, según información de la ANUIES, sólo 458 de las 2 mil 724 instituciones activas en el país que ofrecieron estudios de técnico superior universitario y licenciatura contaron con programas acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A. C. (COPAES), es decir 16.8 por ciento del total

Otro reto

En 2012, México se propuso  la meta de alcanzar la universalidad de la educación media superior  en diez años, al establecer la obligatoriedad del bachillerato.

Sin embargo, a pesar del incremento en la matrícula que este año llegó a  5 millones 715 mil estudiantes,  un millón 280 mil  alumnos más que en 2012, todavía entidades como Guerrero, Oaxaca  y Michoacán tienen una cobertura de menos de 70 por ciento.

Estadísticas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), indican que sólo 19 entidades superan la tasa de cobertura de 80 por ciento en este nivel educativo, la meta fijada por la última administración.

Deserción

A ello se suma el problema de la deserción de unos 700 mil jóvenes que abandonan el bachillerato cada año por motivos escolares, económicos, o problemas familiares, entre otros.

Con este escenario, el  presidente electo  Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a brindar educación superior gratuita para todo aquel que quiera estudiar la universidad.

En el Senado, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres presentó en septiembre una iniciativa que propone reformar el artículo 3 de la Constitución, a fin de que el Estado tenga la obligación de impartir  la educación superior.

Pero no es la primera iniciativa en su tipo; en 2014, por ejemplo, el senador petista David Monreal Ávila propuso  establecer en el artículo tercero de la Constitución la obligatoriedad del Estado a impartir la educación superior y en 2015 la bancada de Morena  en la Cámara de Diputados presentó la iniciativa de Ley para  el Derecho a la Educación Superior Obligatoria.

Al respecto, Ángel Díaz Barriga investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (ISSUE) de la UNAM expuso que una cosa es establecer la obligatoriedad y otra tener los mecanismos para cumplirla.

“La secundaria es obligatoria desde los 90 pero no el  100 por ciento de los muchachos de 13 o 12 años están en la secundaria,  lo mismo podríamos decir en el caso de bachillerato, es obligatorio  desde la reforma pero no hay forma de garantizarlo,  el Estado no tiene mecanismos para garantizar esta obligatoriedad que decreta, se tiene que ver la inversión que debe hacerse”, insistió.

Datos de la OCDE  indican que México ocupa hoy, por ejemplo, el quinto lugar entre los países de la organización  con el menor gasto público con poco menos de 10 mil dólares anuales por alumno a diferencia de Japón que destina  32 mil dólares por estudiante.

Sobre el financiamiento, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador ha señalado que no habrá recorte para el presupuesto de educación superior para el 2019, aunque tampoco habrá  un aumento.

CRISIS EN UNIVERSIDADES

La crisis financiera que enfrentan al menos una decena de Universidades Públicas Estatales (UPE) será uno de los graves problemas que tendrá que enfrentar el próximo gobierno.

El bache financiero sigue siendo tal que las universidades autónomas de Chiapas, el Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas han advertido que están en  riesgo de no cubrir las nóminas a sus trabajadores toda vez que  enfrentan un déficit de 19 mil millones de pesos.

El problema  de las universidades públicas estatales empezó en 1998 por el peso de una nómina millonaria y una baja  matrícula que las limitó a tener más presupuesto y año con año acumulan adeudos  correspondientes a cuotas del IMSS, ISSSTE e Infonavit así como por impuestos al SAT y  pago de proveedores.

La presión por los contratos colectivos de trabajo que plantean  entre otras cosas, una edad promedio de jubilación de 52 años, con sólo 25 años de servicio y  jubilaciones dinámicas  agrava la situación.

Por esa presión las universidades recibieron en 14 años, es decir entre 2002 y 2016 un total de 26 mil millones de pesos por parte del gobierno federal. Sin embargo para 2017 la partida desapareció, poniendo a las universidades contra las cuerdas.

A ello, se sumó el recorte de casi  cinco mil 300 millones de pesos  con el que iniciaron las universidades el año 2017 con respecto del 2016, al recibir 114 mil 399 millones en vez de 119 mil 666 millones

Derivado de ello el Apoyo a Reformas Estructurales destinado a pagar deudas por pensiones y jubilaciones quedó eliminado  mientras que el Programa Nacional de Becas sufrió una reducción de casi 30 por ciento.

De acuerdo con un diagnóstico de la ANUIES el pasivo que más impacta a las universidades es justo el que se deriva de los regímenes de pensiones y jubilaciones lo que hace necesario definir una política de financiamiento de carácter plurianual que dé suficiencia y certeza a las instituciones públicas de educaciones superior  de todos los subsistemas

En el documento Visión y acción 2030, propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México, la asociación  propone establecer un nuevo esquema para la asignación del presupuesto público que permita a las universidades contar con los recursos suficientes para el desarrollo de sus funciones académicas con calidad; diseñar un programa para atender los problemas estructurales críticos de las universidades públicas estatales; y fortalecer las habilidades directivas para lograr una gestión sustentable con énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas.

Sobre la problemática, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha declarado que se va a buscar una solución para rescatar a las universidades públicas estatales aunque aún no existe un plan para ello, pero que se hará con  respeto a la autonomía universitaria y sin tolerar la corrupción

COBERTURA BÁSICA SIN CALIDAD

Los logros de la cobertura de educación básica son importantes. Desde la creación de la Secretaria de Educación Pública (SEP) hace 97 años, por José Vasconcelos, hasta la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se ha logrado que de 100 alumnos de primaria, 97 entren a la secundaria.

En casi un siglo, distintos funcionarios desde José Vasconcelos hasta Carlos Salinas de Gortari, con el programa social Solidaridad, lograron alcanzar niveles de alfabetización en la población mexicana. Con ello, México logró cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que consisten en universalizar la educación básica.

El proyecto de educación socialista en las escuelas rurales durante la década de 1930, así como la Campaña Nacional contra el Analfabetismo, que dirigió Jaime Torres Bodet, de 1943 a 1946 y la dotación de escuelas prefabricadas en zonas rurales durante los años 60, fueron las bases de la cobertura de educación básica.

Con el expresidente Carlos Salinas y el programa social Solidaridad, se logró reducir la deserción escolar, debido a los apoyos económicos a las familias.

El doctor Carlos Ornelas, experto en políticas de educación, consideró que la cobertura básica es el logro basado en el esfuerzo en distintas administraciones. Sin embargo, los retos que enfrenta el país siguen siendo principalmente la calidad, la profesionalización de los docentes y la organización burocrática.

“El problema principal tiene que ver con la calidad de la educación. Los avances no han sido igual de importantes”, dijo.

De acuerdo con el analista, se estima que en el país hay 800 mil niños sin cursar o que abandonaron la primaria por factores como la pobreza, marginación, o tener que ayudar a las labores de trabajo y domésticas de sus familias.

“Si bien el fenómeno del abandono ha disminuido en los últimos 40 años, todavía sigue afectando”, aseguró.

Durante el sexenio priista de Enrique Peña Nieto, se contabiliza que hay 25 millones 980 mil 148 alumnos de primaria. Con la promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, impulsada por el exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, entraron por concurso 200 mil docentes.

La medida, aunque criticada, tendría que madurar para ver resultados en la mejora de la calidad de la educación que reciben los niños, consideró el experto.