Juegan a quien propone mas; discusión por financiamiento

CIUDAD DE MÉXICO.

Aunque atoradas en el Congreso existen 21 iniciativas de reformas a la Constitución para reducir o eliminar el financiamiento público de los partidos, tras el sismo del pasado 19 de septiembre, los legisladores se apresuraron a presentar otras 16 propuestas en la materia, esta vez con el propósito de destinar a los damnificados los recursos que dejen de percibir los institutos políticos.

Sin embargo, de acuerdo con especialistas y autoridades electorales, dichas propuestas son inviables, algunas porque transgreden la Constitución, mientras que otras jurídicamente serían factibles de concretar, pero incluyen condicionamientos que dificultan que los partidos se pongan de acuerdo para aprobarlas, como la eliminación de los legisladores de representación proporcional.

Para expertos entrevistados por Excélsior, los planteamientos que han presentado legisladores de casi todos los partidos son demagógicos e irresponsables, efectuados en una coyuntura de emergencia, pero también pensando en el contexto electoral.

“Es una feria de ocurrencias. Saben que no van a transitar políticamente. Las propuestas que están haciendo son antisistema y antipartidos, quiere decir que están muy confiados en que no van a pasar”, aseguró María Marván, expresidenta del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE).

Subrayó que en todas estas iniciativas hay un alto nivel de irresponsabilidad. “Yo creo que lo que están haciendo es abusando del momento de tragedia del país”, aseveró.

En tanto Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), indicó que dichos planteamientos son “demagógicos, populistas e irresponsables” y, de llegar a concretarse, derivarían en el incremento de delitos en la materia, como desvío de recursos durante las campañas.

“Quien impulsa reformas en el sentido de eliminar a los plurinominales o el financiamiento público de los partidos, o no conoce la historia constitucional y electoral de México, o simple y sencillamente es un demagogo”, expresó.

Le dan vuelta a la ley

De acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

El proceso electoral 2017-2018 comenzó el pasado 8 de septiembre, por lo que las modificaciones a leyes en materia electoral están prohibidas desde el 10 de junio de este año. Pese a dicho impedimento, cinco de las iniciativas presentadas después del 19 de septiembre plantean modificar leyes electorales.

Para que este tipo de propuestas pudieran efectuarse se tendría que modificar el artículo 105 constitucional, explicó a Excélsior el fiscal electoral, Santiago Nieto.

Sin embargo, advirtió que eso “implicaría quitar la única garantía de estabilidad jurídica que tiene la Constitución para no ser reformada en pleno proceso electoral a los intereses del partido que en ese momento tenga mayoría en el Congreso”.

En tanto, Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que “sería un acto de temeridad y de improvisación, pero jurídicamente sí se puede modificar el artículo 105 y también el 41”, el cual establece el financiamiento público para los partidos.

Sin embargo, el también extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) resaltó que esto generaría una gran incertidumbre en la elección del próximo año y, además, vulneraría el principio de equidad en la contienda.

Pensando en salvar dicha prohibición, cinco de  las iniciativas presentadas tras el sismo proponen reformar directamente la Carta Magna, pues en nuestro país existe el principio, “que parece inscrito en piedra”, de que las reformas a la Constitución no pueden ser inconstitucionales, explicó María Marván.

La experta en temas electorales señaló que aun cuando mediante este proceso las propuestas son viables en lo estrictamente jurídico, los legisladores incluyeron condicionantes que hacen prácticamente imposible que las reformas transiten, como la eliminación de los plurinominales o de los recursos para publicidad gubernamental.

“Todas son políticamente inviables, ninguna va a pasar. Yo creo que son propuestas profundamente demagógicas, hechas al calor de la emergencia”, consideró.

Discusión, en frío

Aunque coinciden en la necesidad de que se analice una reducción significativa de los recursos públicos que reciben los partidos políticos, así como el incremento del porcentaje de financiamiento privado que éstos pueden recaudar, los especialistas insisten en que la discusión de este tema debe dejarse para después del 1 de julio, una vez pasados los comicios de 2018.

“Yo creo que eliminar al ciento por ciento el financiamiento público de los partidos políticos es cambiar absolutamente de paradigma, que requeriría una discusión mucho más amplia, no porque uno no sea empático con las víctimas del temblor”, expresó María Marván.

Agregó que, una vez que concluya el proceso electoral debe entrarse en la discusión de si el país “debe seguir  siendo tan generoso con los partidos y darles dinero aun desde antes de haber ganado un solo voto”.

La exconsejera electoral propone que el Presupuesto de Egresos para 2018 sea replanteado para apoyar a los damnificados por los sismos, considerando recortes a los recursos que reciben los diputados federales para hacer trabajo político, por ejemplo.

Por su parte, Diego Valadés consideró que sí se debe discutir los términos del financiamiento para los partidos, pero no la naturaleza de interés público de éstos ni la preservación de la equidad en la contienda.