Linchan a brasileño en Bolivia sin que la policía pueda evitarlo

BOLIVIA.

Una turba pegó y ahorcó en plena plaza del municipio de San Julián (Bolivia) a un brasileño que supuestamente cobraba una deuda a una pareja de bolivianos, sin que la Policía que acudió al lugar pudiera evitarlo, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho sucedió la noche de este pasado lunes en el barrio 15 de Abril de San Julián, a unos 150 kilómetros de la ciudad oriental de Santa Cruz, cuando pobladores del lugar acudieron ante los gritos de una mujer que pedía ayuda y que manifestaba que ella y su esposo eran víctimas de un asalto, informó a los medios el comandante de la Policía Boliviana Alfonso Siles.

Los vecinos se constituyen y proceden a la aprehensión del brasileño y empiezan a golpearlo, amarrarlo e interrogarlo", remarcó Siles.

Un video que circula en redes sociales muestra al brasileño asegurando a los pobladores que se acercó a la pareja a cobrar una deuda.

Siles sostuvo que al contar con dos versiones diferentes, se realizará la investigación para conocer si se trató de un problema de pago o un asalto.

El comandante manifestó que la Policía se hizo presente en el lugar media hora antes de que le quitaran la vida a este hombre para tratar de impedir su ejecución, pero centenares de pobladores amenazaron a la fuerza policial.

El hombre murió ahorcado en un árbol en plena plaza central y la Policía negoció con los pobladores para sacar el cuerpo y llevarlo a la morgue.

El cuerpo ha sido trasladado hasta la morgue de Santa Cruz, donde un equipo multidisciplinario de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y el Ministerio Público está a la espera de los resultados de la autopsia", declaró Siles.

En el municipio de San Julián no había presencia policial porque hacía tres semanas las instalaciones de la Policía fueron quemadas en una protesta por un conflicto con pobladores.

Quienes cometen esta clase de linchamientos alegan que actúan en nombre de la "justicia comunitaria", reconocida en la Constitución boliviana promulgada en 2009, pero las autoridades han explicado varias veces que ese sistema judicial no admite castigos brutales ni lo que llega a ser una pena de muerte de facto.

 

 

emb