Denuncian a Felipe Calderón y al Chapo Guzmán en la Corte Penal Internacional

LA HAYA/MEXICO DF, 25 de noviembre.- Activistas mexicanos de derechos humanos quieren que la Corte Penal Internacional investigue al presidente Felipe Calderón, altos funcionarios y al narcotraficante más buscado del país, a quienes acusan de permitir a subordinados matar, torturar y secuestrar civiles.

Netzai Sandoval, un abogado mexicano de derechos humanos, presentó el viernes una querella ante la Corte (CPI) en La Haya solicitando una investigación por la muerte de cientos de civiles a manos de los militares y de narcotraficantes en México, donde más de 45 mil personas han fallecido en actos de violencia vinculados a las drogas desde el 2006.

"La violencia en México es mayor que la violencia en Afganistán, la violencia en México es mayor que en Colombia", dijo Sandoval.

"Queremos que el fiscal nos diga si se han cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en México y si el presidente y otros altos funcionarios son responsables", afirmó.

La querella, firmada por 23,000 ciudadanos mexicanos, menciona al jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín "Chapo" Guzmán, por quien se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares; así como también al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a comandantes del Ejército y la Marina.

Los abogados pidieron a la CPI, la primera corte mundial permanente para investigar crímenes de guerra, que abra una investigación formal de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en México.

Una decisión de los fiscales de la CPI respecto de si lanzan o no una investigación podría tomar meses o incluso años, afirman expertos legales.

La CPI ha investigado crímenes incluyendo genocidio, asesinatos, conscripción de niños soldados y violaciones, principalmente en Africa.

El Gobierno mexicano ha negado las acusaciones y dijo que la política de seguridad no puede constituir un crimen internacional.

"En nuestro país, la sociedad no es la víctima de un Gobierno autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las fuerzas armadas", afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado en octubre, cuando la solicitud fue hecha pública.

"En México, hay un estado de derecho en el cual el delito y la impunidad son combatidos sin excepción", agregó.

Revisión

La oficina del fiscal dijo en una comunicación a Reuters que había recibido el pedido, que lo estudiaría y "tomaría una decisión a su debido tiempo".

La CPI juzga casos de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad en países que no quieren o pueden procesar los delitos por su cuenta.

"Hay un gran número de ítems que el fiscal tendrá que chequear antes de realmente poder abrir una investigación", dijo Richard Dicker, un experto en justicia internacional de Human Rights Watch.

"Es posible (...), pero pienso que debes tener claro cuáles son los desafíos y los obstáculos", agregó.

Algunos de esos requerimientos se han cumplido: México es firmante de la CPI, los crímenes están dentro del marco de tiempo del tribunal internacional y el caso no está siendo juzgado en el país.

Pero, considerando el caso, el fiscal general de la CPI Luis Moreno Ocampo, tendrá que decidir si los casos presentados en la querella de los activistas, como la tortura de sospechosos criminales, califican como delito de lesa humanidad.

"Los crímenes tienen que haber sido extendidos y sistemáticos, llevados adelante por un Estado u organización en ataques contra la población civil", dijo Dicker.

Para William Schabas, profesor de derecho internacional en la Middlesex University, la situación "ciertamente es muy discutible".

"El fiscal ha estado muy enfocado en Africa. El patrón es que se queda dentro de la zona de confort de Estados Unidos. Ir tras los mexicanos por la guerra de las drogas se sale de la zona de confort", agregó.

Los activistas dicen que Calderón ha permitido sistemáticamente a los soldados mexicanos cometer abusos contra la población civil desde que fueron desplegado en el 2006 para combatir a los cárteles de la droga.

Más de 50.000 efectivos están actualmente combatiendo a los narcotraficantes alrededor del país, mientras que las filas de la policía federal han aumentado desde 6.000 a 35.000 bajo la mirada de Calderón.

Los activistas de derechos humanos dicen que la policía y los soldados mexicanos están violando los derechos de los ciudadanos regularmente en su lucha contra los cárteles.

Un reporte de Human Rights Watch detectó evidencia de que las fuerzas armadas y la policía mexicanas estuvieron involucradas en 170 casos de tortura, 24 asesinatos extrajudiciales y 39 desapariciones forzadas en cinco estados mexicanos.

Sandoval, quien interpuso la querella, insistió: "Llevamos cinco años sabiendo que el Ejército mexicano viola sexualmente, que el Ejército mexicano realiza ejecuciones extrajudiciales, que el Ejército mexicano está torturando personas".

"Está realizando desapariciones forzadas, está asesinando a civiles en retenes militares, ingresando a los domicilios sin órdenes judiciales, hay una cantidad de violaciones al derecho internacional humanitario y no hay sanción", agregó.

Sandoval puso como ejemplo que él, al igual que muchos otros mexicanos, conocen gente que perdió a miembros de su familia en la violencia vinculada a los cárteles de la droga.

La comisión nacional de derechos humanos de México recibió más de 4.000 denuncias de abusos por parte del Ejército desde el 2006 al 2010.

En el mismo período, emitió reportes detallados de 65 casos que involucraban abusos del Ejército, según Human Rights Watch.