Empréstitos constitucionales

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Roberto Gil Zuarth 10/03/2014 02:19
Empréstitos constitucionales

La Reforma Fiscal aprobada por el PRI y el PRD abandonó una regla de disciplina financiera. Desde hace más de tres lustros, las administraciones en turno no modificaban, durante el ejercicio, el techo de endeudamiento público para cuadrar las cuentas generales de la Federación. La lógica era muy simple: la credibilidad económica del país pasaba por la certidumbre y estabilidad en las reglas fiscales, por la prudencia en el recurso a la deuda para financiar al Estado y por la responsabilidad en las decisiones relativas a la orientación del gasto. De hecho, estos principios fueron trasladados a la ley desde la primera alternancia. Se definieron entonces ciertas reglas del juego presupuestal, reglas que debían ser observadas por el gobierno en turno, pero también por el propio Congreso. Se recogió en la ley el objetivo del equilibrio presupuestal, esto es, el balance entre los ingresos y los egresos. Se fijaron restricciones a la manipulación discrecional de los ingresos petroleros, una práctica común en las décadas del derroche priista. Se introdujo a la ley la obligación de reducir el gasto, en particular el gasto corriente, frente a escenarios no previstos de disminución de ingresos. En fin, el país ató las manos del gobierno en la gestión financiera y presupuestal para ganar credibilidad y solvencia en el largo plazo. 

Pues bien, en la Reforma Fiscal se modificó la Ley de Ingresos vigente para autorizar al gobierno federal la contratación de 70 mil millones de pesos adicionales a los 415 mil millones autorizados para 2013. A unos cuantos días de que concluyera el ejercicio y, por tanto, que caducara la temporalidad para ejercer los recursos estimados en la ley, sin información sobre las razones de necesidad que justificaran la ampliación del techo de deuda, su destino específico y las condiciones de pago, una mayoría congresional avaló un pagaré para que el gobierno cerrara presupuestalmente el ejercicio en curso. Peor aún, el Congreso otorgó la autorización del incremento de la deuda sin comprobar si los ingresos efectivamente se habían reducido y en qué magnitud, sin exigir al gobierno recortes al gasto tal y como establece la ley, sin evaluar las condiciones de contratación de los nuevos empréstitos y, peor aún, sin verificar si se cubría la exigencia constitucional de que la deuda se destine a ejecutar “obras que produzcan un incremento en los ingresos públicos”.

Un grupo de senadores promovimos un juicio para que la Suprema Corte de Justicia decida sobre las siguientes cuestiones: ¿cuál es el método que la Constitución establece para la aprobación de la deuda? ¿El Congreso debe aprobar uno a uno los empréstitos contratados por el gobierno, como ocurría en los inicios de la vigencia del texto constitucional, o simplemente fija el límite máximo de endeudamiento? ¿La facultad de aprobar la deuda es una atribución de control o consiste en la emisión de una habilitación genérica? Si la intervención del Congreso se limita a establecer el techo, entonces ¿quién y cómo se verifica que se cumpla con el destino constitucionalmente exigido? ¿La evaluación del Congreso sobre la pertinencia, racionalidad y solvencia de la decisión de contratación de empréstitos es, por diseño constitucional, ex post? Si es así, ¿cuál es el sentido constitucional del acto de aprobación congresional de la deuda como componente de la determinación de los ingresos anuales? ¿Cómo interactúa el principio de representación en la fijación de los ingresos con la regla específica que ordena la intervención del Congreso en la aprobación de los empréstitos? Frente a la modificación concreta al techo de endeudamiento durante el ejercicio, ¿cómo se hacen valer las leyes que imponen ciertas dimensiones de realización de la facultad de aprobar deuda? 

La Corte deberá resolver sobre las facultades del Congreso sobre la gestión financiera del gobierno. De eso se trata la acción: de controles más fuertes para no regresar a los tiempos de la irresponsabilidad.

                *Senador de la República

                roberto.gil@senado.gob.mx

                Twitter: @rgilzuarth

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