Niña y madre, a los nueve años

Consternación ha causado el caso de una niña en Jalisco, quizá de nueve años de edad, que dio a luz un bebé sano. La autoridad sanitaria local en un primer momento salió a los medios para presumir lo que a su entender es un “éxito terapéutico” dando cuenta de la preservación de la vida e integridad de ambos. No voy a escatimar aquí el éxito en esos términos, pero se convierte en pírrico al analizar el contexto, me explico: las dos administraciones federales previas en íntima relación con la Iglesia católica al igual que las locales en Jalisco, han actuado positivamente para boicotear los programas de salud sexual y reproductiva dirigidos a la infancia. Dichos programas cuentan con objetivos claros hacia la prevención del embarazo adolescente, las enfermedades de transmisión sexual y el abuso sexual sobre menores; para hacerlo pretenden incluir una serie de contenidos en el libro de texto, además de brindar capacitación a maestros de todos los niveles.

Los argumentos de la Iglesia para dejar de lado estos contenidos son francamente pueriles, dicen que son una invitación para que las y los adolescentes inicien relaciones sexuales, nada más alejado de la realidad, por el contrario se insiste en las ventajas de diferir su inicio y se le brindan a los menores herramientas para denunciar un posible abuso sexual.

Es obvio que la niña que nos ocupa es una víctima de algún varón abusivo cercano a ella y también lo es del Estado dado que no tuvo ni las herramientas educativas ni la sensibilidad en el medio social o escolar para denunciar. Nada de lo ocurrido es su culpa.

Ahora, el secretario de Salud local pretende culpar a la familia de la menor con otro menospreciable argumento que reza: cuiden a sus hijas, como si no existiera una responsabilidad del Estado en la prevención del crimen. Ahora el personal de salud estatal en su conjunto está haciendo el ridículo contradiciéndose en cuanto al método de planificación familiar que se le aplicó a la niña, hecho que traduce de manera patente que nunca han pensado ni actuado en el sentido de decidir el mejor abordaje para hablar de estos temas con niños y niñas, y tampoco han revisado las normas mexicanas involucradas; lamentable escenario de los responsables de la salud, y ante este ridículo ¿donde está la autoridad federal?

Debo mencionar además de que una posible explicación de la desaparición actual de la menor y su familia (los medios no los han podido encontrar) es la suplantación de personalidad, hecho frecuente en los servicios médicos. Nuestro sistema sanitario está fragmentado (ya se han hecho progresos importantes para integrarlo) y plantea diversas exigencias para que las personas puedan acceder a la atención, de tal forma que las pacientes usan la identificación de algún familiar vecino o amigo con la finalidad de ser atendidas, hecho que por cierto contiene un fraude. La sorpresa adicional han sido los comunicadores, incluso tan responsables como Carmen Aristegui que no han dado pie con bola para hacer las preguntas correctas a los personajes adecuados, es decir a la autoridad educativa local y federal, a la autoridad sanitaria local y federal; y finalmente al grupo de personas que hemos estado involucrados con estos temas desde hace muchos años.