Michoacán y el dilema federalista

El país requiere otra reforma estructural: la reforma al sistema federal.

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Roberto Gil Zuarth 03/02/2014 01:53
Michoacán y el dilema federalista

El problema central de la seguridad pública en el país radica fundamentalmente en la crónica debilidad institucional para aplicar la ley y en la rigidez de las relaciones entre la Federación y los órdenes subnacionales de gobierno. Es, pues, un problema de capacidades del Estado mexicano y de instrumentos constitucionales y legales para enfrentar situaciones especialmente graves en ciertas regiones del país. Esa es la lección de Michoacán. 

Ninguna fuerza democrática puede oponerse a la pacificación de Michoacán o de cualquier otra entidad al borde del colapso. Desear el fracaso de los gobiernos federal y estatal es una mezquindad política y moral. El medro político por la crisis de gobernabilidad o de seguridad es inadmisible y electoralmente poco rentable. Frente a la gravísima situación que se vive en las entidades con mayor presencia territorial o social del crimen organizado, no hay razón para objetar la intervención subsidiaria de la Federación. Intervención que se exige más profunda que el mero despliegue de fuerzas federales en apoyo de las locales o de políticas coyunturales de desarrollo social y fomento económico. Intervención para restablecer la prevalencia de la autoridad. Intervención política para recuperar la legitimidad, la confianza y el mando en las funciones de gobierno. 

Pero esa intervención debe estar sujeta al principio de legalidad, sometida al imperio de reglas preestablecidas y vinculantes que definan condiciones, temporalidades, responsabilidades y controles. Es paradójico que quienes antes objetaron el recurso a las fuerzas federales para la contención de bandas criminales con el argumento de que no existía un basamento legal claro, hoy, desde el gobierno, amplíen las dimensiones de la intervención federal a través de figuras de nebulosa legitimidad constitucional y que, al final de cuentas, no implican precedentes funcionales para casos similares. En efecto, la comisión creada para Michoacán tiene varias implicaciones jurídicas: las atribuciones que en materia de seguridad se concentraron en la Secretaría de Gobernación ahora se escinden, por acuerdo presidencial, a un órgano desconcentrado (la comisión); en estricto sentido, la responsabilidad política de lo que suceda en Michoacán ya no recae en el secretario, sino en el comisionado presidencial; la comisión puede “determinar” acciones que otras dependencias o entidades deben realizar para alcanzar su objetivo, por lo que tiene potestades ejecutivas sobre la totalidad de la administración pública federal; el acuerdo de creación le atribuye facultades de coordinación sobre autoridades locales en materia política, social, económica y de seguridad, de modo que su mandato impacta inevitablemente en la configuración y funcionamiento de un orden de gobierno distinto al federal; no hay ninguna previsión en el acuerdo sobre las reglas de transparencia y rendición de cuentas a las que la comisión deba sujetarse. Dado el contenido del acuerdo, la militancia política del gobernador de Michoacán y la verticalidad que caracteriza al PRI, el comisionado ha llegado a suplir a los secretarios federales, al gobernador y a los alcaldes. El comisionado ordenará y otros firmarán para efectos de responsabilidad política, presupuestal o legal. Una curiosa salida que, de generalizarse en otras entidades bajo riesgo, terminaría por atomizar al gobierno federal y suplantar a las autoridades políticas locales. Una fórmula hiperpresidencialista, centralista, opaca y que difícilmente fortalece capacidades institucionales en el largo plazo.

El país requiere otra reforma estructural: la reforma al sistema federal. Michoacán muestra plásticamente que no existen mecanismos constitucionales para rescatar a un estado o a una región con bajas condiciones de gobernabilidad o bajo riesgos en seguridad. Un mecanismo que garantice que esa intervención sea efectivamente subsidiaria, temporal, sujeta a controles democráticos, con metas visibles de recuperación de la autoridad o el fortalecimiento institucional. Debemos repensar las palancas vigentes: la suspensión de garantías, la desaparición de poderes, la intervención del Senado para resolver cuestiones políticas de un Estado que interrumpan el orden constitucional, la potestad presidencial de preservar la seguridad interior, las funciones constitucionales de auxilio de las fuerzas armadas a las autoridades civiles. Estos instrumentos pueden tener una operatividad distinta si se adecua su reglamentación legal. Para ello se necesita un cambio en la forma de entendimiento de nuestro federalismo. Pasar de aquella idea de un modelo de distribución rígida de competencias a un sistema flexible que tome en cuenta la realidad y la capacidad material de los órdenes de gobierno para asumir sus deberes. Un federalismo con ojos y oídos, abierto a las circunstancias, con resortes para asegurar que frente a cada necesidad exista un gobierno que la satisfaga. Un federalismo que dé respuesta a cada coyuntura. El federalismo de las responsabilidades compartidas. 

                *Senador de la República

                roberto.gil@senado.gob.mx

                @rgilzuarth

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