Logo de Excélsior                                                        
Nacional

Desacato se hace costumbre en el Congreso; Poderes de la Unión

Legisladores han optado por omitir sentencias sobre temas como el lugar de Movimiento Ciudadano en la Permanente, la reposición del recorte al INE por revocación de mandato o el escaño de Bonilla

LETICIA ROBLES DE LA ROSA | 22-08-2022
Desacato se hace costumbre en el Congreso; Poderes de la Unión
Desacato se hace costumbre en el Congreso; Poderes de la Unión. Ilustración: Abraham Cruz

Rechazada abiertamente por los diputados federales de Morena, porque consideran que la autoridad judicial se excede en sus atribuciones, la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que se incluya a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente no existe en los registros legislativos de esta instancia del Poder Judicial federal; desapareció. 

El 10 de agosto, la mayoría formada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo rechazó en votación nominal considerar como un asunto de urgente resolución del pleno convocar a la Cámara de Diputados para integrar a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente, dado que fue ordenado por el Tribunal Electoral. 

 La orden de la presidenta de la Comisión Permanente, Olga Sánchez Cordero, fue turnar el tema a comisiones. 

“Conforme a lo resuelto en la votación, no se considera de urgente resolución y, en consecuencia, se turna a la Primera Comisión la iniciativa con proyecto de decreto suscrita por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones durante el actual receso del primer año de ejercicio legislativo”, dispuso. 

 Pero en el listado de los 17 asuntos que el Pleno turnó a la Primera Comisión, registrados en la sesión del 10 de agosto no aparece ninguno referente a la convocatoria de una sesión extraordinaria para cumplir el mandato. 

 Mañana martes 23 de agosto, la Primera Comisión de la Comisión Permanente, que preside la morenista Lucía Meza, ni siquiera tiene considerado el tema en el listado de 15 dictámenes. 

En la historia de la relación entre los poderes Legislativo y Judicial no existe información de un episodio de desacato de este nivel, en el que un tribunal federal de última instancia ordene al Legislativo y éste desacate en tres ocasiones e incluso modifique la ley para que nadie pueda regular su trabajo ni defender los derechos de los legisladores. 

 “Lo que hay en este país y, aparentemente en este Parlamento, es una negación total de acatar la ley. Como dice el Presidente: ‘no me vengan con el cuento de que la ley es la ley’, pues aquí hacen exactamente lo mismo. Es un tribunal constitucional con una resolución en firme y la Comisión Permanente lo que hace, por supuesto copada por una mayoría, es tergiversar la ley, asumiendo tácticas dilatorias y evitando a toda costa darles voz a nuestras diputadas y nuestros diputados por el lugar que les corresponde en la Comisión Permanente”, reprobó Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano. 

Consideró que “no es un punto menor lo que estamos tratando. Un desacato de una resolución de un tribunal constitucional es una violación fragrante que va a manchar, de manera muy lamentable y va a generar un procedente muy importante, en la manera en que la mayoría observa el imperio de la ley”. 

 Jorge Álvarez Máynez, coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, destacó que no dejarán de dar la batalla por la justicia y la legalidad por el cumplimiento de la ley en el país. 

IGNORAR ORDEN 

 Pero la negativa de la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, tanto de manera directa como por medio de la Comisión Permanente, no es la primera en que los legisladores federales de Morena aplican su criterio personal para ignorar los fallos de los tribunales constitucionales. 

El 1 de junio de este año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió declarar la invalidez del presupuesto que la Cámara de Diputados asignó al Instituto Nacional Electoral para este año 2022, que registró un recorte, a pesar de la realización de una consulta de revocación de mandato. 

 Según la información oficial de la Corte, “el proyecto propuso declarar parcialmente procedente y fundado. 

 “Declarar la invalidez del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, en lo concerniente al presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral, anexos 1 y 32, en el ramo 22, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre de 2021, en los términos del apartado nueve para los efectos precisados en el apartado diez de esta decisión. 

 “Que la Cámara de Diputados deberá analizar y determinar, en sesión pública, lo que corresponda respecto al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del INE para el ejercicio fiscal 2022, dentro del lapso de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación, en los términos del apartado IX y para los efectos precisados en el apartado X de esta sentencia; y se dé publicidad a esta resolución, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el Diario Oficial de la Federación”, dice la resolución oficial. 

 De esta manera, la Cámara de Diputados tenía, estrictamente, hasta el 15 de julio para modificar el presupuesto del INE para este año y reponerle el dinero que le recortó. 

 Como la resolución de la Primera Sala de la Corte se registró el 1 de junio, dentro del periodo de receso del pleno de la Cámara de Diputados, ésta debía solicitar a sus comisiones emitir el dictamen para modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 o fundamental técnica y jurídicamente el recorte de 26% que le aplicó al INE. 

