La reconstrucción del presidencialismo

El presidencialismo mexicano ha sido objeto de muchos estudios de corte político y académico. Durante el siglo XX, en que predominó en México un solo partido —durante siete décadas—, todo el sistema político nacional gravitó en torno a la figura del Presidente de la República.

La autoridad del titular del Poder Ejecutivo federal se estructuraba en sus  potestades constitucionales y en aquellas que Jorge Carpizo denominó como: “facultades metaconstitucionales”. Las primeras devenían de la Carta Magna y sus leyes reglamentarias; las segundas, de los usos y costumbres políticas, derivadas del mando que —el Presidente en turno— ejercía de manera absoluta sobre las decisiones políticas de su partido, el PRI.

Llegó a ser tan evidente el predomino presidencial sobre el Poder Legislativo y Judicial, como también sobre los gobernadores y el responsable de administrar al DF, que fue objeto de duras críticas; llegando a señalarlo como un poder excesivo y autoritario.

Las diversas reformas políticas aprobadas, la creación de los órganos constitucionales autónomos; la transformación del DF en entidad federativa con gobierno electivo; la restructuración del Poder Judicial; las descentralizaciones de los presupuestos de educación y salud hacia las entidades federativas, y la alternancia política en la propia Presidencia en el año 2000, modificaron de manera sustancial la operación del sistema político mexicano.

A partir de 1997 ningún partido político ha tenido mayoría absoluta en el Congreso y sobrevinieron 12 años de presidentes de filiación panista. Durante ese tiempo, los gobernadores descubrieron que la Constitución no los designa como subalternos del Presidente. Los poderes Legislativo y Judicial vivieron una nueva era de libertad; y los órganos constitucionales autónomos ejercieron su autonomía de manera plena.

En teoría, el desmantelamiento —que se fue labrando durante décadas— del presidencialismo debería ser sinónimo de evolución política y solidez sistémica.

Es innegable el fortalecimiento de la división de poderes, el respeto a la soberanía de los estados, la vida democrática de la Ciudad de México y la ampliación del espacio de las libertades ciudadanas.

Sin embargo, es igual de cierto que durante esos últimos años el país se estancó en el ámbito económico; así también, la delincuencia organizada floreció derivado de un Estado desorganizado —por la falta de acuerdos políticos entre el gobierno federal y las entidades federativas—; la pobreza aumentó en términos relativos; y algunos órganos constitucionales autónomos empezaron a naufragar en aguas de  ineficiencia y desorganización.

Al inicio de este nuevo gobierno se percibe una voluntad general de volver a reconstruir una institución presidencial fuerte, que medie en los conflictos políticos; que sea el motor que propulsione las reformas estructurales impostergables y que coordine de manera eficaz las acciones contra la violencia y la delincuencia.

Nuestro país heredó tantos saldos pendientes: divisiones internas, “poderes fácticos” desafiantes y grupos delincuenciales desbordados, entre otros, que el sistema político parece inclinarse hacia la restauración de una Presidencia de la República fuerte, respetuosa de la ley y con unidad de mando, a fin de restablecer la paz y la concordia entre los mexicanos.

                *Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

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