La lista negra

El régimen de la transparencia es, por definición, un modelo inacabado.

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Roberto Gil Zuarth 06/01/2014 00:47
La lista negra

La transparencia es uno de los avances más notables de la transición y primer alternancia democráticas. En su dimensión institucional, la transparencia significa un régimen de obligaciones positivas y exigibles de hacer pública la información generada por cualquier ente público en ejercicio de sus atribuciones, especialmente la relativa a la custodia, uso y administración de recursos públicos. En su dimensión subjetiva, supone las condiciones de ejercicio del derecho fundamental a acceder a información sobre los asuntos públicos, esto es, sobre el conjunto de actos que tienen incidencia en la convivencia colectiva. Esta doble dimensión hace de la transparencia, entendida siempre como una función jurídica, una precondición esencial para la calidad del sistema democrático, pues simplemente es imposible concebir el “gobierno de todos” sin una base deliberativa mínima accesible para todos.

El régimen de la transparencia es, por definición, un modelo inacabado. De la primera ley que sometió a la Federación a una política de apertura informativa, se han sucedido reformas que corrigen desvíos, perfeccionan reglas, profundizan alcances. Reformas que elevan a rango constitucional el derecho de acceso y reformas que le dan alcance nacional a un conjunto de principios para evitar que en la libertad configurativa del legislador subnacional se desfigure ese derecho. Pero a diferencia de otros ámbitos de aplicación normativa, la transparencia se pone a sí misma a prueba y estrés constante. Cada caso plantea dilemas y consecuencias insospechadas. Cuando un ciudadano solicita los correos electrónicos de un servidor público o el detalle de llamadas de su teléfono celular, no sólo pone en juego su pretensión de conocer y tener esa información, sino la resistencia del propio sistema, las palancas y obstáculos que las normas y los precedentes imponen para acceder o no a esa información. En cada caso se definen los alcances de la obligación institucional, del derecho personal y otros valores que entran naturalmente en tensión: la privacidad y la intimidad individuales, los grados de secrecía estratégica que requiere el Estado para hacer efectivas sus potestades, el daño que puede causar que se revele, etcétera. La intensa casuística que caracteriza a ese sistema le impone una notable ductilidad: el derecho de la transparencia no es una estructura vertical de normas cuyos contenidos se deducen entre sí, sino una compleja red de decisiones parciales y definitivas que abren o cierran los flujos de información al espacio público.

El caso de la lista de “morosos fiscales” recientemente publicada por el SAT debe verse con sumo cuidado. Si bien es una obligación que deriva de una ley, deben discutirse con seriedad sus implicaciones. La transparencia no debe colocarse en el altar de los dogmas absolutos. Es un principio y un derecho susceptible de ser derrotado por otros, a partir de razones que así lo sugieran. El caso no abrió una reflexión sensata sobre los extremos a los que puede llegar una visión absolutista de la transparencia: el debate se ha limitado a la respuesta de los implicados y a la estigma colectiva de los señalados. ¿Es exigible el derecho de réplica frente a información que con carácter de pública se retoma como un hecho noticioso? ¿Ante quién se ejerce: ante el medio o ante el ente generador de la información? ¿Cómo se repara el daño causado por información pública errónea, equívoca o incompleta? ¿Proceden las acciones civiles o la responsabilidad objetiva del Estado? ¿La situación fiscal personal está comprendida en la coto vedado de los datos personales? ¿Sólo tiene carácter público el expediente fiscal de las personas que ejercen funciones de relevancia pública o todos? ¿Estamos frente a una suerte de buró de deudores fiscales por la vía de la transparencia? ¿El principio de presunción de inocencia irradia a quienes no han sido oídos y vencidos en juicio fiscal?

El riesgo de que este caso pase de largo no sólo estriba en que sus implicaciones no sean ponderadas, sino también en la posibilidad de que poco a poco se generen anticuerpos a la transparencia. Cuando las fronteras no están claras y los daños son latentes, se fecunda la tentación a la reversión de lo adquirido. La famosa “lista negra” debe abrir un debate, pero no sobre si traicionan a la patria los ahí incluidos. El debate debe partir por escrudiñar si socialmente sirve de algo hacer pública esa información, si mejora la institucionalidad, si evita un abuso o inhibe la corrupción. De lo contrario, la transparencia se convertirá en el alimento de esa cultura amarillista de nuestro tiempo que desaparece toda forma de discernimiento entre la verdad y la mentira, entre lo útil y lo absurdo, entre la crítica y el vituperio.

                *Senador de la República roberto.gil@senado.gob.mx

                Twitter: @rgilzuarth

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