No a la #LeyBañuelos

Vaya que le llovió esta semana a la Senadora del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos, por el tema de su iniciativa para crear una nueva Ley General de Salud Mental. Y es que en su intento de figurar y hacer algo en el Congreso, se puso de creativa el año pasado y el 20 de noviembre presentó su propuesta, sin el consenso de las organizaciones civiles que atienden este añejo problema.

Bajo este argumento, señalaban que dicha ley contemplaba la institucionalización de niñas, niños y adolescentes, lo que les colocaba en un estado de vulnerabilidad y violaba su derecho a crecer en una familia. Otra de las críticas es que se ponía en grave riesgo a mujeres y niñas al permitir su internamiento involuntario en hospitales psiquiátricos.

Y es que, a decir de los detractores de esta nueva ley, la senadora fue señalada de querer dar un albazo legislativo con un dictamen que no fue consensuado con la mayoría de las organizaciones acreditadas y que cuentan con una enorme experiencia sobre el tema, como Documenta A.C., Disability Rights International (DRI), Human Rights Watch, Sin Colectivo, Voz Pro Salud Mental, mismos que manifestaron su rechazo y preocupación por su posible aprobación.

Lo cierto es que las personas que viven algún tipo de discapacidad o de su salud mental quieren ser tratadas sin discriminación, rechazo y estigma. El nivel de desconocimiento sobre el tratamiento y manejo de estas afectaciones ha sido histórico. Y lo único que han querido estos seres humanos es llevar una vida normal, con equidad, pero sobre todo, con oportunidades.

De acuerdo a organizaciones como Equis Justicia, “la aspiración del Estado mexicano debiera ser la inclusión y el reconocimiento a la diversidad humana”. Calificaron la nueva iniciativa como anticuada y como un retroceso en materia de derechos humanos. Hicieron hincapié que la salud mental no puede discutirse, ni separarse de la Ley General de Salud.

La misma asociación puntualizó que “en uno de sus puntos más graves, la iniciativa de ley desconoce a las personas usuarias de servicios de salud mental como personas con plenos derechos y capacidad de decidir sobre sí, por lo que autoriza a personal médico y particulares a imponer tratamientos como la medicación o el internamiento involuntario, incluso con orden judicial. También incluye disposiciones que ponen en grave riesgo a niños, niñas y adolescentes, sobre quienes también se podrían imponer tratamientos invasivos y su institucionalización indefinida.

Cualquier legislación en la materia debe incluir la dimensión psicosocial de la salud mental. Es decir, los factores del entorno social deben ser atendidos con igual enfasis que la dimensión exclusivamente médica y biológica.

La ley de la senadora Bañuelos apunta a agudizar las graves condiciones que hoy se viven en instituciones de internamiento psiquiátrico, que han sido documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de las cuales existen múltiples testimonios”.

¿Cuántos de nosotros no hemos sido testigos de la brutalidad que existe dentro de los centros psiquiátricos en México? Pudiera decirse que en la cadena de supervivencia humana, aquellos que padecen de su salud mental o discapacidad, muchas veces han sido víctimas de abuso sexual, físico, de vejaciones, de asilamiento y de condiciones verdaderamente infrahumanas e insalubres.

Basta buscar en Internet los videos de cientos de casos que se tienen documentados sobre las condiciones de los hospitales y centros psiquiátricos en todo el país. La mayoría de los pacientes que ahí se encuentran recluidos, son tratados peor que los presos de un reclusorio. Personas que padecen de sus facultades mentales, esquizofrénicos, maniaco-depresivos, aquellos que padecen de trastornos de ansiedad, de ataques de pánico, los obsesivo-compulsivos, los bipolares, los de personalidad, entre otras enfermedades, son abandonados en su mayoría por sus familiares.

Es precisamente esta cadena de abuso la que se quiere romper, y la iniciativa de la senadora Bañuelos lejos de poner en el centro a las personas que padecen de estas enfermedades, como sujetos con plenos derechos, los vuelve a victimizar y condenar a un sistema que durante años no ha funcionado.

De igual forma, la iniciativa no sólo contravenía a las Convenciones y Tratados internacionales de los que somos parte, como la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

De ahí que, la senadora y el Partido del Trabajo tuvieron que recular ante la presión de las organizaciones de la sociedad civil, aquellas que han sido severamente criticadas en este gobierno, pero que sin ellas hubiéramos tenido una regresión en nuestro país.

Afortunadamente, los senadores decidieron que dicha iniciativa se fuera a un Parlamento Abierto, lo que supondrá la participación de todos para enriquecer el marco jurídico que tanto nos urge actualizar, para evitar más abusos. Enhorabuena.