Indagan crimen organizado en Odebrecht; fiscal presentará caso a juez federal

CIUDAD DE MÉXICO.

En un plazo no mayor a 60 días, el caso Odebrecht será presentado ante un juez federal bajo la premisa de que existió delincuencia organizada.

De acuerdo con Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, el caso, cuya investigación inició en enero de 2017, no ha presentado resultado alguno.

“Razón por la cual la Fiscalía ha tenido que reponer, en buena parte, ese procedimiento con base en la información recopilada recientemente”, explicó.

“En un plazo que no debe pasar de 60 días, se habrá de empezar a judicializarlo bajo la premisa de una maquinación delictiva, en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada”.

Uno de los principales involucrados en las indagatorias es el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien se ha visto beneficiado con amparos por violaciones al principio de legalidad y seguridad jurídica en que incurrió la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

En conferencia de prensa, Gertz Manero dijo que se seguirán respetando los acuerdos realizados por México para no involucrar a ciudadanos brasileños que han colaborado en el caso.

Nuestro país ya firmó un acuerdo con la Procuraduría de Brasil para concederle inmunidad legal a los directivos de Odebrecht, por lo que se adquirió el compromiso de no presentar imputaciones penales contra ellos.

Los Datos

“Hubo en Odebrecht maquinación criminal”

Gertz Manero dice que se ha tenido que reponer el procedimiento con base en información recién obtenida.

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero anunció que en un plazo no mayor a 60 días presentará  finalmente el expediente del caso Odebrecht ante un juez federal bajo la premisa de que existió delincuencia organizada.

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En conferencia de prensa, Gertz Manero también reconoció que durante las indagatorias y su judicialización se respetarán los acuerdos realizados por nuestro país para no involucrar a ciudadanos brasileños que han colaborado en el caso.

Y es que nuestro país ya firmó un acuerdo con la Procuraduría de Brasil para concederle inmunidad legal a los directivos de Odebrecht por lo que se adquirió el compromiso de no presentar imputaciones penales contra estas personas.

“En este caso tan grave para la imagen del país, y para su respetabilidad y confianza, lo inició la Procuraduría General de la República desde enero de 2017 y, hasta la fecha, no había dado resultado alguno, razón por la cual la Fiscalía ha tenido que reponer, en buena parte, ese procedimiento, con base en la información recopilada recientemente.

“En un plazo que no debe pasar de 60 días se habrá de empezar a judicializarlo bajo la premisa de una maquinación delictiva, en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada”, señaló.

Apenas a finales de 2018, para cumplir la sentencia de amparo de un tribunal federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dejó insubsistente la inhabilitación por cuatro años para participar en contrataciones públicas a la constructora Odebrecht, contenida en el expediente PTRI-S-005/2017.

Sin embargo, aún quedan otros cuatro expedientes abiertos en los que se ha decretado la inhabilitación por al menos dos años y los cuales actualmente están en litigio en diversos juzgados y tribunales federales de la Ciudad de México.

Y es que los integrantes del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México decidieron amparar a Odebrecht por “vicios de fondo” en el procedimiento administrativo que violaron, en perjuicio de la constructora, los derechos de legalidad y seguridad jurídica del artículo 14 de la Constitución.

Uno de los principales involucrados en las indagatorias es el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien en numerosas ocasiones se ha visto beneficiado por la justicia, mediante la concesión de amparos por violaciones al principio de legalidad y seguridad jurídica en que incurrió la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Implicaciones

Advierten delito de estado

De acuerdo con el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dentro del caso de la llamada estafa maestra se consideró imperativo reestructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada, en lo que calificó como un posible delito de Estado.

Para el titular de la FGR este asunto debió de haberse investigado sobre la premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público.

“Los elementos aportados así lo indican; razón por la cual es necesario reestructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada, en un posible delito de Estado, encubierto en su momento posiblemente por diversas instancias públicas como Hacienda, Función Pública, Educación y otras más; razón por la cual se procederá de inmediato a investigar”, puntualizó.

Hasta el momento se han obtenido cinco vinculaciones a proceso y se encuentran pendientes otros procesos.

Juan Pablo Reyes

Tiene rezago de 300 mil

La Fiscalía General de la República (FGR) heredó un rezago injustificado de más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación sin resolver, aseguró su titular, Alejandro Gertz Manero.

Al presentar un informe general de sus primeros 100 días al frente de la institución, detalló una serie de irregularidades y anomalías, que podrían derivar en delitos, en temas como la compra de vehículos terrestres y aéreos, así como la renta de edificios.

Además del rezago heredado, el promedio general de eficiencia terminal favorable en sentencias definitivas judicializadas no alcanzaba más del cinco por ciento.

Por parte de la policía ministerial se heredó un rezago de más de 20 mil órdenes de aprehensión incumplidas y más de 28 mil mandamientos ministeriales en igual situación.

Notimex

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