El poder real del PRI, del PRD y del PAN

Durante muchos años, antes de la alternancia del PAN en la Presidencia de la República (2000), el PRD argumentaba que los acuerdos PRIAN eran los que prevalecían en el Poder Legislativo. Hoy, un PRD fortalecido como tercera fuerza en el Congreso de la Unión (100 legisladores), ha entrado a la alianza tripartita, no importa que el Partido del Trabajo (PT) y el de Movimiento Ciudadano (MC), de forma constante, cuestionen e incluso voten en contra de las reformas.

Pero, si bien es cierto al interior de la izquierda una minoría se pronuncia en contra del Pacto por México y las reformas estructurales que desde ese acuerdo nacional se están realizando, una mayoría de ciudadanos sí están de acuerdo con lo que el Congreso de la Unión ha votado en los últimos meses. Quizás esta aprobación se sustenta en la larga espera que tuvieron los ciudadanos respecto a diversos temas que tienen que ver con el desarrollo social y económico, pero sobre todo con la lucha contra la impunidad y la corrupción.

La reforma educativa, por ejemplo, ayudará a que haya maestros mejor preparados y con ello mejores alumnos y ciudadanos que en un futuro mediano puedan enfrentar con superiores herramientas los retos de un mundo globalizado. En ese mismo contexto podemos analizar las ventajas de cada una de las reformas votadas, pero bien vale la pena reflexionar sobre quién está tomando las decisiones de esos cambios. Esto resulta relevante si tomamos en cuenta que los cambios constitucionales requieren la votación de las dos terceras partes de los presentes, es decir, en muchas ocasiones no basta que el PRI y el Verde voten a favor de alguna reforma, pues se requiere una mayoría contundente como la de la alianza PRI, PAN y PRD. Hoy más que nunca la fuerza de los tres partidos representados con sus respectivas fracciones parlamentarias en cada votación hace posible que en tan sólo 100 días el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete presenten resultados tangibles ante los ciudadanos.

Si bien es cierto que, en estos momentos, aún no se pueden medir los resultados de una reforma en materia laboral, educativa o de transparencia, también es cierto que el clima de consenso o mayorías legislativas a favor de ésas y otras reformas que se discutirán en los próximos días, generan un clima de mayor confianza hacia México. Incluso los temas que se consideraban que no podrían tocarse en este sexenio y que fueron materia de compromiso electoral del ahora titular del Poder Ejecutivo se están discutiendo en un clima de aceptación, hasta por los sectores que a simple vista se consideran afectados como, por ejemplo, el caso de la reforma de telecomunicaciones, que desde el año 2006 se pretendía debatir y aprobar, y no fue posible por la confrontación que generó la reforma electoral entre el Poder Legislativo y los medios de comunicación.

La sorpresa no es menor para propios y extraños porque esta importante y amplia  reforma de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución, si bien es cierto generará competencia en el sector de radiodifusión y telecomunicaciones, lo hace, en primer lugar, a partir de combatir los monopolios y, en segundo, a partir de constituir un órgano autónomo que regule y vigile que esto verdaderamente suceda. Pero si bien es cierto que los acuerdos entre los tres partidos y el Presidente tienen como objetivo principal la universalidad en el acceso a banda ancha y a los servicios del sector de manera pública y abierta para todos los ciudadanos, también es cierto que hay puntos en la iniciativa que merecen la atención y el debate, dada la experiencia de otros países. Uno de ellos es la posible sobrerregulación y otro es el tema de la inversión extranjera directa hasta 100% en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, y hasta 49% en la radiodifusión.

                *Maestra en derecho constitucional por la UNAM

                ruthzavaletas@hotmail.com