Ciudadanos deben dirigir presupuesto: Edgardo Buscaglia

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de agosto.- El 100 por ciento del presupuesto de las delegaciones del DF debe ser participativo, y no  3 por ciento como es actualmente. Eso implicaría que los habitantes de las delegaciones podrían decidir a qué se destina el presupuesto y auditarlo cada año.

Así lo dijo en entrevista con Excélsior Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, A.C., quien esta semana impartió el taller Contralorías Ciudadanas: Estrategias para la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la prevención de la corrupción en gobiernos locales.

“Todo el presupuesto debe ser público por definición y debe estar sujeto al escrutinio de los ciudadanos, a través de contralores ciudadanos que no sean designados por los delegados, ni por el jefe de Gobierno, sino realmente sean nombrados por asambleas populares ciudadanas” dijo categórico.

En ese sentido, Buscaglia consideró que pesar de que existe en el DF una Ley de Participación Ciudadana, que en teoría garantiza ese derecho, en los hechos se ha politizado y se obstaculiza la participación del ciudadano.

“La ley ha sido contaminada por las facciones de los partidos en turno que colocan a sus comités ciudadanos, a sus contralores ciudadanos y no dejan que exista ninguna genuina participación en la cogestión de gobierno. Co-gestión entre el ciudadano y el funcionario”, dijo.

Sobre los Consejos, los Comités y las Asambleas Ciudadanas que están enunciados en esa ley, consideró que “el único que no está prostituido son las Asambleas Ciudadanas, los demás se han corrompido con pagos –a sus integrantes–, acá hay cultura política de la prebenda que todavía no se ha ido”, señaló.

Comités tripartitas

En otros países como Venezuela, desde 1998 cuentan con Consejos Tripartitos en municipios para que se co-gestionen los proyectos; en ellos hay representantes del Poder Legislativo, del Ejecutivo y de la ciudadanía. Eso también ocurre en Brasil, Costa Rica, Argentina y Uruguay.

 “Eso quiere decir coimplementar proyectos: que el funcionario y el ciudadano tienen iguales poderes y atribuciones para implementar programas de gobierno”, explicó.

Al final del año, los ciudadanos elegidos por asambleas populares auditan esos programas; y donde descubren desvíos de dinero o programas ineficientes, anulan el presupuesto destinado a ello y lo canalizan a programas que necesita la comunidad.

“Cuando ocurra eso en México vamos a empezar a ver una democracia real y no el choro mareador que están viviendo ustedes… que disfrazan de democracia”, comentó.

Buscaglia, impartió el taller donde entrenó a decenas de contralores ciudadanos, invitado por el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (InfoDF), Mucio Israel Hernández Guerrero.

La meta que se pusieron Hernández y Buscaglia es plantearle el tema a los delegados en octubre y “ver quiénes realmente tienen vocación democrática y están dispuestos a que los programas sean auditados por contralores ciudadanos”.