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Hoy No Circula no frena la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México

Víctor Alvarado, responsable de Transporte Eficiente de la organización El Poder del Consumidor, detalla que el pago del llamado “brinco” en los verificentros abona a los altos índices de polución

Ernesto Méndez | 15-06-2022
Verificentro en la CDMX.
En México transitan 34.6 millones de automóviles, 98% de ellos son de uso particular, y el Estado de México es la entidad con más unidades registradas, con ocho millones. Foto: Daniel Betanzo/ Archivo

En lo que va del año, los altos niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México han provocado la activación en cinco ocasiones de la contingencia ambiental, que ocasiona que 1.7 millones de vehículos dejen de circular y riesgos a la salud en población vulnerable, como adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

De acuerdo con Víctor Hugo Páramo, coordinador de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), todavía podrían ocurrir una o dos contingencias más en caso de que las lluvias no hagan su trabajo de dispersar la polución.

Creado en noviembre de 1989, el Programa Hoy no Circula no es aún la solución para evitar la problemática que existe por la emisión de grandes cantidades de ozono a la atmósfera.

Según datos actualizados del Inegi, en México transitan 34.6 millones de automóviles, 98% de ellos de uso particular, siendo el Estado de México la entidad con más unidades registradas (8 millones), seguida por la Ciudad de México (6 millones).

En  la Ciudad de México circula un número importante de autos con placas del Estado de México y Morelos, donde las verificaciones vehiculares son más laxas que las que se practican en la capital del país.

Encargados de talleres mecánicos de la Zona Metropolitana del Valle de México consultados por Excélsior, reconocieron que en los verificentros del Estado de México es más fácil pasar la verificación vehicular, “porque se paga el brinco de 150 o 200 pesos y con eso te evitas cualquier sorpresa”.

Víctor Alvarado, responsable de Transporte Eficiente de la organización El Poder del Consumidor,  destacó que más allá de un secreto a voces, la corrupción en los verificentros es una realidad, porque aunque el programa de verificación vehicular en todas los estados que conforman la CAMe deben tener los mismos estándares de gestión, medición e instrumentación, las diferencias entre la CDMX y las otras entidades son evidentes.

“Por ejemplo, no son los mismos precios, y eso permite generar ciertas facilidades a las personas sobre dónde les conviene verificar, así como el tiempo que se tardan en cubrir el trámite, lo que va generando incentivos para la corrupción”, explicó.

El también consultor en movilidad, transporte y ciudades detalló que la práctica del “brinco” para que los automóviles pasen sin contratiempo la verificación vehicular sigue ocurriendo, pero lamentablemente no hay una estadística que permita hacerlo cuantificable.

Agregó que para lograr que la homologación de los verificentros pase del papel a la aplicación no es de la noche a la mañana y esto, por el momento, dificulta la aplicación de políticas públicas para el control de la contaminación atmosférica por parte de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y gobernadores de la región.

“Para poder contar con un sistema homologado de verificación vehicular al menos a nivel de la Megalópolis, es decir, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, se requieren, por lo menos, de dos a tres años”, pronosticó.

De acuerdo con la CAMe, el software que utilizan los 364 verificentros de las seis entidades que conforman la Megalópolis, no necesariamente es el mismo, ya que sólo tienen la obligación de que los métodos de prueba para la evaluación y las especificaciones de tecnologías de la información y hologramas, estén armonizados conforme a la Norma Oficial Mexicana 167 (NOM-167-Semarnat-2017).

En su caso, tendría que ser la Profepa la que verifique que todos los verificentros cumplen con las especificaciones que marca la normatividad vigente.

 

 

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