Abren camino en El Encino, en la zona de Santa Fe

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de octubre.- Después de 11 años de litigio judicial por el caso de El Encino, que implicó el desafuero del ex jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, ayer fue inaugurada la prolongación de las avenidas Carlos Graef Fernández y Vasco de Quiroga, que fueron el motivo de la expropiación del predio en Santa Fe hace 13 años.

Luego de un recorrido por estas vialidades, el jefe de Gobierno de capitalino, Marcelo Ebrard, destacó que la obra permitirá conectar la zona de corporativos con lo que será el nuevo campus Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como a un hospital particular.

“Es un caso clásico de contraposición del interés privado en contra del interés general. En pocas palabras, se buscaba impedir que se pudiera construir esta vialidad por intereses muy específicos, económicos en particular.

“Dio pie, como ustedes recordarán, a todo un proceso legal que se usó como pretexto en contra de mi antecesor, el licenciado López Obrador, para destituirlo e instaurar incluso un juicio político”, refirió.

Acompañado por el director general de Servicios Metropolitanos (Servimet), Javier Gutiérrez, y el presidente de la Asociación de Colonos de Santa Fe, Óscar Moreno, el mandatario dijo que la recuperación de este predio mejora la movilidad en una zona, que ya de por sí estaba saturada.

En tanto, la consejera juridica, Leticia Bonifaz, informó que la próxima semana quedará establecido el monto de la indemnización que se le dará al propietario, que será en especie al devolverle una parte del terreno, y también económica.

Resaltó que el proceso judicial que fue resuelto el año pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor del GDF sentó un precedente, porque originó la modificación a la Ley de Expropiación que protege en mayor medida el interés público sobre el interés privado en el caso de construcción de vialidades.

“Creo que El Encino ya rindió sus frutos, porque gracias a él se provocó una reforma a la Ley de Expropiación, que nos permitió tener otro esquema jurídico para la Línea 12 del Metro, para la Supervía, para muchas carreteras del país.

“Se dijo: ‘cuando se trate de una vía de comunicación, las condiciones son distintas porque un trazo elegido y seleccionado por un ingeniero no puede ser sustituido por otro’”, dijo.

Las autoridades capitalinas ofrecieron a los propietarios una indemnización de 70 millones de pesos, sin embargo el peritaje elaborado por la parte afectada habla de un valor de 130 millones y el de la PGR de 100 millones.

En la vialidad, de 240 metros lineales, se realizaron trabajos de colocación de carpeta asfáltica, banquetas, alumbrado y se instalaron líneas de agua potable.

La ruta del desafuero

El 7 de abril de 2005, el entonces jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, fue desaforado por la Cámara de Diputados, porque su administración permitió la habilitación de un camino sobre un predio privado, en Santa Fe.

Las denuncias de los dueños de El Encino fueron llevadas hasta los tribunales y el asunto escaló hasta que el Congreso se erigió en jurado de procedencia.

En su intervención ante los legisladores, López Obrador insistió en que el caso se trataba de una persecución por parte del Presidente de la República, e insistió en que el caso se reducía a “permitir la construcción de un camino hacia un hospital. Repito, por permitir la construcción de un camino hacia un hospital”.

El caso era más complejo.

En noviembre de 2000, pocos días antes de dejar la Jefatura de Gobierno, Rosario Robles, expropió una parte de El Encino, para construir una vialidad.

Los dueños del predio por el que se habilitaría el camino, no permitían su construcción y se inconformaron ante la expropiación.

El camino se hizo de cualquier forma, y el Jefe de Gobierno fue demandado por los dueños que llevaron el caso hasta los tribunales, que prohibieron la realización del camino.

El Poder Judicial de la Federación exigió a la PGR que iniciara acción penal contra López Obrador por desacato a la orden judicial, pues al haber construido el camino la reparación del daño era imposible.

El caso fue llevado por la Procuraduría General de la República hasta la Cámara de Diputados, para solicitar que el Congreso se erigiera en jurado de procedencia y retirar el fuero al Jefe de Gobierno.

La votación de la Cámara fue de 360 a favor del desafuero, 127 en contra y dos abstenciones. Y López Obrador convocó a una de las más grandes manifestaciones de la historia del país para reclamar por habérsele retirado el fuero.

Los sucesos se aceleraron a partir de ese día.

El 15 de abril López Obrador, ya sin el fuero que lo protegía de la acción penal, inició una gira por varias ciudades del país.

El 20 de abril se solicitó al juzgado 12 de Distrito, encabezado por Juan José Olvera, que se solicitara la aprehensión de AMLO, que no fue ejercida porque la panista Gabriela Cuevas se apresuró a pagar la fianza y evitó que el entonces perredista pisara la cárcel.

Finalmente, el entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, se desistió de la acción penal contra López Obrador.

El tabasqueño renunció a la Jefatura de Gobierno el 29 de julio de 2005, para contender por la Presidencia de la República.