¿Geolocalización?

Las personas no poseen una expectativa razonable de privacidad respecto de los datos de localización geográfica de su teléfono celular.

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Yuriria Sierra 15/01/2014 01:41
¿Geolocalización?

La Procuraduría General de la República (PGR) podría rastrear teléfonos celulares en tiempo real con la finalidad de ayudar en investigaciones judiciales que persigan secuestros, extorsión, amenazas o delitos contra la salud. Sin embargo, para que la PGR tenga tal facultad, falta que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pongan de acuerdo a partir de un recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

El tema que está sobre la mesa va respecto a los apartados dentro de las reformas a los artículos 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, y la 16 fracción primera apartado A y 40 bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones. La Comisión pretende proteger la privacidad de los usuarios, porque como sucede cada que se aprueban nuevas leyes y reformas: el secreto de su efectividad está en el uso, interpretación o ejecución que se le da.

Ayer en el portal de Nexos, Luis Fernando García Muñoz escribía los puntos principales que ha seguido la discusión en la Suprema Corte: la geolocalización es muy útil para la investigación de delitos y eso la hace constitucional; la geolocalización es de los equipos no de las personas; los datos de localización geográfica de un teléfono celular no revelan información tan sensible como la que puede revelar el contenido de comunicaciones; la geolocalización es efímera y se agota en un solo momento, por lo que no es tan invasiva; las personas no poseen una expectativa razonable de privacidad respecto de los datos de localización geográfica de su teléfono celular; la geolocalización de celulares es un acto de molestia que se perfecciona hasta que la información obtenida es utilizada en una investigación; la facultad de geolocalización no es arbitraria; la inmediatez de la geolocalización hace irrazonable exigir control judicial y otras salvaguardas contra potenciales abusos.

“Lo que solicitamos a la Corte, es que declare la invalidez de los preceptos impugnados, en este caso tres artículos, por lo que consideramos una violación a la vida privada, a la intimidad de las personas, por esta falta de control judicial de la geolocalización, por la discrecionalidad que se presta a no delimitar la expresión que se encuentra relacionada con los delitos y por la falta de delimitación temporal de la medida (...) Al estar abierta, lo que hace es prestarse a la arbitrariedad...”, me decía ayer en entrevista Marat Paredes, segundo visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Y que sí, entendemos que en la ejecución está el riesgo —no sólo de ésta, sino de cualquier ley—, pero también sabemos que una medida como la geolocalización podría ser la diferencia entre un buen desenlace en casos como el secuestro o la extorsión.

También sabemos que es una medida que deberá ser minuciosamente detallada para que, como lo argumenta la Comisión, no se convierta en vehículo para arbitrariedades. Por fortuna, la Suprema Corte decidió que será hasta mañana cuando decida el futuro de esta ley, que todo va para que sea uno muy detallado, donde se despejen dudas, para su plena ejecución. Ya veremos.

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