La Constitución sin guardián

El año pasado, el Congreso modificó y homologó la tasa del IVA para todo el país.

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Roberto Gil Zuarth 01/09/2014 01:22
La Constitución sin guardián

A principios de la semana pasada, la Suprema Corte declaró constitucional la homologación de la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las regiones fronterizas del país. Desde mediados de los años 90 y hasta principios de este año, dicha tasa era cinco puntos porcentuales menor en dichas zonas, con relación al resto del país. La decisión es relevante no sólo por los efectos económicos que dicho incremento ha tenido —y seguirá teniendo si no se modifica en el nuevo paquete fiscal— en las familias y las empresas de las fronteras, sino también porque se fundamenta en dos abdicaciones de la Suprema Corte, ambas preocupantes para nuestra democracia. 

En 1997, los nuevos integrantes de la Suprema Corte —quienes habían entrado al cargo un par de años atrás en razón de la modificación al Poder Judicial de la Federación que se realizó al inicio del mandato del presidente Ernesto Zedillo— defendieron y declararon constitucional la medida adoptada por el gobierno en turno que instituía una tasa diferenciada del IVA para las regiones fronterizas. Afirmaron que nos encontrábamos frente a dos categorías de personas en situaciones de desigualdad y que, por lo tanto, necesitaban un trato fiscal desigual. Esto se debía, adujeron, a que en la frontera existía una mayor disponibilidad de bienes (además los países vecinos ofrecían bienes más baratos) que podían ser adquiridos por los consumidores nacionales. Todos los amparos de las personas que pedían un trato igual fueron negados bajo ese fundamento.

El año pasado, el Congreso, a pesar de la oposición del PAN, modificó dicha medida y homologó la tasa para todo el país. Sin embargo, la mayoría legislativa no explicó por qué consideraba que la situación de las fronteras había cambiado de forma tal que la tasa diferenciada ya no era necesaria para mitigar la desigualdad identificada previamente. Es decir, por qué ahora estaba justificado imponer un trato igual cuando años atrás la Suprema Corte lo había rechazado insistentemente.

Crear leyes por antojo o, peor aún, alterar leyes sin dar razones que justifiquen su modificación nos parece inconstitucional, pues va en contra del principio de motivación legislativa, por lo que senadores y diputados del PAN recurrimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ésta, en una votación dividida, determinó que a ella no le corresponde analizar las razones del legislador, a menos que exista una inconstitucionalidad evidente.

La decisión de la Corte supone dos abdicaciones. La primera tiene que ver con su posición frente a la creación legislativa del país. Y es que si la constitucionalidad del acto legislativo fiscal depende de las razones expresadas por el órgano creador, la Corte debió evidenciar por qué abandonaba la doctrina sostenida cuando determinó la validez de la tasa diferenciada en la frontera y, en particular, qué nuevas razones, asumidas por el órgano legislativo, alentaban el cambio de criterio. Al no hacerlo, simplemente renunció a su deber de ponderar las razones en juego: las razones de los precedentes y las razones del acto legislativo bajo escrutinio constitucional. En buena medida, se marginó a sí misma del diálogo constitucional entre el legislador y el juez de constitucionalidad, entre el pasado y el presente, entre diversas interpretaciones de las normas constitucionales y de las exigencias de las realidades que éstas regulan, como si en el Estado constitucional bastara con la aritmética de la mayoría para que cobre validez una norma. La segunda es la evidente relativización de la argumentación en sede legislativa. Para la Corte, por lo menos en este caso, el legislador no tiene un deber especial de justificación sobre las decisiones que afectan la esfera económica de los ciudadanos. Mandó, pues, un preocupante mensaje al Poder Legislativo: se pueden modificar las leyes en el sentido que se quieran, hasta por capricho u ocurrencia. La motivación legislativa es tinta fútil para cubrir el expediente, no así para encuadrar una decisión en el ordenamiento jurídico. La validación, en esos términos, de ese acto legislativo no sólo supone el desplazamiento de la Corte sobre la función legislativa, sino también una evidente derrota de la jerarquía normativa de la Constitución.

En los próximos días, la Corte se pronunciará sobre la mecánica de aprobación del endeudamiento público. Si sigue la tendencia que la Corte asumió en el caso del IVA en la frontera, el Ejecutivo y la mayoría que lo acompañe en el Congreso no deberán justificar para qué celebrar empréstitos, qué destino tendrán, ni cómo y cuándo se pagarán. Un patente de corso para comprometer las finanzas del país. La derrota de la representación popular como contrapeso efectivo del Ejecutivo, de las razones frente a la aritmética, de la Constitución frente al capricho.

                *Senador de la República

                roberto.gil@senado.gob.mx

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