El difícil acceso a la justicia

CEIDAS

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CIUDAD DE MÉXICO, 29 de abril.- El acceso a la justicia es uno de los bienes sociales más preciados. A pesar de ello, en nuestro país carecemos todavía de un sistema de procuración e impartición de justicia que responda a cabalidad con los preceptos constitucionales en la materia: respeto a los principios de presunción de inocencia y legítima defensa, acceso expedito y equitativo a la justicia, así como la garantía plena del principio propersona.

83 por ciento  considera que  nunca se sanciona  a los criminales.

Todos los días se documentan casos en los que procesos que deben resolverse en plazos máximos de tres semanas, su análisis y resolución se prolonga hasta por siete meses; casos en los que la pobreza y la ignorancia impiden que las personas en conflicto con la ley accedan con oportunidad a un abogado y o a la defensoría de oficio; y quizá lo peor, de acuerdo con el jurista Miguel Carbonell, sólo alrededor de cinco por ciento de las sentencias se dicta con base en investigación sustentada en investigación científica.

12.2 por ciento  de los hechos criminales son denunciados en nuestro país.

Sin duda alguna, la corrupción y la impunidad continúan siendo los principales enemigos del acceso a la justicia, lo que ha llevado a una peligrosa erosión de la confianza ciudadana en las instancias responsables de procurarla e impartirla, con las nefastas consecuencias que esto tiene en la construcción de la legitimidad democrática de las instituciones del Estado.

El reinado de la impunidad

La percepción ciudadana respecto del desempeño de las autoridades de procuración e impartición de justicia es sumamente negativa. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2013, que elabora periodicamente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 83 por ciento de la ciudadanía considera que casi nunca, o definitivamente nunca se sanciona a los criminales.

Las cinco entidades en donde peor percepción existe son: el Distrito Federal, en donde  94.5 por ciento de la ciudadanía considera que nunca o casi nunca se sanciona a las o los responsables de la comisión de algún delito; en segundo lugar se ubica el Estado de México, con una cofra de 90.4 por ciento de opiniones en el sentido señalado.

6.7 por ciento  de los delitos son denunciados en Guerrero, la entidad con el  índice más bajo.

En tercer sitio se encuentra el estado de Guerrero, con un 88.3 por ciento; le sigue Tabasco con un indicador de 87.5 por ciento; y en quinto lugar, empatados con un dato semejante, los estados de Morelos y Oaxaca, en donde el indicador es de 87.2 por ciento.

Cifra negra

De acuerdo con el INEGI, en nuestro país sólo se denuncia, como promedio nacional, 12.2 por ciento del total de los delitos que se cometen.

 Las entidades en que en menor medida se da la denuncia son: Guerrero, en donde sólo son denunciados ante la autoridad 6.7 por ciento de los delitos; en segundo lugar se ubica el estado de Guanajuato, en donde el indicador es de 8.9 por ciento

146 personas  por cada 100 mil laboran en funciones de Seguridad Pública en el país.

En tercer sitio se encuentra el estado de San Luis Potosí, con un 9.2 por ciento de delitos que llegan a oídos de la autoridad, seguido de Nuevo León, con 9.4 por ciento; y en quinto lugar, empatados con indicadores similares, el Distrito Federal y Sinaloa, con un indicador de 10.2 por ciento en cada una de estas entidades.

Personal insuficiente

Uno de los elementos asociados a la procuración e impartición de justicia es el relativo a las condiciones de inseguridad pública y la capacidad que tienen los gobiernos, en todos sus órdenes y niveles, para garantizar seguridad para toda la ciudadanía, y en particular, para los grupos en mayores condiciones de vulnerabilidad frente a la delincuencia.

Por lo anterior, resulta importante destacar que, de acuerdo con la información del INEGI, en nuestro país se tiene el dato de que, como promedio nacional, habría 146.44 personas en funciones de seguridad pública, por cada 100 mil habitantes.

908 ciudadanos  trabajan en instituciones de Seguridad por cada 100 mil en el DF; tiene el mejor indicador.

Quizá lo más importante a destacar respecto a este promedio es que 26 entidades están por debajo de ese cálculo, el cual está fuertemente influenciado por los números existentes en entidades como el Distrito Federal, en el cual el promedio es de 908 personas en funciones de seguridad pública, por cada 100 mil habitantes.

Según las bases de datos del INEGI, los estados con los peores indicadores en el año 2012 eran: Guanajuato, en el último lugar nacional, con un promedio de 2.19 personas por cada cien mil habitantes; Sinaloa, con un promedio de 12.51; Baja California, con un indicador de 17.6 personas dedicadas a la seguridad pública por cada 100 mil habitantes; Coahuila, con un promedio de 18; y Michoacán con un dato de 21 personas en funciones de seguridad, por cada 100 mil habitantes.

Un país de víctimas

El INEGI proporciona información respecto del nivel de victimización que existe en el país; en la citada Encuesta Nacional de Victimización los datos muestran que tenemos en el país una tasa promedio de 35 mil 139 delitos cometidos, por cada 100 mil mayores de 18 años.

2.19 personas  por cada 100 mil desempeñan labores de Seguridad Pública en Guanajuato, la entidad con la peor cifra.

Las entidades con mayores índices delictivos son: el Estado de México con una tasa de 56 mil 172 delitos por cada 100 mil personas mayores de 18 años; el Distrito Federal con una cifra de 49 mil 198 delitos, en razón de la población señalada; Jalisco, con una tasa de 49 mil 083 delitos por cada 100 mil en el grupo de edad; Quintana Roo, con una tasa de 40 mil 279 delitos; y en quinto sitio Baja California con 39 mil 297 casos por cada 100 mil mayores de edad.

Lentitud criminal

Una persona que es sujeta a proceso penal tiene que esperar, como promedio, un tiempo aproximado de 15 meses, desde el momento en que su caso es consignado a un juez y hasta que se le es dictada una sentencia en primera instancia.

Este indicador muestra la permanente violación de los artículos 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la dilación se da en distintas etapas del
proceso.

35 mil 139  delitos ocurren en promedio en el país por cada 100 mil personas mayores de 18 años.

Los casos más graves son los de las personas que son privadas de su libertad, y tienen que esperar hasta 20 días para que se determine su situación jurídica, pues el envío y recepción de los “exhortos penales” se lleva a cabo todavía mediante mecanismos arcaicos que llevan al uso y costumbre, a todas luces inconstitucional de la “suspensión” del proceso, mientras es llevado o traído un expediente.

Éstas y otras violaciones graves de los derechos humanos, toleradas por la Judicatura Federal, se traducen en el hecho de que, como promedio nacional, el 35 por ciento de las personas detenidas en algún penal, ya sea estatal o federal, se encuentran en espera de una sentencia.

A pesar de lo anterior, hay 24 entidades de la República Mexicana en las que se supera este indicador; los peores indicadores se encuentran, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Quintana Roo, en donde  58.3 por ciento de las personas privadas de su libertad están sujetas a proceso; en segundo lugar se encuentra  el estado de Tabasco, con 55.4 por ciento; en tercer sitio se ubica Yucatán, con 54.3 por ciento; en cuarto lugar Tlaxcala con 50.4 por ciento, y en quinto lugar Aguascalientes, con 49 por ciento de las personas detenidas, y que se encuentran en espera de sentencia judicial.