Nacional

Continúa municipalización del agua en Baja California

El gobierno que encabeza Jaime Bonilla ha entregado estos organismos a diversos gobiernos municipales, Tijuana, Ensenada, Mexicali, Rosarito y ahora San Quintín

Redacción | 16-08-2021
Foto: Especial
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BAJA CALIFORNIA

Mientras que la polémica en torno a la municipalización de las comisiones estatales del agua crece en Baja California, el gobierno que encabeza Jaime Bonilla ha entregado estos organismos a diversos gobiernos municipales, Tijuana, Ensenada, Mexicali, Rosarito y ahora San Quintín.

Diputados que integraron la pasada XXIII Legislatura de Baja California signaron un documento mediante el cual interpusieron la acción de inconstitucionalidad "en contra del decreto 289 por el que se reformaron diversos artículos de la Ley que Regula Prestación del Servicio de Agua Potable en el estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del estado de Baja California, el veintinueve de julio de dos mil veintiuno".

Se trata de los morenistas  Rosina del Villar,  Araceli Geraldo Núñez, Juan Melendrez Espinoza, Juan Manuel Molina, Javier Robles Aguirre, Efrén Moreno Rivera, Víctor Hugo Navarro, Evangelina Moreno Guerra, Miriam Cano Núñez y Julia  Andrea González.

Aunque sobre esta transferencia pesa dicha controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, descarta su viabilidad, "pues el artículo 115 constitucional es muy claro en cuanto al manejo del agua, el cual queda en manos de los municipios”.

Rodríguez Lozano dijo que la administración estatal ha actuado en apego a la ley federal que data de 1999, la cual establece que los municipios se harán cargo del tratamiento, distribución y cobro del agua, y que al ser aprobado por 4 de 5 cabildos en el estado, ya es una decisión sin reversa.

El tema de la municipalización del agua es un hecho consumado, lo aprobaron la mayoría de los cabildos, es un hecho histórico que beneficiará al pueblo, porque el control lo tendrán los ayuntamientos que es el ente gubernamental de primer contacto con la gente”, aseveró.

Otro factor detrás de la negativa a aceptar la transferencia de los organismos del agua es el parentesco entre la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila y su cuñado, Luis Torres Torres, un ex funcionario que jugó un papel importante en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)  y la empresa FISAMEX, la cual ha logrado la recuperación de más de mil 700 millones de pesos por   cartera vencida de altos consumidores.

Sin embargo, el papel que dicha empresa  tuvo durante los pasados gobiernos panistas fue decorativo, en tanto que bajo la actual administración fue incentivada para lograr una recuperación de recursos por más de mil 700 millones de pesos de un estimado que ronda los 7 mil millones de grandes deudores como el Grupo Aeroportuario Pacifico (GAP), las casas de apuesta Caliente, y cadenas como Walmart, Home Depot, Sams Club y muchos desarrolladores residenciales que se negaron a pagar los derechos de conexión para el uso de la red de agua potable.

 

 

jcs

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