Michoacán y el extravío de la indignación

No hay reacciones frente a acuerdos suscritos entre un representante federal y fuerzas parapoliciales...

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Roberto Gil Zuarth 21/04/2014 01:43
Michoacán y el extravío de la indignación

¿Es la ley un obstáculo a la eficacia? ¿La función de seguridad debe tomar cierta distancia frente a la legalidad? ¿Las reglas son estorbos, ingenuidades que distraen el imperativo de garantizar el orden en una sociedad? ¿Debe el soberano aplicar la razón de Estado antes que someterse al principio de legalidad en situaciones especialmente apremiantes? ¿Tiene el Estado una cláusula ética que le permite separarse de la ley si con ello logra mejores resultados en seguridad y justicia? ¿Se vale y se puede todo por la tranquilidad?

El Estado mexicano tiene una histórica carencia de capacidades. El régimen autoritario subordinó las responsabilidades de seguridad y procuración de justicia a las necesidades del dominio político. La concentración del poder era incompatible con la profesionalización e independencia del aparato coactivo del Estado. La transición democrática visibilizó la inexistencia de instituciones sólidas y eficaces para hacer valer la ley. La pluralidad democrática colisionó con un andamiaje construido bajo el paradigma de la hegemonía política y de los vectores del presidencialismo monolítico. La emergencia del fenómeno criminal mostró a un país sin policías, sin inteligencia, sin Ministerios Públicos confiables, sin un sistema de justicia penal que repare el daño e inhiba los delitos, sin un tejido social para prevenir el crimen y restaurar las injusticias. El desafío del crimen organizado puso a prueba los dispositivos constitucionales para suplir la falta de capacidades, para alinear esfuerzos entre órdenes de gobierno, para involucrar a la sociedad en la toma de decisiones, para asumir deberes y evaluar su cumplimiento. Vacíos normativos que no aportaban salidas jurídicas a la realidad. Un federalismo rígido incapaz de ordenar la necesaria e inevitable concurrencia de responsabilidades. Legalidad sin poderes.

¿La debilidad de las instituciones y la ausencia de resortes legales para enfrentar las situaciones de inseguridad y el clima prevaleciente de impunidad son razones suficientes para justificar, ética y políticamente, decisiones y acciones al margen de la ley? A mi juicio, no. Los saldos de las experiencias autoritarias y totalitarias forjaron la conciencia de someter el mundo de la necesidad al imperativo de la legalidad. No de aquella legalidad vacía de contenido, de la legalidad válida por cuanto dada por la autoridad, sino de una legalidad sostenida en principios y valores universales. La eficacia supranacional de los derechos humanos impone un estándar para juzgar las decisiones legítimas del Estado y sus agentes. Ese patrimonio ético de la humanidad rompe con la aparente tensión entre orden y ley, entre seguridad y libertades, entre poder y sus límites. Los derechos humanos no dan espacio a la coartada de la razón de Estado: no se vale todo, no todo es legítimo, no hay fin que justifique los medios. Ahí radica el triunfo civilizatorio de la razón ética de los derechos humanos.

La conducción del gobierno federal de la crisis de Michoacán ha tendido una sombra sobre este sistema de convicciones. Nos estamos acostumbrando a que se viole la ley a plena luz del día. Hemos perdido el sentido de indignación frente a una autoridad que se desentiende de las reglas que fijan competencias e imponen cercos. No hay reacciones, llamados a cuentas, responsabilidades políticas o meros debates frente a acuerdos suscritos entre un representante federal y fuerzas parapoliciales que autorizan la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, que sustituyen el sistema de reclutamiento policial previsto en la ley, que fijan compromisos que corresponden enteramente a la autoridad local, que suplantan funciones reservadas a las autoridades ministeriales y jurisdiccionales. Acuerdos notoriamente inconstitucionales e ilegales que se votan en asambleas de autodefensas, se anuncian en Twitter, se presumen como conquistas de la eficacia en espacios radiofónicos. Pocos asumen el aburrido y anticlimático deber de recordar el mandato legal, de señalar las implicaciones, de denunciar sus vicios. Lo importante es rescatar a Michoacán. A cualquier precio y a costa de lo que sea.

El sentido de indignación es un instinto para acotar el poder. No está en su mejor momento entre nosotros. Recuperarlo, como sociedad, no es sólo cerrar paso a la tentación de la razón de Estado, a la coartada de la arbitrariedad, al argumento que archiva la ley en el cajón de los estorbos. Es, simplemente, reivindicar a la legalidad como protección de la libertad.

                *Senador de la República

                roberto.gil@senado.gob.mx

                Twitter: @rgilzuarth

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