Reforma política llega al DF

Tan adentrados hemos estado en los relatos de la Decena Trágica, el asesinato de Madero y Pino Suárez y el entorno de traición que envolvía los acontecimientos de esa época, que ha resultado difícil apreciar otros efectos que el suceso tuvo sobre la vida nacional, y sobre la vida de la ciudad. No podemos menospreciar que, si hoy nos asombra la traición, cómo habrá sido para la gente de aquella época, y en los tiempos inmediatos posteriores. En términos políticos y militares, lo que quedó al descubierto fue el hecho de contar con un Presidente totalmente solo y sin la menor capacidad de defensa, ni de la ciudad ni de Palacio Nacional y mucho menos de sí mismo. De ahí que su asesinato, podría pensarse, era simplemente una cuestión de tiempo, debido a la indefensión presidencial.

Los años posteriores al asesinato de Madero fueron dedicados a la construcción del Estado y la nación. La Constitución de 1917 es testigo principalísimo de ese esfuerzo, junto con el sistema político que emergió de las luchas entre generales, políticos, sindicatos, campesinos, empresarios. El sistema de partido hegemónico tenía el propósito de pacificar a la nación política y crear un centro que disolviera las guerras y pugnas entre grupos que asolaban a México después de la Revolución. Y en la mente de todos quedaba la imagen de Madero, traicionado, solo, asesinado.

Cuando llegó el momento de constituir el nuevo poder presidencial, vino a la mente Madero, de nueva cuenta. Si el Presidente habrá de vivir en Palacio Nacional, la ciudad de México será su cuartel. Para ello, sólo el Presidente puede nombrar a su jefe militar de la guarnición para asegurar su absoluta lealtad y que no vuelva a ocurrir lo que le sucedió a Madero, quien se quedó sin jefe militar. De ese pensamiento militar y de protección al jefe de Estado es que surge la idea de que el Presidente de la República debe nombrar a los jefes de la Ciudad de México: el jefe de la policía, el procurador y el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Hasta nuestros días, ese es el pensamiento que permea la relación entre Presidente de la República y jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Como corolario a lo anterior, resultaba evidente para los creadores del sistema político que el Distrito Federal no podía ser considerado un estado con atribuciones de soberanía: una Constitución local, un Congreso con facultades plenas y municipios autónomos. Así que se crea una entidad político-administrativa sui géneris que, durante décadas, se subordinaba a los dictados presidenciales. Todo eso cambió, parcialmente, con la transición democrática que empezó en 1968, adquirió nueva fuerza en 1985 y tomó un carácter irreversible en 1988. Hoy está a debate la posibilidad de cancelar, por completo, la previsión tomada de la Decena Trágica y transmitida, por décadas, a través del sistema de partido hegemónico, a sus fieles.

Es necesario reconocer a la Ciudad de México como un poder soberano, con facultades propias para decidir su futuro. El hecho de ser capital de la República no es obstáculo en esa definición. Constitución propia, Congreso local y municipios autónomos son los tres requisitos para que la ciudad adquiera ese carácter que amerita. Las facultades del gobernador de la ciudad, del Congreso local y de los municipios serán definidos en la constitución capitalina que deberá vivir un proceso de ratificación popular. El hecho de convertir a la Ciudad de México en un espacio soberano no es equivalente a un grito secesionista o independentista. Es hacer una adecuación, ciertamente profunda, al sistema político mexicano, que afirma que ya no debe vivir pendiente de que pudiera volver a ocurrir un suceso como el de la Decena Trágica.

                *Especialista en análisis político

                ricardopascoe@hotmail.com

                @rpascoep