Inicia juicio por lavado; salpican a los Kirchner

Ayer inició el juicio contra Lázaro Báez, empresario que se enriqueció al amparo de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Foto: AP/Archivo

BUENOS AIRES.

Autoridades argentinas comenzaron el juicio en el que se investigará el lavado de 60 millones de dólares del que se acusa a Lázaro Báez, un empresario que se enriqueció al amparo de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

La jornada se desarrolló en medio de una fuerte expectativa, ya que este juicio derivará en otro en el que se acusará de manera directa a la expresidenta de haber liderado una asociación ilícita para el cobro de sobornos que los Kirchner presuntamente lavaban a través de sus empresas inmobiliarias y hoteleras.

Báez fue amigo personal de Néstor Kirchner y pasó de ser un modesto empleado bancario a principios de este siglo, a amasar una fortuna superior a los 200 millones de dólares durante los tres gobiernos kirchneristas.

Ya con Kirchner en el gobierno, Báez fundó empresas que obtuvieron numerosos y millonarios contratos de obra pública que lo enriquecieron, pero la justicia sospecha que, para obtener dichas licitaciones, les pagaba sobornos a los expresidentes.

La causa, que fue llevada a juicio, sólo abarca presuntos delitos cometidos en el periodo de 2010 a 2013, es decir, durante los gobiernos consecutivos de Fernández de Kirchner, quien fue electa en 2007 y reelecta en 2011.

En el proceso que comenzó ayer, y que demorará ocho meses y en el que declararán 91 testigos, están acusadas 25 personas a las que se les imputa haber formado parte de una trama de lavado de dinero que incluyó la apertura de cuentas en bancos del exterior y en paraísos fiscales.

Junto con Báez, quien está detenido desde abril de 2016, serán juzgados sus cuatro hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina, ya que formaban parte de las empresas, más abogados, contadores, financistas y otros empresarios.

Todos ellos están acusados de haber conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en Argentina y en el extranjero, “con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita”.