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Viviendo con el coronavirus tras las rejas

Anabella Pezet | 14:35
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En México existen cerca de 200 mil personas que viven en una cárcel. La mayoría de ellas, poco más de 175,000, viven en prisiones estatales; mientras que los presos que han cometido un delito federal, como tráfico de drogas, lavado de dinero, secuestro, u otros delitos graves, se encuentran distribuidos entre las 19 prisiones federales de alta seguridad, sumando casi 17,000 personas.

El pasado 15 de marzo, el Gobierno Federal decretó la cuarentena bajo el lema #QuédateEnCasa. La mayoría de los mexicanos nos confinamos en nuestros hogares, se suspendieron las clases, los establecimientos no esenciales cerraron sus puertas, y comenzó un psicosis social de encierro que ha durado casi cuatro meses.

Pero, ¿Qué hay de aquellos que han sufrido esta pandemia, detrás de las rejas, encerrados en pequeñas celdas, muchas de ellas hacinadas?

El pasado miércoles 1º de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo público el Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en los centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada ante el virus SARS-CoV2 (COVID-19). En él dio a conocer las condiciones que prevalecen y viven las personas privadas de la libertad ante esta epidemia.

El trabajo reflejado desde la Tercera Visitaduría General, recopiló datos en los distintos sistemas penitenciarios estatales, federal y militar, sobre las medidas tomadas en esta emergencia sanitaria.

El resultado del estudio no es nada alentador, la tasa de letalidad oficial registrada hasta el 2 de julio a nivel nacional era del 12.2%, mientras que en las prisiones es del 15.5%. Es decir, la posibilidad de morir víctima del coronavirus en la cárcel es más alta en relación con las personas en libertad.

 

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Asimismo, según el informe de los sistemas de salud estatales ante la CNDH, existen estados que no han aplicado ni una sola prueba para detectar el coronavirus como Baja California Sur, Durango, Michoacán, y Querétaro. Existen otros estados que de plano ni siquiera indican si lo han hecho o no, como Baja California, Coahuila, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Y otros más que omitieron enviar la información, como Chiapas, Guerrero, Nayarit, y el Estado de México.

Chihuahua se mantiene a la cabeza de la aplicación de pruebas con 5,327, seguido por la Ciudad de México con 2,567, Jalisco con 380, Hidalgo con 64, Sonora con 22, Yucatán con 22, Morelos con 19, Guanajuato con 15, Oaxaca con 13, Quintana Roo con 10, San Luis Potosí con 8, Tamaulipas con 7, Colima con 3; Nuevo León, Aguascalientes y Campeche solamente con 1.

 

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El Informe de referencia, refleja buenas prácticas y deficiencias detectadas, las prisiones no dejan de ser el último espacio al que las autoridades, el presupuesto y las políticas públicas llegan.

Frente a esta situación los jueces del Poder Judicial tampoco han querido firmar nada para despresurizar el hacinamiento en las prisiones. Se calcula que la famosa Ley de Amnistía, beneficiaría apenas entre 100 y 150 reos.

 

De igual forma, los gobernadores no han querido dar rienda suelta a las Autoridades Penitenciarias para hacer uso de la facultad que les otorga la Ley Nacional de Ejecución Penal para que puedan pronunciarse si existe o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión, para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos humanos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación.

Curiosamente, el 90 por ciento de las quejas que se presentan ante la CNDH sobre las  cárceles, tienen que ver con la atención de la salud de los reos. En los casos de urgencia, muchas veces existen omisiones no sólo de parte de las autoridades penitenciarias, sino también de parte de los jueces de Ejecución, que terminan con la vida de los afectados.

Recientemente, el caso de Israel Vallarta, de nuevo ha estado en los medios de comunicación. Vallarta y Florence Cassez fueron acusados de presuntamente encabezar una banda de secuestradores denominados “Los Zodiaco”. El primero, lleva casi 15 años tras las rejas en una “prisión preventiva”, es decir, una cárcel sin sentencia. De acuerdo al experto Alejandro Jiménez, sólo países como El Salvador, Nicaragua y Venezuela, encabezan la lista negra de abusos de esta figura.

Vallarta contrajo el coronavirus en el penal de Alta Seguridad de Puente Grande Jalisco. Tuvo que ser trasladado a un hospital y después trasladado a otro penal en Michoacán, junto con otros 379 reos, en su mayoría pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación. Su abogado ha denunciado que el prisionero presenta secuelas a causa del virus, y que además no se tomaron las medidas, ni previsiones de contacto, entre los reos trasladados.

Asimismo denunció que la medida del traslado, fue porque los prisioneros organizaron una huelga de hambre y una protesta pacífica al interior del Penal de Puente Grande, para exigir mejores tratos, alimentación y salud. Diversos familiares, incluso, presentaron amparos para que los infectados de COVID-19 fueran atendidos por el sector salud, en caso de resultar contagiados.

El informe presentado por la CNDH ha sido el único en su tipo, y es el primer intento que se hace para documentar la información de esta enfermedad en las cárceles mexicanas. Sin embargo, las cifras de pruebas, fallecimientos y afectaciones son muy bajas, y hasta en ocasiones, ni siquiera se reportan.

Lo que resalta del informe de la CNDH es el exhorto al Poder Judicial para que realmente se comprometa a llevar a cabo todos los ajustes, modificaciones, lineamientos, protocolos, programas e incluso en las determinaciones que emita, junto con la Comisión de Amnistía. Asimismo, que se lleven a cabo acciones conforme a un enfoque diferencial, especializado y, sobre todo, con perspectiva de género.

Hoy hay muchas mujeres embarazadas y otros encarcelados con sentencias de menos de cinco años, lo que significa que pudieran enfrentar su proceso en libertad. Sin embargo, a los jueces les tiembla la mano para firmar su salida. Desafortunadamente, muchos de ellos aprovecharon el confinamiento y la cuarentena para salir de vacaciones, mientras los reos esperan, bajo la sombra, el miedo y la condena, una esperanza de respeto hacia sus derechos humanos.

 

 

 

Aclaración: El contenido mostrado es responsabilidad del autor y refleja su punto de vista.

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