La 'Estela de Luz', con irregularidades graves

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de agosto.- El secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, admitió  ante el Congreso de la Unión la comisión de nueve irregularidades graves en la construcción de la Estela de Luz, por lo que acusó penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) a cuatro servidores públicos.

Ayer, mientras que el secretario compareció ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la SEP hizo llegar a cada diputado federal y a los senadores un expediente de la Estela de Luz en una caja, acompañado de un resumen ejecutivo donde admite que hubo una serie de estimaciones diferentes para el proyecto técnico e informa de toda la tecnología que incluirá la obra.

Vega Casillas informó que, por el Bicentenario, la Secretaría ha realizado 28 auditorías a 18 instituciones del Ejecutivo federal; 26 están en periodo de cierre y las dos restantes en ejecución; hasta el momento han generaron 95 observaciones.

Además, el secretario admitió ante los legisladores federales que la empresa Gutsa está inhabilitada para trabajar en construcciones públicas, incluso este mismo mes refrendó esta sanción con una vigencia hasta 2015, pero explicó que está involucrada en la edificación de la Estela de Luz porque se amparó.

En el caso del monumento planeado para celebrar el Bicentenario de la Independencia realizaron tres auditorías y dos investigaciones; dos auditorías a iii Servicios y una más al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM); se han determinado 28 observaciones.

Entre ellas están que el INEHRM recibió de conformidad el proyecto arquitectónico ejecutivo incompleto de parte del proyectista César Pérez Becerril y autorizó su pago; la persona contratada por el INEHRM como director del proyecto ejecutivo no presentó los informes estipulados en el contrato, ni dio el seguimiento y la supervisión necesaria, y “iii Servicios” efectuó los procesos de adjudicación y formalización del contrato de construcción sin contar con el proyecto ejecutivo completo.

Además, la Función Pública encontró que la adjudicación de los contratos de construcción y la supervisión de la obra no fueron motivados y fundados debidamente; la improcedente contratación de una empresa para efectuar el análisis, evaluación, comparativas y dictamen de las propuestas más viables para la construcción; en la supervisión de la obra no cumplió con el control necesario, y la empresa supervisora incumplió con su propósito.

También salió a la luz que hubo un incorrecto cálculo y aplicación de penas convencionales en estimaciones a la empresa encargada de la supervisión de la obra y se detectó la participación indebida de un particular como coordinador general del proyecto, sin que fuera un servidor público.

Así, por abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y usurpación de funciones, la Función Pública denunció penalmente a Agustín Castro Benítez, ex director general de “iii Servicios”; Juan Alberto Bravo Hernández, ex asesor técnico administrativo; Ricardo Morales Jaramillo, gerente de administración y finanzas, y Rubén Enrique Arenal Alonso, gerente jurídico.

También abrió proceso de responsabilidad administrativa contra Castro Benítez, Arenal Alonso y Morales Jaramillo.

“¿Cuál es la sanción?”

En todo momento evitó verlos de frente, incluso cuando un molesto César Augusto Santiago pidió unir fuerzas para llevarlo al juicio político. Salvador Vega Casillas prefirió concentrar la mirada en los documentos que leía.

Sin duda, su primera comparecencia ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión lo puso nervioso, se le notaba. Aunque arrancó con datos duros, como para darles la sangre que los legisladores pedían, al anunciar acciones penales contra los responsables de las irregularidades detectadas por la Secretaría de la Función Pública a su cargo, jamás pudo atenuar las críticas.

“Vive México una crisis de ilegalidad y se genera con estas actitudes una subcultura de la impunidad… Contéstele a su país, proteste que no va a tolerar maniobras ni trampas ni corruptelas de nadie. Le envío mis preguntas por escrito y espero que éstas y sus respuestas no queden sólo en otro simple debate sin consecuencias. Yo haré lo posible para que esto no suceda. Espero su compromiso”, le lanzó el diputado priista César Augusto Santiago.

“Resulta, por demás evidente, que la obra se inició sin la existencia de un proyecto terminado, lo cual derivó en modificaciones, atrasos e incluso sobrecostos. ¿Quién es el responsable de estas inacciones, negligencias u omisiones? ¿cuál es la sanción que impondrá la dependencia que usted encabeza?”, le dijo la senadora panista Minerva Hernández.

Claudia Ayala y Pablo Gómez, del PRD; y Ricardo Monreal y Laura Itzel Castillo, del PT, y Eugenio Govea, de Convergencia y Juan Gerardo Flores, del PVEM, hicieron lo mismo. Criticarlo por la inacción de su Secretaría; acusarlo de fomentar la impunidad, de ser corresponsable de los subejercicios federales; una y otra vez mostraron su insatisfacción por su trabajo como contralor de la administración pública federal.

Fue por ello que los aplausos se los llevaron César Augusto Santiago y Claudia Ayala cuando anunciaron que analizarán la posibilidad de proceder en un juicio político contra él y pidieron el respaldo de todas las fuerzas políticas.

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