Desata polémica plan de aplicar polígrafo a jueces

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de julio.- Penalistas y expertos en seguridad rechazaron la propuesta de ley que pretende imponer exámenes de control de confianza a jueces y magistrados para su ingreso, permanencia y promoción en el Poder Judicial federal.

La iniciativa turnada a la Comisión de Justicia del Senado fue catalogada por los especialistas y abogados “como un despropósito, una ocurrencia y un signo de desconfianza” que vulnera el principio de presunción de inocencia al que toda persona tiene derecho.

No obstante, víctimas de la violencia como Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, consideraron que “para frenar la corrupción en el Poder Judicial federal” es necesario obligar a jueces y  magistrados a realizarse la prueba del polígrafo, ya que  actualmente “son juez y parte” en el sistema de sanciones a  los funcionarios del Poder Judicial y en consecuencia  “todo queda en casa”.

En opinión de Ernesto López Portillo, presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A. C. (Insyde), en México la autoridad comete el error de dar por hecho que pruebas como el detector de mentiras son el mejor modelo para medir el nivel de confiabilidad de un servidor público, cuando ni siquiera instrumentos como el referido cuentan con una validación internacional.

Iniciativa. En octubre pasado, el PAN en el Senado propuso que jueces y magistrados se sometan a exámenes de control de confianza.

Por ello, desde su punto de vista la iniciativa que pretende modificar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación parte del “desconocimiento” de los mecanismos modernos existentes para evaluar el desempeño de los servidores públicos.

“Es un despropósito. Los controles de confianza que se utilizan hoy en México están generando muchos más problemas que soluciones y los primeros afectados son  aquellos a quienes se les aplican, particularmente por el hecho de que  el modelo sobreestima el valor del polígrafo.

“Es una ocurrencia, porque se utiliza aquello que se conoce y se intenta transferir desde la policía hacia el Poder Judicial instrumentos que no han sido técnicamente validados por evaluaciones independientes; sin embargo, esta propuesta busca transferirlo como si existiera  la certeza de que se trata del mejor modelo para dar la confiabilidad que se puede depositar  en una persona”, agregó el experto en seguridad.

En tanto, el penalista Ricardo Sánchez Reyes Retana —quien fungió como  defensor del general Tomás Ángeles Dauahare­— reprobó el uso de los controles de confianza, porque vulneran el principio constitucional de presunción de inocencia.

“¿Como por qué voy a practicarle a un individuo que no  pesa imputación en su contra ni ninguna acusación un examen de control de confianza o de mentiras?  El día que tenga una imputación  por malos manejos de su función como servidor público pues sí, pregúntale si se quiere someter a los controles de confianza y él te podrá decir  si sí o no  bajo el principio de no autoincriminación, pero establecer a los jueces y magistrados controles de confianza, no se me hace correcto, es injusto”, destacó.

“Yo creo que si hay una  institución en la República de confianza es el Poder Judicial de la Federación, no hay escándalos comprobados de corrupción.”

En tono similar, Juan Velásquez, con más de 40 años de trayectoria laboral como abogado consideró “innecesario” aplicar exámenes de control de confianza a los juzgadores federales, porque además de que el Poder Judicial federal está integrado “en su mayoría por gente honorable, competente e independiente” cuenta con mecanismos de evaluación capaces de detectar a los malos elementos.

“Me parece que es innecesario, por la alta calidad profesional  y moral  que hay en el Poder Judicial de la Federación; y en todo caso sería llover sobre mojado por los propios controles que tiene el Consejo de la Judicatura Federal  y si eso fuera, tendría que ser de parte de la propia judicatura y no de terceros ajenos”, comentó.

Contrario a las opiniones de los expertos y litigantes, Isabel Miranda de Wallace respaldó la propuesta de ley, debido a los casos probados de corrupción que hay en el Poder Judicial federal y ante los cuales “no ha pasado nada”.

“Indudablemente  deben  someterse a este tipo de exámenes. Es preocupante que el Poder Judicial no haya actuado  con la misma rudeza con la que se supone  debería de actuar en caso de delitos, y creemos  que ha sido omiso porque ellos mismos se sancionan y se controlan, ya que el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, son juez y parte, hoy todo queda en casa”, sentenció.

Consideró que para acabar con la corrupción en el Poder Judicial federal es necesario que el Consejo de la Judicatura federal sea independiente de la Corte .

“Yo creo que la forma de acabar con la corrupción que prevalece en el Poder Judicial  sería que el Consejo de la Judicatura Federal fuera independiente a la  Corte, porque así si sería un  órgano autónomo que pudiera sancionar a los malos servidores públicos”, dijo la activista.

Detector divide posturas en el mundo

Alrededor del mundo existen opiniones divididas en cuanto a la aplicación de la prueba del polígrafo para llevar a cabo exámenes de control de confianza y como parte de  investigaciones en procesos judiciales.

Por ejemplo, en Estados Unidos 18 estados, entre ellos California, Nevada, Arizona y Florida, permiten el empleo de esta prueba siempre y cuando el fiscal y abogado defensor de un juicio accedan a llevarla a cabo.

De acuerdo con el diario El Mundo, en España la utilización de esta técnica es poco fiable para los jueces, quienes consideran que no se ajusta a su Constitución, debido a que un imputado tiene derecho a mentir, según la legislación de este país.

En Japón, Sudáfrica, Israel, Guatemala y Panamá es considerada una prueba judicial, mientras que autoridades de Colombia buscan reglamentar el uso del polígrafo en este mismo sentido desde el 2012.

De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) la prueba del polígrafo consiste en una grabadora fisiológica con la que se evalúan tres indicadores: frecuencia cardiaca, respiración y conductividad en la piel, que se monitorean durante la realización de un cuestionario a un sujeto.

Los evaluadores asumen que una persona está mintiendo cuando el aparato registra un patrón de respuestas fisiológicas altas.

Sin embargo, la APA considera “controversial” la validez de estos exámenes, puesto que los patrones de reacciones fisiológicas no son veraces. “Una persona honesta puede contestar con veracidad y al mismo tiempo ponerse nervioso, y una persona deshonesta puede no sufrir de ansiedad durante la prueba”.

En México el uso del polígrafo es legal en la depuración de policías, así como de funcionarios públicos, aunque no es una prueba contundente para acusar de falta de honestidad a algún elemento, según lo consideró la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero pasado.

Esta herramienta se aplica a altos mandos policiales o del gobierno que ocupan puestos, pero también es utilizada por empresas privadas para medir la confiabilidad de sus empleados.

Aunque en 2010 esta prueba fue utilizada de forma indiscriminada tanto en elementos de menores rangos como a altos mandos de las fuerzas policiacas y cerca de 60 mil efectivos fueron dados de baja por obtener resultados negativos, en la actualidad instituciones como la Comisión Nacional de Seguridad no toma en cuenta los resultados negativos para separar a un policía federal de su cargo.