Engaños y corrupción, el modus operandi del fondo Lion México Consolidated

El común denominador en la manera de operar del fondo de inversión Lion Mexico Consolidated (LMC) es el engaño y la corrupción. Así lo hizo con sus socios en Quintana Roo y Acapulco. Y, sin duda, también con los que tenía en Jalisco y Nayarit. De este último caso deriva el Arbitraje Internacional promovido por el fondo canadiense en el que el Estado Mexicano podría pagarle más de 47 millones de dólares, debido al supuesto incumplimiento del Capítulo XI del TLCAN, y a la ineficiente defensa del gobierno de México. 

Cabe mencionar que Lion Mexico Consolidated pertenece a la firma global de inversión Franklin Templeton que, en el país, es dirigida por Hugo Petricioli, hijo del político y economista Gustavo Petricioli, quien estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la última parte del gobierno de Miguel de la Madrid.

Las experiencias de los empresarios mexicanos involucrados con LMC coinciden: el fondo canadiense se presenta con una cara amigable buscando socios en desarrollos inmobiliarios estratégicos, ofreciéndoles invertir en dichos proyectos. Pero, cuando las negociaciones avanzan, dejan de cumplir con lo prometido en un principio con la intención de despojar a los inversionistas de sus propiedades y proyectos. 

En el caso de Quintana Roo, por ejemplo, la historia comienza en 2007, cuando un inversionista mexicano en desarrollos turísticos de Cancún se asoció con el fondo para llevar a cabo un proyecto ubicado en la Riviera Maya. El mexicano se quedó con el 55 % de la sociedad, mientras que el fondo obtuvo el 45 %. Todo parecía ir en orden, hasta que LMC incumplió con varios compromisos clave, que dieron lugar a una controversia judicial y al impago de un crédito bancario por decisión unilateral del fondo. 

Al final, una de las propiedades clave del proyecto se perdió frente al banco como consecuencia de un juicio hipotecario y, en 2011, se presentaron demandas arbitrales ante el International Chamber of Commerce (ICC), mecanismo acordado para la resolución de controversias. El tribunal emitió tres laudos en favor de LMC, debido a que presentó documentos y testimonios falsos. Sin embargo, dos fueron anulados por no cumplir con la legislación mexicana y el tercero está en proceso.

La historia en Acapulco no es diferente. Después de que los empresarios mexicanos obtuvieron financiamiento de la banca tradicional, decidieron salir a buscar recursos al mercado internacional, donde encontraron al fondo canadiense. El 12 de octubre de 2007, después de que LMC pidiera a los empresarios locales disfrazar la operación como un préstamo, en lugar de una inversión, se firmó el acuerdo.

Durante los primeros meses todo fluía sin contratiempos. Pero, para 2008 el fondo tomó control de prácticamente todo: obra, cuentas, revisiones, entregas. Así continuó el negocio hasta que, en 2009, los empresarios mexicanos decidieron hacer juntas notarizadas de comité para intentar recuperar el control. Los representantes de LMC no asistieron a dos de ellas, por lo que se les demandó por no cumplir como socios. El proceso legal sigue vigente, lleva en los tribunales desde julio de 2010. Esto provocó el malestar del fondo, que recurrió a sus contactos para presionar a los mexicanos, quienes después de una persecución decidieron llevar el caso a Estados Unidos.

Un golpe al Estado mexicano

De acuerdo con la sentencia publicada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el juicio ARB (AF)/15/2, el Estado Mexicano podría indemnizar al fondo de inversión LMC por más de 47 millones de dólares.

Según el laudo emitido el 20 de septiembre de 2021, México violó el artículo 1105 del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que además se le ordenó pagar más de 580,000 dólares por el procedimiento legal, más de 1 millón por los costos de la defensa y un interés moratorio a una tasa del 2 % capitalizable cada seis meses.

Este laudo surge luego de que, en febrero del 2007, LMC invirtiera 32.8 millones de dólares en desarrollos promovidos por tres empresas mexicanas en Nayarit y Jalisco. En 2008, la firma ordenó detener los recursos para los proyectos e intento cobrar los pagarés que había firmado como garantía. Ante esto, las firmas mexicanas tomaron cartas en el asunto, lo que derivó en una demanda presentada en junio del 2012 resultando favorable para las compañías locales.

Al no tener un resultado favorable, el 11 de diciembre del 2015 LMC presentó ante el CIADI una solicitud de arbitraje en contra del Gobierno de México alegando que los tribunales en el país no le proporcionaron un trato justo y equitativo.

Actualmente, la ejecución de la sentencia se encuentra en pausa porque el Gobierno Mexicano demandó la nulidad del caso frente a una corte del Distrito de Columbia en Estados Unidos. De no lograr esta nulidad, México todavía puede recurrir a otras instancias para evitar el pago impuesto. 

Hasta el día de hoy el fondo Lion Mexico, ha ganado dos laudos a sus socios mexicanos en el proyecto de Quintana Roo, y otro laudo más al Estado Mexicano. Los dos primeros fueron anulados por múltiples irregularidades. Ahora México espera también poder anular el laudo que hoy pesa en su contra y evitar así el pago de más de 47 millones de dólares al Fondo Canadiense.

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