Sin sanciones, a 28 meses suspendida la Norma 26

CIUDAD DE MÉXICO.

A más de dos años que se suspendió la aplicación de la Norma 26, ordenamiento que buscaba impulsar la construcción de vivienda de interés social y derivó en abusos de precio y uso de suelo, no hay funcionarios ni desarrolladores sancionados por las irregularidades que fueron denunciadas principalmente por organismos vecinales.

La norma fue dejada sin efecto desde el 19 de agosto de 2013, aunque ha tenido sucesivas prórrogas, la más reciente inició ayer y durará hasta el próximo 30 de abril.

A pesar de la suspensión, los casos de violación al ordenamiento continuaron, por lo que existe una acumulación de 208 quejas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCADF), y 18 juicios de lesividad por irregularidades en su aplicación y uso.

En octubre pasado, al comparecer ante la ALDF, Felipe de Jesús Gutiérrez, titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), dijo a los diputados que las investigaciones seguían su curso y había funcionarios públicos involucrados, aunque no dio más detalles.

Hizo hincapié en que debido a la suspensión de la norma, se ha agudizado el déficit habitacional y ha contribuido al reacomodo de la población hacia la periferia.

En el análisis de casos de 2015, de las 208 quejas que ha recibido la Seduvi, hay registro de 284 trámites de Norma 26 de interés social, tres improcedentes, 252 certificados, y nueve mil 71 viviendas equivalentes a 640 mil 523.12 metros cuadrados.

La magistrada presidenta de la Sala Superior del TCADF, Yasmín Esquivel Mossa, dijo que la Consejería Jurídica ha interpuesto 14 juicios, pero la cifra es más elevada, pues delegaciones y la Seduvi también hicieron lo propio.

“Estas instancias son fundamentalmente las que emiten los actos y quieren que el Tribunal se los anule; en el caso de los juicios de lesividad hay un artículo que prevé que cuando está en riesgo el orden público, o el impacto urbano, el Tribunal debe suspender la obra”, explicó Esquivel Mossa.

La presidenta del TCADF comentó que existen lagunas en la normatividad y que es materia de los diputados locales atender el tema, pues ése es el motivo por el cual las inmobiliarias que se ampararon en la Norma 26 no respetaron las condiciones de venta y ofrecieron vivienda de interés social a precio de lujo.

“Tiene que llegar la autoridad a sancionar, en esa nueva sanción es cuando intervenimos, pero si la autoridad no  sanciona el constructor sigue vendiendo al precio que quiere. Ese  abuso lo hemos advertido en el Tribunal”, dijo la magistrada en entrevista.

Harán mapa de violaciones

La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa (ALDF) retomará el tema de la  Norma 26 con una revisión de sus diez años de aplicación para generar un mapa y sistema  georreferenciado.

Para esto, su presidenta, Margarita Martínez Fisher, solicitó información a diversas instancias del gobierno local, y las llamó a que ya apliquen las sanciones a quien violó la norma.

A las 16 delegaciones y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda les pidió todas las manifestaciones de construcción y certificados expedidos; a la Secretaría de Finanzas, los descuentos por la aplicación de la norma; a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), los expedientes con quejas y resoluciones, lo mismo que a la Comisión de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de Justicia locales.

“La PAOT está diciendo que hay seis mil viviendas construidas con una violación a la norma, y con esa información de dónde se localizan y cuáles son las colonias más afectadas, haré un mapa”, dijo la panista.

Una de las propuestas es que la nueva  Ley de Vivienda del DF incluya las determinaciones para la construcción de vivienda popular y social y no se tenga que hacer a nivel de norma, que considere la producción en general, incluida la media y residencial.

“Hay condiciones para abrir un canal de trabajo y llegar a esta consideración de la ley, pero veo difícil que socialmente sea fácil procesarlo mientras haya impunidad.

El método es escuchar a todos el tiempo que sea necesario hasta que se agote el diálogo. Por ello se implementarán mesas técnicas con todos los actores y tomarán en cuenta la opinión vecinal para no repetir errores pasados.

“Hay una norma de producción de vivienda social suspendida, un rechazo generalizado a los usos de suelo a la carta y una gran desconfianza social.