A 12 meses del sismo: Cambió la ley, no la actitud

CIUDAD DE MÉXICO.

Entre el sismo del 19 de septiembre de 1985 y el de 2017, México construyó un Sistema Nacional de Protección Civil que, como pocos en el mundo, tiene instrumentos analíticos y financieros sólidos, pero donde no hay avances es en la corresponsabilidad ciudadana, pues no hay una cultura del aseguramiento de inmuebles y en muchos casos no se respetan las normas de construcción.

Sergio Puente, presidente del Comité Científico Asesor de Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Protección Civil, en el Centro Nacional de Desastres, señaló que tras el sismo de 1985 se tomó conciencia de que los desastres no son naturales, sino socialmente construidos.

El también investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México destacó, entre otros avances, la creación de un Centro Nacional de Prevención de Desastres, que genera conocimiento relativo sobre la probabilidad de riesgo en todo el país a diferentes escalas espaciales, principalmente la local.

También resalta la creación de una estructura de instrumentos financieros para prevenir y atender emergencias.

Se dice fácil pero es muy importante, porque la atención de la emergencia operó después de los sismos de 1985 bajo la figura del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN); y después, en 2012, se creó el Fondo para la Prevención de Desastres (FOPREDEN), en total coherencia normativa, conceptual, con la nueva Ley, y esos recursos deberían ser asignados de manera permanente a acciones de mitigación de riesgos para que el desastre no se dé”, dijo.

Sin embargo, señala que durante los siguientes 32 años no se hizo nada o muy poco para reforzar la seguridad estructural de los edificios construidos bajo normas de antes de 1985.

También señaló la falta de corresponsabilidad concertada entre autoridades y propietarios de bienes inmuebles; por ejemplo, solamente 6% de los inmuebles del país está asegurado contra daños causados por fenómenos catastróficos, y el Estado mexicano no otorga los suficientes incentivos fiscales para generar una conciencia del aseguramiento, de la prevención y de la transferencia de riesgo.

¿Qué quiere decir esto?, que hay una responsabilidad colectiva social, y que los que no se aseguran transfieren su negligencia a la sociedad, en la figura del Fondo Nacional de Prevención de Desastres, lo que implica crear esa conciencia ciudadana de corresponsabilidad.

Es el enorme déficit que tenemos en el país. Tenemos la figura, los recursos y las normas, pero hay una discrecionalidad en su implementación, que abre la puerta a cualquier tipo de vicios que ya conocemos: corrupción e impunidad”, opinó.

LEYES AVANZADAS Y QUE NO SE CUMPLEN

Para Gustavo Garduño Domínguez, maestro en Derecho y académico de la Universidad Panamericana, las cosas no han cambiado mucho desde los sismos de 1985 a la fecha, porque si bien es cierto que las leyes son más avanzadas y existe una mayor conciencia de las nuevas generaciones, las primeras no se cumplen y no hay corresponsabilidad entre las autoridades y la sociedad civil.

Considera que muchos de los problemas que tenemos en la actualidad en materia de construcciones, al menos en la Ciudad de México, se explican porque dichas edificaciones son ilegales, se hicieron contra la ley por iniciativa de los particulares y al amparo del poder público, o bajo la protección de gobernantes que se sirven del poder.

En su opinión, México debería avanzar hacia una corresponsabilidad entre la sociedad y las autoridades; esto es, hacia efectiva cooperación entre el sector público y privado.

La apuesta, dice, sería que el Estado se acerque a las organizaciones de la sociedad civil, como los Colegios de Ingenieros, y les pida supervisar las condiciones mínimas de seguridad de las obras.

Creo que la participación del sector privado ayudaría a disminuir los problemas en la aplicación de la ley”, consideró el especialista en entrevista con Excélsior.