Atoran revisión de Norma 26 por falta de respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.

A tres años de su suspensión, la revisión del contenido y alcance técnico administrativo de la Norma 26, creada para impulsar la construcción de vivienda de interés social, sigue parada.

Parte de esto es porque dependencias del gobierno local no han respondido a las solicitudes de información de la Asamblea Legislativa.

Desde noviembre, el pleno aprobó un punto de acuerdo en el que requirió a las 16 jefaturas delegacionales y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda todas las manifestaciones de construcción y los certificados expedidos; a la Secretaría de Finanzas, los descuentos que hizo por la aplicación de la Norma.

A la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, los expedientes con quejas y resoluciones, lo mismo que a la Comisión de Derechos Humanos (CDHDF), Procuraduría General de Justicia, Contraloría General, Instituto de Verificación Administrativa e Instituto de Vivienda.

También solicitaron los nombres de las empresas inmobiliarias involucradas y de los funcionarios que expidieron permisos irregulares.

Después de casi tres meses, la única instancia que respondió a la solicitud del Legislativo fue la CDHDF.

Ante esto, los diputados panistas Margarita Martínez Fisher y José Manuel Delgadillo, y los priistas Dunia Ludlow y José Encarnación Alfaro, presentaron una excitativa para que estas dependencias cumplan con la petición.

Delgadillo explicó que las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Vivienda tienen a su cargo el análisis de una iniciativa de decreto relacionada con la modificación de la Norma 26 y están obligados a formular y presentar ante el pleno su respectivo dictamen en conjunto, en un plazo específico establecido por la ley y reglamento que rige a la Asamblea Legislativa.

“Resulta inaplazable la investigación de las causas que han generado la controversia pública en torno a la aplicación de la Norma 26”, dijo el panista Delgadillo.

Margarita Martínez Fisher, presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, señaló que el debate no se puede abrir si no cuentan con la información requerida.

“Dice el gobierno que ha habido un mal uso de la Norma, nosotros le pedimos oficialmente que nos diga cómo, quién, qué empresario o autoridad generó un mal uso de la Norma. No es linchar a nadie, no estamos en ese ánimo.

“Dame elementos para saber si efectivamente esas seis mil viviendas que dice la PAOT que se construyeron de manera irregular fueron por el abuso de la Norma; quiero saber qué abusos hubo y a quién vas a castigar, no puede ser que no pase nada. Eso es lo que nos impide dialogar con los ciudadanos y avanzar. Si hay información y sanciones por parte del GDF esto avanzará”, señaló.

La prórroga de la Norma de Ordenación General 26 tiene vigencia hasta abril próximo, aunque se prevé que se extienda ante el nulo avance .

El 8 de octubre de 2012 se publicó en la Gaceta Oficial  la orden de suspensión de los trámites y términos relativos a su aplicación debido a las denuncias de construcciones ilegales que se vendían como de interés social, pero a precio de vivienda de lujo.

Hace unos días, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, al acudir a una sesión plenaria de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, habló de la necesidad de vivienda de nivel medio y de interés social y popular.

“Desgraciadamente todavía no la hemos podido destrabar, no hemos encontrado el concierto político de la voluntad que permita que se destrabe esta problemática.

“Yo creo que aquí hay una ruta que se ha planteado y ante esa imposibilidad de quienes en algún momento obligaron a que se tomara la decisión de suspender la Norma 26, pues habrá que encontrar una solución”, señaló el mandatario local.