Menos leyes, más legalidad

México es una gran fábrica de leyes y una pobre arena política.

Nuestra vida pública se ha construido sobre la creencia de que todo debe ser normado y que cada ordenamiento ha de cubrir la mayor cantidad de escenarios posibles.

La productividad de los legisladores mexicanos —lo mismo que la de las propias legislaturas— se mide por la cantidad de iniciativas presentadas, sin importar la relevancia de éstas.

Ha sido la desconfianza en la autoridad, en el adversario político e incluso en el ciudadano mismo la que ha dado lugar a esta excesiva generación de controles.

Quizá sea un legado del autoritarismo, pero en la arena política mexicana es más común tratar a priori al otro como sospechoso de malas artes y falsario contumaz, que como alguien digno de confianza o cuando menos merecedor del beneficio de la duda.

Como no ha sido capaz de procurar la confianza, nuestra clase política ha construido un edificio legal abigarrado, cuya punta se pierde en el cielo. Es el reflejo del cinismo y la resignación.

Hay que ver el Pacto por México, un instrumento que se propone alcanzar la gobernabilidad casi exclusivamente mediante reformas legales, como si el Congreso de la Unión fuera el único teatro de la vida pública, y los legisladores, sus únicos protagonistas.

También ha existido la tendencia de ponerlo todo en la Constitución supuestamente para dar garantías de cumplimiento. Así se hizo en la reforma electoral de 2007, dando lugar a un intrincado e interminable artículo 41, que aborda una cantidad de detalles que deberían estar en la ley secundaria. 

Del Artículo Primero al Artículo 136, nuestra Carta Magna tiene unas 52 mil palabras. Eso es casi cuatro veces más que La Comedia de los Errores, de Shakespeare.

Por establecer una comparación, la de España tiene 22 mil palabras y la de Estados Unidos, apenas cuatro mil 400.

Tan sólo el Artículo 27 de nuestra Constitución tiene algo así como tres mil 500 palabras, el triple de la extensión del texto que usted está leyendo.

Los mexicanos no necesitamos tal cantidad de leyes. No requerimos que nuestros diputados y senadores legislen a destajo. Lo que hace falta es las normas existentes se obedezcan.

Pero, ¿cómo lograrlo cuando son los propios políticos quienes promueven su desacato?

Si el efecto de las leyes que ellos mismos han promovido es contrario a sus intereses, serán los primeros en denunciarlas como inequitativas y proponer su modificación.

Y si la aplicación de la ley, a la que están obligados, no conviene porque pudiera afectar sus índices de popularidad, tenga por seguro que minimizarán el desacato, aunque en éste incurra alguno de sus rivales.

Por la forma en que ha decidido organizarse, México es el curioso caso de un país sobrelegislado, en el que el cumplimiento de las leyes no goza de mucha popularidad que digamos; un país en el que pocos se esfuerzan por obedecer la ley y muchos la invocan a conveniencia.

Y pese a que una abundante literatura sobre buenas prácticas de organización social y los ejemplos de naciones exitosas recomiendan tener pocas normas y mucho respeto a la ley, aquí nos hemos empeñado en hacerlo al revés.

La sobrevaloración de lo legislativo en México ha conducido a la aprobación de ordenamientos imposibles de cumplir que generan corrupción y evasión.

A diferencia de quienes creen que la corrupción y la falta de respeto al marco legal están en el carácter de los mexicanos, yo soy de la idea de que éstas son el resultado de una forma de organizarse que termina beneficiando a unos cuantos —entre ellos, la clase política— y no a la mayoría de los mexicanos.

Un ejemplo es la normatividad electoral. De 1996 para acá se han aprobado leyes que supuestamente elevarían la confianza ciudadana en el sistema de partidos, pero que sólo han dado lugar a un mayor cinismo y resentimiento.

Los legisladores han creado una enorme cantidad de candados, supuestamente para emparejar el terreno de la competencia electoral, pero sólo hemos visto florecer el ingenio de los estrategas y los contadores para sacarles la vuelta.

En las últimas dos semanas hemos sido testigos de cómo los partidos no son capaces de respetar el espíritu ni la letra de las leyes que ellos mismos han aprobado en materia de gastos de campaña.

Unas veces, abusando de las lagunas que siguen existiendo pese a todos los controles instalados; otras, desconociendo a las autoridades en quienes ellos mismos han depositado la tarea de arbitrar la competencia.

Por desgracia, el Instituto Federal Electoral, que durante algunos años gozó de la confianza de los ciudadanos, ha pasado a ser un instrumento de los partidos que puede ser manipulado a conveniencia.

El Consejo General del instituto pasó sobre su propia resolución de adelantar la revisión de las cuentas de la pasada campaña presidencial y devolvió el informe de la Unidad de Fiscalización (UF) del IFE, a la que se pidió hacer un trabajo apresurado, cuyo insumo principal fueron las cuentas que los propios partidos le presentaron.

No quiero decir por esto que el trabajo de la UF haya sido impecable. En primer lugar, porque no lo conozco; en segundo, porque el debate en el Consejo General reveló algunas inconsistencias, por ejemplo, sobre la forma en que fueron fiscalizados los actos de cierre de campaña de las coaliciones encabezadas por el PRI y el PRD.

Sin embargo, lo que suscitó la protesta contra el informe —realizado por una entidad autónoma, porque así lo decidieron los partidos— fue la multa impuesta al PRD. Es válido pensar que si ésta no hubiera existido, el informe habría sido aprobado sin mayor trámite, y no devuelto por un voto de cinco a tres.

Hoy se habla de que el método de fiscalización de las campañas “ya dio de sí”, y ya se menciona una nueva reforma electoral.

Lo que ha dado de sí, me parece a mí, es un sistema de organización social que mina la confianza ciudadana en la autoridad y la ley. Esa confianza nunca se creará mientras la clase política incumpla sistemáticamente su palabra, abdique de sus responsabilidades, aplique las normas a discreción y justifique en los hechos el clima de desorden y violencia que caracterizan buena parte de nuestra vida en sociedad.

¿Quién puede sorprenderse de que haya ciudadanos que, hartos de la impunidad de los delincuentes y la inutilidad de los cuerpos de seguridad, pretendan hacerse justicia por propia mano?

Pero, peor aún, ¿quién puede sorprenderse de que la autoridad no actúe rápidamente para desmantelar a grupos armados irregulares que surgen aquí y allá, en detrimento de las garantías individuales y el debido proceso judicial?

No bajar la guardia

La verdad periodística no es la que intuye el periodista, sino aquello que puede probar. Dura lección para el diario británico The Guardian, por hacer caso a los periodistas mexicanos que confunden sus prejuicios y su visión ideológica con la información.