Una obra verdaderamente Mitikah (II de III)

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Ricardo Pascoe Pierce 29/08/2014 00:00
Una obra verdaderamente Mitikah (II de III)

Después de que Seduvi tardó un total de seis días naturales para conocer, estudiar, dictaminar y aprobar el proyecto para construir el edificio más alto de América Latina, no puede sorprender la cascada de incompetencias e incongruencias burocráticas que necesariamente le siguieron. Como tampoco nos puede sorprender que, acto seguido, haya habido una reacción vecinal en contra del edificio y todo lo que representa para la comunidad circunvecina.

La Secretaría de Medio Ambiente emitió una Manifestación de Impacto Ambiental General (MIAG) el 5 de agosto de 2009 que, en términos llanos, podría calificarse de “básico y elemental”. Por supuesto que es aprobatoria de la obra, aunque con señalamientos específicos. Por ejemplo, señala que la obra debiera aprovechar energía solar en calentamiento, sin decir en qué términos, montos o capacidades. También señala que debiera haber un sistema de captación de agua pluvial, sin indicar qué porcentaje de consumo de agua debiera sustituirse por esta vía, al igual con la recomendación de la instalación de dispositivos ahorradores. Autoriza el derribo y/o trasplante de 124 árboles, sin un planteamiento acerca de la creación de áreas verdes en la obra. Para el permiso de uso de equipo y materiales, no se especifican cantidades o características, ni en cuanto a concreto ni en lo concerniente a los camiones que serán empleados en la obra. Y, por supuesto, no existe el menor estudio ni aporte técnico sobre las características del subsuelo de la zona, su composición y condición para dar sustentabilidad a un proyecto de tal envergadura. Propone un biciestacionamiento, sin especificar ni superficies, localización ni cantidades. Y, sin duda lo más preocupante, se emite la aprobación para la etapa 1 del proyecto y se autoriza, ilegalmente, la emisión de “Informes Preventivos” para las siguientes seis etapas. Es decir, se toma la Manifestación de la primera etapa como suficiente para cubrir el resto de la obra, cuando cada etapa, por ley, debiera tener su propia MIAG.

El ciudadano Oswaldo Mendoza en lo individual, y en representación de la comunidad de Xoco, interpuso una demanda de nulidad en contra de la resolución administrativa de la Secretaría de Medio Ambiente, aprobatoria al proyecto, en la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, dentro del juicio de nulidad I-68603/12. La misma sala dictó sentencia el 21 de mayo de 2014, dentro del mismo juicio, que determinó la nulidad de la Manifestación de Impacto Ambiental  emitida por la Secretaría de Medio Ambiente en 2009. La razón de la nulidad, hay que decirlo, es de forma, no de fondo: la MIA fue elaborada por una empresa privada, SIGEA, uno de cuyos socio-fundadores es Alejandro Nyssen Ocaranza, a la postre el director general de Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, mismo que dio el aval al proyecto del Grupo HSBC–México para llevar a cabo el proyecto. Es decir, Nyssen actuó como juez y parte, a la vez. 

Sin embargo, a pesar de la resolución judicial, el trabajo en la obra continúa debido a que la resolución “no ha podido ser entregada” a la parte indicada, por razones desconocidas. Unos dicen que es porque el TCADF no tiene la dirección correcta de las oficinas centrales de HSBC, mientras otros alegan que en dicha dirección afirman no conocer a las personas señaladas en el juicio, mientras otros tantos concluyen que, en esa dirección, nunca ha habido una oficina de HSBC. El mismo Consejero Jurídico del GDF afirmó, en comentario periodístico, que no se había entregado por carecer de una dirección correcta la demanda de nulidad, en efecto justificando la continuación de la obra a pesar de la resolución judicial demandando su cese.

El 1 de agosto de 2014 el gobierno de la Ciudad de México produjo un documento confidencial en el cual se señala como “Foco Rojo” el proyecto Mitikah, dándole prioridad “urgente”. En su parte medular, el documento dice: “Las condicionantes establecidas en la resolución administrativa número SMA/DGRA/DEIA/0053761/2009, se considera que las mismas carecen de la debida fundamentación y motivación, adoleciendo de un refuerzo descriptivo sustancial. Por lo anterior, desde una perspectiva jurídica y ajustada a derecho, esta DGRA considera que las condicionantes establecidas fueron laxas y permisivas al no establecer superficies y características concretas para el manejo del arbolado, creación de áreas verdes, ahorro energético y de agua, así como el establecimiento de biciestacionamientos, entre otros. Actualmente… se encuentra en análisis de la Dirección Ejecutiva Jurídica la interposición o no del recurso de apelación en contra de la sentencia mencionada”.

Sin embargo, la obra continúa.

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