 Ninguna parte de ese procedimiento legislativo se registró, porque la sentencia de la Corte incluyó que los 45 días comenzarán a correr cuando se publique la resolución en el Semanario Judicial de la Federación y en el Diario Oficial, lo cual no ha ocurrido. 

De esta forma, la propia SCJN le ha permitido a la Cámara de Diputados no cumplir con la sentencia, porque los ministros no han publicado la sentencia. Mientras, el INE trabaja en este 2022 con ese recorte de 26 por ciento. 

DEFENDER DERECHOS 

A raíz de que en diciembre del 2021 la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados negó el derecho de Movimiento Ciudadano a contar con un diputado en la Comisión Permanente y la Junta de Coordinación Política del Senado decidió que el Grupo Plural no puede formar parte de la Comisión Permanente, porque constitucionalmente no es un grupo parlamentario, el TEPJF tomó una resolución de ordenar a ambas Cámaras incluirlos. 

 Desde el primer momento, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, a los morenistas, petistas y verdes les molestó la resolución de los magistrados electorales, al grado que, con la ayuda del PRI en Cámara de Diputados, promovieron una reforma para impedir que el TEPJF vuelva a corregir las decisiones de los órganos de gobierno del Congreso de la Unión. 

 Una vez que el pleno de Diputados, la aprobó, con 60 votos en favor de Morena, PT, PVEM y PES, 39 votos en contra del PAN, PRI, PRD y del llamado Grupo Plural y la abstención de la verdeecologista Gabriel Benavides, el pleno del Senado avaló el 16 de marzo esa reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

La reforma establece que no será objeto de impugnación “cuando se pretenda impugnar cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión, su Comisión Permanente o cualquiera de sus Cámaras, emitido por sus órganos de gobierno, como los concernientes a la integración, organización y funcionamiento internos de sus órganos y comisiones legislativas”. 

 Estas nuevas disposiciones entraron en vigor, pero en abril, cuando se decidió la integración de la Comisión Permanente, ambas Cámaras dominadas por Morena volvieron a desacatar al Tribunal. 

 Los diputados excluyeron nuevamente a Movimiento Ciudadano y en el Senado se le quitó el lugar al PRD para dárselo al Grupo Plural, que no es grupo parlamentario, pero fue para acatar la resolución del Tribunal. 

 Dado que el tema del diferendo es anterior a la reforma para evitar la intromisión del TEPJF, los magistrados pudieron pronunciarse. Volvieron a ordenar a Diputados incluir a Movimiento Ciudadano, pero a cuatro meses de diversos fallos al respecto, ahora ni siquiera está en registros la petición de un extraordinario para incluir a MC en la Permanente. 

Respecto al PRD, ganó en el TEPJF y logró que a partir de la Permanente de diciembre-enero del 2023 se le devuelva su lugar. 

 A diferencia de lo que ocurre en Diputados, donde no se acata la resolución; en el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, anunció que en diciembre-enero el Senado acatará la resolución del TEPJF; reintegrará al PRD en la Permanente, sin quitarle el lugar al Grupo Plural, sino basado en la representatividad real de todos los grupos parlamentarios. 

 Otro descato a una resolución judicial lo protagonizó la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, a quien la Sala Regional Guadalajara del TEPJF le ordenó llamar al suplente del senador Jaime Bonilla, dado que esa sala consideró que él no podía regresar a ser senador, si ya había optado por ser gobernador, después de haber sido senador. 

 Olga Sánchez Cordero argumentó que no llamó al suplente, porque la resolución de la Sala Regional estaba sub judice; es decir, pendiente de resolución judicial en firme. 

 Sin embargo, en materia electoral y de derechos electorales no existe el concepto sub judice, porque las resoluciones se aplican, independientemente de que se impugnen ante la Sala Superior; es decir, no hay actos de suspensión de una resolución. 

 

Se anticipan ante posible consulta 

Por primera vez el Consejo General del INE votará, por separado de su presupuesto base, un “presupuesto precautorio” de 4 mil 25.43 millones de pesos para la realización de una posible consulta popular 2023, recursos que serían devueltos a la Federación en caso de que no se realice ninguna consulta. 

 Esta estrategia, en adición a la aprobación, también por separado, del financiamiento público a partidos políticos, que ya ocurrió en semanas anteriores y para dejar en claro cuál es el presupuesto real del INE. 

 Hoy lunes, en sesión extraordinaria, el Consejo General discutirá el anteproyecto de presupuesto compuesto por 14 mil 437.94 millones de pesos, para cumplir con los gastos operativos del INE y la Cartera Institucional de Proyectos, que corresponden a 2 mil 668.27 millones de pesos. 

— Aurora Zepeda 

 

 

 

Visita nuestra Última hora

Te recomendamos

Tags

Comparte en Redes Sociales